La credibilidad de la PGR se consume: la cadena de pifias y la desprolija actuación contra Ricardo Anaya la tienen ardiendo. Algunos, con todo, minimizan que el PRI use facciosamente a una institución que está a punto de la asfixia, alegando que ni es lo peor y que no es la primera vez. Tienen razón. Pero eso no significa que debamos dejar pasar el asunto.
Prueba de lo enredada que está la cosa es el conjunto de declaraciones de José Antonio Meade, diciendo que un candidato es un lavador de dinero (refiriéndose a Anaya) y otro un fantasma fiscal (refiriéndose a López Obrador).
¡Qué cosas! Hay que ser bastante cara dura para venir del gobierno más corrupto e ineficaz contra los crímenes financieros, para hablar de esos asuntos. ¿Nadie le advierte a Meade que cada vez que su equipo habla de plagio, por ejemplo, uno no puede dejar de pensar en Peña Nieto?
El gobierno de Peña es campeón en omisión en impedir operaciones millonarias del crimen organizado. Ha hecho realmente poco, por no decir nada por desmontar redes que operan con toda impunidad empresas fantasma. La recuperación de activos o la implementación de estrategias para evitar la fuga ilegal de capitales brillan por su asuencia. Y eso no es cosa menor, porque José Antonio Meade precisamente viene del sector financiero.El caso contra Anaya se monta en balbuceos sobre su responsabilidad financiera. A saber qué hizo y que no. Lo que es una barbaridad, es que la PGR que es una incapaz confesa en investigar, acusar y ganar casos por redes financieras ilegales, ahora se ponga picuda en eso.
Por eso debe importarnos lo que están haciendo con esta institución. Porque recuperar la confianza puede convertirse en tarea imposible al paso que vamos, y a la luz de los siguientes puntos:
1.- La PGR tiene un problema estructural de confianza
No necesitaban embarrarlo todo con el caso Anaya para comprometer la credibilidad de la institución, pero sí es muy peligroso lo que resultará de esto. El Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2015) encontró que cuando se trata de investigar delitos, la gente no confía en las autoridades ni para el primer paso: la denuncia. El informe sostiene que 61% de los mexicanos que fueron víctimas de un delito o que viven con una víctima del delito no denunciaron; sólo el 39% sí lo hizo. 63% de los mexicanos no denunció porque “no sirve de nada”; 52%, “por falta de confianza en las autoridades”; y 40%, “por malas experiencias con las autoridades en el pasado.
2.- Los problemas de la PGR no son de coyuntura, sino de estructura
La reconocida académica Ana Laura Magaloni ha dicho que “el sistema de persecución criminal mexicano se diseñó para funcionar en un contexto político autoritario”. Por lo que tenemos “una procuración de justicia obsoleta, ineficiente e impotente para alcanzar resultados medianamente satisfactorios para la ciudadanía”.
3.- Duro contra al adversario, débiles contra el perpetrador
De repente la PGR revela datos e información de contendientes electorales. Lo hicieron contra Andrés Manuel en uno de los episodios más grotescos de la política nacional. También contra Josefina Vázquez Mota en el Estado de México. Pero cuando la PGR tiene que investigar delitos y crímenes que involucran servidores públicos es aún más torpe. Marco Fandiño y Vanessa Doren, señalan en Consideraciones sobre la capacidad de persecución penal de la Procuraduría General de la República que: “la PGR, bajo su ubicación institucional actual, no tiene la capacidad de resguardar a la ciudadanía en aquellas violaciones de derechos en las que existe algún grado de responsabilidad de funcionarios públicos.”
Así que da igual si usted tiene simpatía o no por Ricardo Anaya –yo, por ejemplo, no le tengo-. Lo que es un hecho, es que de todo este proceso, lo que quedará una vez más de nuestras instituciones será, acaso, un poco de ceniza.
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