Frente a la documentación de nuevos casos que muestran el empleo abusivo y sin controles del software Pegasus, lo esencial es señalar que toda la evidencia apunta hacia el Ejército mexicano.
Un extenso reportaje publicado en The New York Times la semana pasada reveló que esta intrusiva herramienta digital fue usada incluso en contra del subsecretario de Derechos Humanos del actual gobierno, y su equipo.
La investigación, que se suma a los profundos trabajos realizados por Animal Político, Proceso, Aristegui Noticias y otros espacios, pone de relieve cómo el Ejército está abusando de esta herramienta, aprovechándose de su nuevo protagonismo público y de la ausencia de mecanismos robustos de vigilancia sobre su actuación.
Al ser cuestionado sobre esta nueva revelación en una de sus conferencias de prensa matutinas, el presidente de la república dio a entender que estaba al tanto del tema y que le dijo al subsecretario que no le diera importancia, para después llevar el asunto hacia su persona y hacia otras cuestiones, con afán distractor, como lamentablemente es ya costumbre en el presente sexenio.
Pero el tema se ha mantenido en la agenda pública y diversas han sido las reacciones frente a esta nueva revelación. Algunas voces han cargado contra el propio subsecretario de Derechos Humanos, sin considerar que el hecho de que haya sido espiado confirma que su labor en efecto es relevante en tiempos como los presentes. Otras perspectivas se han centrado en la respuesta presidencial cuando, por decepcionante que sea, es parte de un gastado modelo comunicacional que, es de esperar, podría concluir cuando acabe el sexenio. Finalmente, otros actores han pretendido distorsionar la realidad con el claro objetivo de deslindar al actual gobierno del uso de Pegasus. Es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), que anunció acciones legales por la contratación ilegal de este software durante el anterior sexenio, sin avanzar la investigación sobre el extensivo empleo de esta herramienta en la actual administración, y es también penoso el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que mostrando una vez más su interminable capacidad para degradarse, emitió un comunicado de prensa tendencioso y falaz para diluir la responsabilidad gubernamental sobre el empleo de Pegasus en el presente.
Pero todas estas voces y perspectivas no deberían distraer la atención de lo esencial: la evidencia hasta ahora reunida apunta a que es el Ejército, por medio del opaco Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.), la institución que se encuentra detrás del uso abusivo de Pegasus en el presente.
Vale la pena recordar que, gracias a la investigación encabezada por la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales con el apoyo de Artículo 19 y Social Tic, se encontró un documento militar en el que se reproduce el contenido de varias llamadas telefónicas de un defensor de derechos humanos, contenido al que sólo se habría podido acceder vulnerando su teléfono; dispositivo que, para mayor evidencia, se acreditó fue infectado con Pegasus. A esto se suman las infecciones en contra de otras personas que, como ocurre en el caso del director y la coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, han trabajado por años señalando los riesgos de la militarización y acompañando a víctimas y sobrevivientes de abusos militares.
Es el Ejército. Esa es la realidad que hay que subrayar para exigir rendición de cuentas y, sobre todo, para alertar a quien gobierne en 2024: la entrega sin controles de tanto poder a las Fuerzas Armadas está engendrando peligros inéditos. Porque el Ejército y la Marina, teniendo entre sus filas a miles de mexicanos y mexicanas honestas, albergan también a grupos de poder que no han dudado en aprovechar para beneficio propio los amplios márgenes de acción que se les abrieron en este sexenio, lo mismo para espiar con Pegasus, que para beneficiar empresas con asignaciones directas, para realizar viajes suntuosos o para encubrir las violaciones a derechos humanos del pasado que aún esperan justicia.
Es poco lo que se puede esperar ya de la actual administración en este rubro. Como lo han señalado las dignas familias de Ayotzinapa, todo indica que en la disyuntiva que sitúa de un lado a las víctimas, la verdad y la justicia, y del otro al poder militar con el que hoy se cogobierna, en este sexenio se optó por lo segundo desde el más alto nivel. Pero el empoderamiento inédito de las Fuerzas Armadas en el presente sexenio trascenderá el fin de la administración y requerirá repensar y reconstruir controles civiles externos sobre el sector castrense. Que el Ejército se haya atrevido a espiar al funcionario de mayor nivel en la agenda de derechos humanos confirma esta realidad. Por eso importa seguir señalando, sobre Pegasus, que es el Ejército.
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