En México matan a periodistas, cada vez más, con armas de fuego y a nadie le importa

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
12/08/2023
    @CMDPDH / Animal Politico / @Pajaropolitico
    En la mayoría de los casos, la violencia contra periodistas se ejecuta con total impunidad. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que crea un ambiente de temor y desconfianza hacia las autoridades y la capacidad del Estado para garantizar la protección de los periodistas generando una atmósfera propicia para la repetición de ataques, ya que los responsables han comprobado que pueden actuar sin consecuencias.

    La violencia ejercida contra periodistas en México es una preocupante y grave realidad que ha ido en aumento en los últimos tres sexenios de gobierno. Los reporteros, comunicadores, presentadores de noticias y fotoperiodistas se enfrentan constantemente a intimidaciones, amenazas, hostigamientos, acoso, agresiones físicas, desplazamientos forzados, privaciones de la libertad y asesinatos debido a su labor informativa.

    Esta situación ha convertido a nuestro país en el más peligroso del Continente Americano, y uno de los más letales para las personas que ejercen el periodismo en todo el mundo, incluso si lo comparamos con cifras similares a las de países en guerra.

    Artículo 19 estima que cada 13 horas se produce una agresión contra periodistas en México. Esta estadística es importante porque nos ayuda a entender el alcance de la violencia y a comprender el contexto.

    Desde el año 2000 a la fecha, esta organización ha documentado los asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor profesional. Hasta ahora se tiene registro de 161 casos: 149 hombres y 12 mujeres. De los cuales, 41 se han registrado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, 47 en el mandato de Enrique Peña Nieto y 48 con Felipe Calderón Hinojosa.

    El caso más reciente es el de Nelson Matus Peña, director del medio Lo Real de Guerrero, quien fue asesinado el pasado 15 de julio en Acapulco, Guerrero. Con él suman cinco periodistas asesinados en México en lo que va del 2023. Esto demuestra que estamos ante una verdadera crisis de seguridad agravada por la violencia armada que se ha normalizado cuando nos referimos al campo de periodismo, y ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Ninguna.

    Es verdad que los homicidios dolosos afectan a todo México. De acuerdo a la estadística de mortalidad que publica año con año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recientemente se informó que de enero a diciembre de 2022 se registraron 32,223 homicidios; 25 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. No obstante, uno de los gremios que se ha visto más afectado es el periodístico.

    El tráfico ilícito de armas juega un papel fundamental en esta dinámica. La extensa frontera que México comparte con Estados Unidos es uno de los territorios más activos en temas de comercio ilegal, debido a que un alto porcentaje de las drogas que se distribuyen en la Unión Americana pasan por la frontera con México y con ellas viene el lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas.

    En palabras de la investigadora Magda Coss Nogueda, esta intensa relación de comercio ilícito también tiene su contraparte en la legalidad: Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Por ello, en este intercambio de mercancías, una parte importante de este comercio tiene que ver con las transferencias legales e ilegales de armas de fuego debido a que Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas en América.

    El flujo descontrolado de armas ha generado que grupos criminales, cárteles y las autoridades con las que están coludidos puedan abastecerse de armamento para utilizarlos en enfrentamientos armados cada vez más violentos. Y son justamente las y los periodistas que investigan temas relacionados con seguridad, justicia, narcotráfico, corrupción, violaciones graves a derechos humanos y actividades perpetradas por grupos del crimen organizado quienes enfrentan graves riesgos y se vuelven más vulnerables.

    Nadie sabe el número exacto de cuántas armas de fuego obtenidas legalmente hay ni cuántas personas han sido afectadas directa o indirectamente a causa de la violencia armada y las investigaciones apuntan a que las armas ilegales podrían ser incontables porque solo se detectan cuando se efectúan acciones legales sobre su trasiego, posesión, acopio o portación, en flagrancia, o cuando son usadas en algún enfrentamiento o alguna ejecución.1

    Pero, ¿cuál es la razón para quitarle la vida a un periodista? La politóloga y periodista Alejandra Ibarra Chaoul, en su libro “Causa de muerte: Cuestionar al poder”, señala que en México matan a periodistas cuando toman postura frente a un hecho, cuestionan al poder de su localidad y su narrativa es dominante en un momento en que el poder (político o criminal) está atravesando por un periodo de inestabilidad.

    En el informe “Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico legal e ilegal de armas a México” publicado en agosto de 2018 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Alto a las armas / Stop US Arms to Mexico, se demostró que las armas que de manera ilegal se importan a México desde Estados Unidos han sido empleadas para cometer violaciones de derechos humanos en nuestro país. Un ejemplo de ello son los homicidios contra periodistas.

    De acuerdo con la ex fiscal federal para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla, “casi todos los periodistas en México son asesinados con armas extranjeras”.

    En la mayoría de los casos, la violencia contra periodistas se ejecuta con total impunidad. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que crea un ambiente de temor y desconfianza hacia las autoridades y la capacidad del Estado para garantizar la protección de los periodistas generando una atmósfera propicia para la repetición de ataques, ya que los responsables han comprobado que pueden actuar sin consecuencias.

    Mientras se sigan perpetrando asesinatos de periodistas, no habrá manera de garantizar la libertad de expresión en México. Cada asesinato de una o un colega es un duro golpe a nuestra democracia porque afecta directamente a la libertad de prensa y limita el acceso de las y los mexicanos a recibir información necesaria para la toma de decisiones.

    En cualquier otro país del mundo, cada muerte de una o un periodista sería un escándalo mayúsculo. Pero esto es México y aquí no pasa nada.

    *Marisol Jiménez (@marisol_jmz) es Comunicóloga por la UNAM y Maestrante en Estudios México-Estados Unidos. Actualmente es consultora de comunicación en la @CMDPDH.

    1 Coss Nogueda, M. (2011). Tráfico de Armas en México: Corrupción, Armamentismo y Cultura de la Violencia. Random House Español.

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