Huir para sobrevivir: los retos en la búsqueda de protección

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales de 2022 hubo 108,4 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violencia y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, México no sólo es un país de tránsito y destino de flujos migratorios transfronterizos, sino que también es lugar de diversos episodios de desplazamiento interno forzado a lo largo de la República. Si bien en el primer caso las personas salen de su país y en el segundo se trasladan dentro del mismo, estas poblaciones tienen en común la necesidad de huir para sobrevivir, desplazándose en búsqueda de seguridad.

Buscando atender esta problemática, en la CMDPDH acompañamos a personas migrantes que buscan solicitar asilo en México y a personas desplazadas internas en los procesos legales, burocráticos y de incidencia necesarios para la defensa de sus derechos humanos y para obtener la protección del Estado mexicano.

Si bien en el marco legal mexicano existen distintos procedimientos legales que en teoría permiten a las personas solicitantes de asilo y desplazadas internas buscar la protección y atención estatal, en nuestro trabajo hemos identificado retos importantes que suelen ser invisibles cuando pensamos en el desarrollo de estos trámites. Sin embargo, es indispensable resolverlos para que las personas puedan vivir en México de manera segura y en pleno goce de sus derechos humanos.

En los frecuentes encuentros que las personas en situación de movilidad tienen con funcionarios públicos que deberían brindarles atención, es muy común que emerjan requerimientos excesivos e incompatibles con la situación por la que atraviesan las personas, además de tratos desagradables, tiempos muertos y dilaciones injustificadas en la procuración de servicios, entre otros mecanismos que muchas veces logran desincentivar a las personas en situación de movilidad que se acercan a recibir atención del Estado.

Un ejemplo de ello es el procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado, llevado a cabo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Si bien es un trámite gratuito, hay necesidades diversas durante el procedimiento que significan un costo por cubrir para las personas con necesidades de protección internacional.

En ocasiones, dada la necesidad de reubicarse en una ciudad con más oportunidades laborales o donde cuenten con una red de apoyo, las personas solicitantes de asilo requieren continuar su procedimiento ante la COMAR en otra entidad federativa. Sin embargo, los costos de este traslado deben ser cubiertos por ellas, y esto generalmente significa un gasto importante, difícil de pagar. Asimismo, hay personas solicitantes que si bien en un inicio el procedimiento de asilo era la estrategia legal adecuada, posteriormente tienen la oportunidad de acceder a un trámite de regularización migratoria, como lo es la residencia temporal, la residencia permanente o la renovación de un documento migratorio, cuyos costos pueden variar desde alrededor de $2,000 hasta casi $12,000 pesos.

Algo similar ocurre con las personas desplazadas internas, cuyas necesidades concretas también muchas veces son incompatibles con los requerimientos del Estado y las exigencias que las instituciones imponen para iniciar procesos de procuración de justicia.

A continuación mencionamos tres ejemplos de los retos a los que se enfrentan:

1. Los relacionados con sus proyectos de vida, pues a pesar de que las personas tienen derecho a elegir libremente su lugar de residencia, muchas veces después de un desplazamiento se generan incentivos para que las familias se mantengan en el lugar donde iniciaron sus casos, pues trasladarse implicaría perder los avances que han realizado en sus procesos de atención y procuración de justicia dada la poca flexibilidad y la falta de coordinación entre dependencias gubernamentales. Para reconstruir sus proyectos de vida por cuenta propia, y tras enfrentarse a dilaciones constantes por parte de las instituciones, las familias muchas veces se ven obligadas a alejarse de sus procesos de obtención de justicia para encontrar un nuevo lugar de residencia en lugares donde tienen vínculos familiares o donde los mercados laborales pueden incorporarlos más fácilmente al empleo.

2. Los gastos asociados a que el Estado reconozca los derechos básicos de las personas. Tras un desplazamiento los gastos emergentes son considerables pues las personas dejan atrás todas sus pertenencias y patrimonio, además de que suelen perder sus fuentes principales de ingresos. Acceder a los derechos garantizados por el Estado tras un desplazamiento implica costes: por ejemplo, reinscribir a los niños a la escuela en otro plantel educativo y volver a tramitar documentos de propiedad o identidad.

3. Las dificultades que aparecen cuando las personas deciden emprender procesos de incidencia política y vinculación con autoridades: ahí emerge el impedimento de la centralización que caracteriza a la vida pública nacional. Tácitamente, se pide a las víctimas que costeen por sus propios medios los gastos asociados a los traslados y a todo el andamiaje que requiere encontrarse con medios, académicos, organismos de derechos humanos y otros actores que aunque ciertamente tienen una gran capacidad de colaborar con las víctimas para potenciar la comprensión y difusión del fenómeno en la esfera pública, su vinculación implica una merma de energías y capacidades que no todas las víctimas pueden sostener. Aun cuando trasladarse a la Ciudad de México no sea un elemento indispensable en algunos casos, sí implica ventajas considerables: hemos visto que muchos de los colectivos de víctimas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca lograron avances considerables en la escucha a sus demandas tras realizar plantones en el Zócalo capitalino.

Aunque el acompañamiento de la CMDPDH es gratuito, la falta de fondos para cubrir este tipo de gastos adicionales en los procedimientos de las personas en movilidad en ocasiones impiden asegurar que las víctimas pongan en práctica derechos adquiridos, o inclusive que puedan acudir a reuniones o audiencias para participar activamente en los procesos de sus casos.

Al identificar esta necesidad, hemos diseñado el Fondo por los Derechos de Personas Desplazadas Internas y Solicitantes de Asilo en México. Este fondo está dirigido a sortear los desafíos que las personas enfrentan en sus luchas por acceso a la justicia, a la reparación y a permanecer en México: buscamos hacer la diferencia mitigando los costes que impiden la plena participación de las víctimas en todos los momentos del proceso. Este fondo será alimentado de manera permanente y contribuirá al empoderamiento y al acceso a los remedios jurídicos de las personas en situación de movilidad que acompañamos desde la organización, así como al ejercicio de sus derechos fundamentales.

Durante 2023, el Fondo se utilizará para costear los gastos para que las personas en situación de movilidad puedan viajar de forma segura a reunirse con autoridades y actores clave, para que se emitan los documentos necesarios para el acompañamiento a sus casos, así como para cubrir gastos necesarios para lograr un impacto duradero para que quienes acompañamos reconstruyan sus vidas y busquen reparación frente a las violaciones a derechos humanos que han sufrido.

* La autora Norah Gallego es abogada en el área de solicitantes de asilo y Laura Alvarado se desempeña como oficial en el área de desplazamiento interno.