@jgarciachavez
SinEmbargo.MX
Hace ocho años, un 23 de septiembre de 2014, Unión Ciudadana denunció al entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. La denuncia penal se interpuso por cargos de enriquecimiento ilícito, abuso de atribuciones y facultades, y peculado. Se engordó un expediente que rebasa las 100 mil hojas, cuando en realidad la sustancia estaba contenida en lo que cabe en un fólder ordinario.
César Duarte, en sociedad con su esposa, constituyó un fideicomiso ante Banorte por la cantidad de 65 millones de pesos, con instrucciones precisas de invertir esa suma en la compra de acciones de un banco autorizado y en proceso de creación, que habría quedado bajo su control particular, de no interponerse el movimiento cívico que lo encaró.
Duarte reconoció el fideicomiso, su objeto, pero jamás pudo acreditar la procedencia legítima de ese recurso. Como dicen los abogados, tal cosa consta en autos. Pero no ha tenido la más mínima trascendencia.
El caso Duarte no es un asunto regional ni doméstico del estado de Chihuahua. Es emblemático del alto grado de descomposición a que llegó el País durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que sus gobernadores estelares llegaron a diversas partes del País portando varias patentes de corzo y pretendiendo no tener ninguna de las dificultades de los piratas, porque se sentían cubiertos por el manto de la impunidad presidencial.
Los ciudadanos nos rebelamos a eso, con lo que quiero decir que no fueron las instituciones públicas, ni las fiscalías, ni las auditorías, ni los congresos los que tomaron al toro por los cuernos. Fuimos colectivos desinteresados los que levantamos la voz, hicimos política en la mejor expresión de la misma, obtuvimos triunfos, pero ninguna tiene que ver con que la causa, cuyo expediente identifico en el título de este artículo, haya llegado al puerto que la Ley dispone.
El caso no se ha puesto en manos de un Juez a consecuencia del ejercicio de la acción penal, y una sentencia parece ser impensable. Estamos en la kafkiana circunstancia de que no hay respuesta de ni de “sí” ni se “no”, sino en el limbo que busca que se desista de los empeños de adecentar la administración pública, y que la erosión burocrática haga su trabajo y todo quede en el olvido.
El caso Duarte pasó sucesivamente de la Procuraduría General de la República que encabezaron Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Elías Beltrán, y luego, ya en la Cuatroté y con Fiscalía “autónoma”, Alejandro Gertz Manero. Por el conocimiento que tengo de esta causa, puedo decir que los cuatro son iguales, que nada los distingue y que su importante función pública obedece a otro tipo de razones, quizás de Estado, para obstaculizar la existencia de un genuino imperio de la Ley.
Sin el impulso ciudadano, César Duarte no estaría hoy en el cómodo cautiverio que le brinda el Gobierno de María Eugenia Campos Galván, su cómplice y beneficiaria, como parte de una clase política que se autoprotege y acostumbra saldar compromisos y favores.
Empero, podemos decir que el expediente abierto ahí está, aunque sólo sea para que en el futuro forme parte de la historia de la infamia.
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