En cuentas públicas son más los reprobados
A malos manejos, impunidades aseguradas

A Sinaloa se le vuelve a reprobar en cuestión de manejo responsable y transparente de recursos públicos, tomando en cuenta que los dictámenes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado rechazan las cuentas públicas de 12 de los 18 ayuntamientos y de 13 de un total de 23 entes estatales, municipales y organismos autónomos. La revisión que corresponde al ejercicio fiscal de 2021, más para la anécdota que para la acción sancionadora o resarcitoria, podría terminar igual que en el pasado, en el archivo muerto, en vez de castigar a los funcionarios omisos.

La práctica fiscalizadora legislativa cada vez se adapta más al guión de disimulo que les viene como anillo al dedo, término ad hoc de la Cuarta Transformación, a servidores públicos que se saltaron esa parte de la historia donde la transparencia, los sistemas anticorrupción y los órganos de auditoría fueron fortalecidos para que cada peso que gaste el gobierno sea sustentado con la generación del mayor beneficio social.

Hoy, como botón de muestra, la mayoría de los que gobernaron municipios o dirigieron paraestatales y paramunicipales no desempeñan esos cargos y llevan meses yendo por la vida sin responder por las irregularidades que hoy les encuentra la Comisión de Fiscalización y que seguramente serán ratificadas en el mismo sentido reprobatorio por el Pleno de la 64 Legislatura. Se trata de la engañifa cíclica del “hoy te acuso, mañana te exonero”.

Sin embargo, al margen del propósito revisor que expone errores, negligencias y sobre todo la noción burócrata de que el marco jurídico es tan elástico como firmes son los salvoconductos legales disponibles, ninguno de los ex, ni aquellos que han tenido que dejar los cargos por enfrentar denuncias penales, se hallan temblando en estos momentos por el hecho de que sus cuentas públicas no pasen el filtro interventor de la Comisión de Fiscalización.

El 10 de enero la Comisión de Fiscalización les dio luz verde a las cuentas públicas de los municipios de Sinaloa, Angostura, Badiraguato y Salvador Alvarado y les puso en rojo el semáforo revisor a Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Mocorito; el día siguiente aprobó las de Elota y San Ignacio y rechazó las de Navolato, Culiacán, Cosalá, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. La lupa no miente: dos terceras partes de los gobiernos municipales siguen sin observar las reglas del manejo correcto de los presupuestos.

Y en la misma tanda de tres días el 12 de enero fueron objetados los informes contables y administrativos del Centro de Ciencias, Hospital Civil de Culiacán, Instituto de Capacitación para el Trabajo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Servicios de Salud, Fiscalía General, Instituto Electoral y las juntas de agua potable y alcantarillado de Ahome, El Fuerte, Escuinapa, Guasave y Mazatlán.

Las entidades que sí pasaron la inspección parlamentaria son el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Pedagógica, Universidad Tecnológica de Escuinapa, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, Tribunal Electoral y los fideicomisos Bis de la Autopista Benito Juárez y del Fondo de Fomento Agropecuario.

¿Qué está pasando con la obligación de cuentas claras, credibilidad garantizada? En caso de que ayer hubiera empezado el aparato y régimen legal para darles a conocer a los sinaloenses en qué se gasta su dinero, pues valieran las justificantes de la improvisación o periodos de adaptación. Pero desde 2008 se aprobó la Ley que crea la Auditoría Superior del Estado, en 2016 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, un año después la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y el funcionamiento de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El tinglado jurídico y techo institucional existen, aunque el rezago está en la débil voluntad política para apegarse a los principios de máxima publicidad que establecen que la información en posesión de sujetos obligados a la transparencia estará disponible de manera completa, oportuna y accesible para cualquier ciudadano que la solicite. En resumen, en rendición de cuentas ya no hay excusas para que en cada revisión anual los presidentes municipales y directivos de entes paraestatales y paramunicipales salgan con sus informes sucios, como si fuesen recién extraídos de los albañales de la corrupción.

Para lo que sí hay motivos de sobra es para que se establezcan sanciones ejemplares a quienes rinden cuentas mochas y, estén o no en el desempeño de los cargos, paguen por los recursos públicos mal manejados o alevosamente despojados a los sinaloenses. ¿Por qué no empezar ahora, diputadas y diputados, con el escarmiento de peso robado, peso pagado?

Hay una regla que va primero,

Como verdad de Perogrullo:

Que nadie derroche el dinero,

Sabiendo que no es el suyo.

Tantos años y exagerado “colmillo” acumula Jesús Estrada Ferreiro en la abogacía y la política como para pasar por alto la conseja popular de “no hay que jalarle la cola al tigre porque se enoja, ni la cola al burro porque rebuzna” y allí anda escenificando el stand up de la tontería para que los culiacanenses lo vean como víctima y no como victimario. Acude a la altisonancia apostándole más el juicio mediático que al que se desarrolla en su contra en los tribunales judiciales. Sin duda, genio y figura hasta la sepultura.

A Sinaloa se le vuelve a reprobar en cuestión de manejo responsable y transparente de recursos públicos, tomando en cuenta que los dictámenes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado rechazan las cuentas públicas de 12 de los 18 ayuntamientos y de 13 de un total de 23 entes estatales, municipales y organismos autónomos. La revisión que corresponde al ejercicio fiscal de 2021, más para la anécdota que para la acción sancionadora o resarcitoria, podría terminar igual que en el pasado, en el archivo muerto, en vez de castigar a los funcionarios omisos.

La práctica fiscalizadora legislativa cada vez se adapta más al guión de disimulo que les viene como anillo al dedo, término ad hoc de la Cuarta Transformación, a servidores públicos que se saltaron esa parte de la historia donde la transparencia, los sistemas anticorrupción y los órganos de auditoría fueron fortalecidos para que cada peso que gaste el gobierno sea sustentado con la generación del mayor beneficio social.

Hoy, como botón de muestra, la mayoría de los que gobernaron municipios o dirigieron paraestatales y paramunicipales no desempeñan esos cargos y llevan meses yendo por la vida sin responder por las irregularidades que hoy les encuentra la Comisión de Fiscalización y que seguramente serán ratificadas en el mismo sentido reprobatorio por el Pleno de la 64 Legislatura. Se trata de la engañifa cíclica del “hoy te acuso, mañana te exonero”.

Sin embargo, al margen del propósito revisor que expone errores, negligencias y sobre todo la noción burócrata de que el marco jurídico es tan elástico como firmes son los salvoconductos legales disponibles, ninguno de los ex, ni aquellos que han tenido que dejar los cargos por enfrentar denuncias penales, se hallan temblando en estos momentos por el hecho de que sus cuentas públicas no pasen el filtro interventor de la Comisión de Fiscalización.

El 10 de enero la Comisión de Fiscalización les dio luz verde a las cuentas públicas de los municipios de Sinaloa, Angostura, Badiraguato y Salvador Alvarado y les puso en rojo el semáforo revisor a Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Mocorito; el día siguiente aprobó las de Elota y San Ignacio y rechazó las de Navolato, Culiacán, Cosalá, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. La lupa no miente: dos terceras partes de los gobiernos municipales siguen sin observar las reglas del manejo correcto de los presupuestos.

Y en la misma tanda de tres días el 12 de enero fueron objetados los informes contables y administrativos del Centro de Ciencias, Hospital Civil de Culiacán, Instituto de Capacitación para el Trabajo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Servicios de Salud, Fiscalía General, Instituto Electoral y las juntas de agua potable y alcantarillado de Ahome, El Fuerte, Escuinapa, Guasave y Mazatlán.

Las entidades que sí pasaron la inspección parlamentaria son el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Pedagógica, Universidad Tecnológica de Escuinapa, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, Tribunal Electoral y los fideicomisos Bis de la Autopista Benito Juárez y del Fondo de Fomento Agropecuario.

¿Qué está pasando con la obligación de cuentas claras, credibilidad garantizada? En caso de que ayer hubiera empezado el aparato y régimen legal para darles a conocer a los sinaloenses en qué se gasta su dinero, pues valieran las justificantes de la improvisación o periodos de adaptación. Pero desde 2008 se aprobó la Ley que crea la Auditoría Superior del Estado, en 2016 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, un año después la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y el funcionamiento de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El tinglado jurídico y techo institucional existen, aunque el rezago está en la débil voluntad política para apegarse a los principios de máxima publicidad que establecen que la información en posesión de sujetos obligados a la transparencia estará disponible de manera completa, oportuna y accesible para cualquier ciudadano que la solicite. En resumen, en rendición de cuentas ya no hay excusas para que en cada revisión anual los presidentes municipales y directivos de entes paraestatales y paramunicipales salgan con sus informes sucios, como si fuesen recién extraídos de los albañales de la corrupción.

Para lo que sí hay motivos de sobra es para que se establezcan sanciones ejemplares a quienes rinden cuentas mochas y, estén o no en el desempeño de los cargos, paguen por los recursos públicos mal manejados o alevosamente despojados a los sinaloenses. ¿Por qué no empezar ahora, diputadas y diputados, con el escarmiento de peso robado, peso pagado?

Hay una regla que va primero,

Como verdad de Perogrullo:

Que nadie derroche el dinero,

Sabiendo que no es el suyo.

Tantos años y exagerado “colmillo” acumula Jesús Estrada Ferreiro en la abogacía y la política como para pasar por alto la conseja popular de “no hay que jalarle la cola al tigre porque se enoja, ni la cola al burro porque rebuzna” y allí anda escenificando el stand up de la tontería para que los culiacanenses lo vean como víctima y no como victimario. Acude a la altisonancia apostándole más el juicio mediático que al que se desarrolla en su contra en los tribunales judiciales. Sin duda, genio y figura hasta la sepultura.