El Presidente cruzó una línea que no debió haber cruzado. Introdujo en la conversación pública el tema de la anulación de las elecciones. Lo introdujo en razón de las “infracciones” cometidas por él mismo.
A menos de dos meses y medio de la elección suman más de 30 las infracciones declaradas procedentes por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. La mayoría de ellas por expresiones emitidas en sus conferencias matutinas. Algunas otras por uso indebido de recursos. Creo que no hay mejor prueba que ésta de que el Presidente infringe la legalidad, que lo hace a sabiendas y que lo seguirá haciendo impunemente. Como en muchos otros temas, transgrede los principios constitucionales. En este caso los de imparcialidad y neutralidad.
Quizá sabe que a pesar de contar con cientos de artículos, la ley electoral no prevé sanciones medianamente efectivas -a lo más que se llega es a una medida cautelar- en contra de los funcionarios públicos, mucho menos cuando no se tiene un superior jerárquico como es el caso del Presidente de la República.
Esto permite que López Obrador se burle de las autoridades electorales cuyos integrantes mantienen que el INE no censura sino que se limita a recordar lo que señala la Constitución en cuanto a preservar la equidad de las contiendas. Las medidas cautelares -aparentemente la máxima sanción- simplemente no tienen ningún efecto. Ni siquiera, el de inhibir conductas prohibidas por ley. Al Presidente no le hace ni cosquillas que se le ordene el retiro de extractos de las conferencias de prensa de Palacio Nacional, que baje un tuiter o se le conmine a abstenerse de pronunciarse sobre los procesos electorales. Por lo que podemos ver, lo seguirá haciendo y, además, lo quiere capitalizar.
Lo ha capitalizado arguyendo que no es justo que lo manden callar mientras los conservadores le hacen la guerra sucia a él y a su movimiento de transformación; que tiene derecho a la libertad de expresión como cualquier ciudadano. No lo es. Es el Presidente y su primera obligación es comportarse de acuerdo a lo que ordena la Constitución y la Constitución lo obliga a callar.
Le da igual. Desoye a las autoridades y sigue diciendo que se vote por su movimiento. Lo dijo claramente el año pasado cuando le fue bloqueado el Plan B de su reforma electoral: “Hay un Plan C. Que no piensen que ya se terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores”.
Pero ahora prepara un escenario más peligroso que el Plan C. Abona el terreno para que en caso de una derrota ya esté en el imaginario público la posibilidad de anular la elección. Desde decir que el INE siempre ha hecho o avalado el fraude hasta que sus adversarios, seguros de su derrota, planean regresar al poder a toda costa.
Lo dijo con todas sus letras y pienso que no ha recibido la atención que merece. El pasado 12 de marzo afirmó: “están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van”.
Acto seguido le siembran la pregunta para que pueda explayarse: ¿Apuntan a anular la elección, Presidente?
Y contesta, “pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí ... Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial?”
En la mayoría de las democracias consolidadas -aunque hay sorprendentes excepciones como Estados Unidos donde Trump quiso revertir el resultado en 2020 y ahora avizora un baño de sangre si no gana la elección 2024 o en Brasil donde Bolsonaro sigue sin resignarse- las elecciones suelen ser muy cerradas y los resultados no se judicializan.
Las elecciones mexicanas pueden cerrarse. Aún no transcurre ni un tercio del tiempo de campañas y, aunque está claro que hace tiempo que hay una cancha muy dispareja para la Oposición, ésta puede repuntar.
No veo ningún plan de anulación ex ante por parte de la Oposición. Quizá debería haberlo porque ¡vaya que el oficialismo ha violado de todas las maneras posibles la Constitución y la normatividad electoral! Habría que preguntarle a ese oficialismo si no son ellos los que quisieran anularla en caso de una derrota.
Pero vayamos por parte. La moneda está en el aire y el resultado electoral es incierto.
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amparocasar@gmail.com
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