Justicia Restaurativa, también para las víctimas de fraude

Por Adrián Zentella Tusié

¿Dónde terminan los procesos de justicia? ¿Terminan cuando los afectados son atendidos, encontrados o compensados? ¿Terminan cuando las personas responsables son detenidas y privadas de su libertad? ¿Terminan antes o después del juicio? En México nuestros procesos de justicia están incompletos.

Cuando se comete un delito, la mayoría de nosotros espera un castigo. En nuestros procesos de justicia nos enfocamos en encontrar responsables, en castigar a los “criminales”. Esto no es necesariamente malo, pero quizá hemos olvidado a las personas más importantes, las afectadas, los heridos y las víctimas. La justicia restaurativa parte de la idea de que los procesos de justicia no terminan con una sentencia, sino que concluyen cuando el daño causado a las personas y al tejido social es reparado. En palabras de Howard Zehr “es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, las necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños”.

Hablamos de escuchar a las víctimas, entender que es lo que se perdió y de ser posible, de reincorporar a los agresores a una comunidad sanada, y aunque esto parezca ficticio o idealista, en México, hoy contamos con varios ejemplos de que esto es posible. En nuestro país decenas de organizaciones de la sociedad civil trabajan con comunidades y autoridades para desescalar conflictos, promover la construcción de paz, reintegrar a personas privadas de su libertad a la sociedad y ayudar en los procesos de las víctimas de abuso y violencia. La idea de priorizar a las víctimas ha tomado tanta fuerza que desde 2013 en México existe una Ley General de Víctimas; normativa que reconoce los derechos de las víctimas y obliga al Estado a atender las violaciones graves a derechos humanos al brindarles atención integral a través de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Si bien, en este punto podríamos detenernos para hablar de los problemas que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una propuesta más constructiva sería reflexionar sobre ¿qué otras acciones podríamos tomar para continuar sanando nuestra sociedad? Como mencionamos, la sociedad civil organizada ha implementado muchos proyectos de la mano con autoridades para asistir a las comunidades y víctimas de delitos de alto impacto. Sin embargo, muchos de los delitos que rompen nuestro tejido social suelen ser mucho menos dramáticos e impactantes. Algo que falta en nuestros procesos de justicia es reparar el daño causado por delitos más comunes. Así para continuar sanando nuestra sociedad podríamos ponerle atención a las víctimas de delitos como el fraude.

Nos ha pasado a más de uno. Una llamada del banco, un mensaje de texto, una persona pidiendo ayuda económica, algún político pidiendo dinero para su campaña, incluso un amigo vendiendo boletos. Solo en 2021 se cometieron en México 5.4 millones de delitos de fraude. Cifras oficiales, ponen este delito como el segundo más frecuente en nuestro país, solo por detrás del robo en calle o transporte público. Dato que solo toma en cuenta el fraude bancario y al consumidor. No obstante, a los, por ejemplo, 2 mil 520 millones de pesos robados a personas a través de fraudes bancarios solo en 2017, también habría que sumarle los millones de pesos desviados por servidores públicos a través de actos de corrupción, pues en México todos pagamos impuestos de alguna u otra forma, y como tal, el robo de ese recurso nos vuelve víctimas a todos.

Ante este problema las víctimas de fraude comúnmente deben iniciar procesos de justicia sumamente desgastantes. No hay que olvidar que para muchos mexicanos, el acceso a la justicia es un lujo caro. Al ser víctima de un fraude por digamos, 10,000 pesos, luego de levantar su denuncia una persona podría gastar unos 50,000 pesos en un abogado que le ayude a juntar las pruebas e iniciar diálogos con un juez para un acuerdo reparatorio. Si el defraudador no accede al acuerdo, la persona afectada podría volver a gastar otros 50,000 pesos en un juicio que no le asegura recuperar su dinero. Y aquí deberíamos preguntarnos ¿qué es lo que quieren la mayoría de las personas víctimas de fraude? ¡Recuperar su dinero!

La recuperación de activos financieros es el proceso mediante el cual, las autoridades de justicia se dedican a investigar, rastrear y recuperar activos financieros robados (dinero, propiedades, obras de arte, etc). Organizaciones como El Banco Mundial, Las Naciones Unidas y La Corte Penal Internacional llevan años promoviendo este proceso de justicia para combatir la corrupción en todo el mundo. Y aunque su implementación ha resultado desafiante por una variedad de factores (la capacitación del personal, el mantenimiento de los activos recuperados, la coordinación de agencias y dependencias nacionales e internacionales, entre otros), el concepto es simple. Los gobiernos nacionales deberían comenzar a invertir en el desarrollo de cuerpos de seguridad y justicia capaces de investigar estos delitos con el objetivo de recuperar lo robado y devolver o reutilizar esos fondos para beneficiar a las personas afectadas.

Aunque hoy estamos muy lejos de poder devolverle su dinero a las personas afectadas por fraudes cotidianos, uno de los siguientes pasos que podríamos tomar en México para continuar sanando nuestra sociedad es tomar con seriedad la recuperación de activos financieros y pedirle a nuestras autoridades que comiencen a incorporar a la ley todos los mecanismos y procesos recomendados por organizaciones internacionales, lo que nos permitiría soñar entonces con, algún día, ayudar a las víctimas de fraude a recuperar su dinero.