En México las violencias se encuentran desatadas, pero al parecer nadie es responsable de ello.

Cientos de miles de investigaciones por desaparición y tan solo 35 sentencias; decenas de miles de casos de tortura han producido 43 sentencias; ejecuciones y desapariciones por parte de agentes de Estado casi en absoluta impunidad.

La lista continúa: trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud, reclutamiento forzado de menores de edad, tráfico de personas/migrantes, desplazamiento forzado, despojo de tierra y territorio, extorsión/cobro de piso, secuestro y un largo etcétera.

A pesar de tratarse de violencia generalizada y sistemática como parte de una política de grupos criminales y corporaciones del Estado (crímenes de lesa humanidad), las fiscalías del País continúan abordándolo (simulando) bajo la lógica perversa del caso por caso. De esta manera pretender ocultar la masividad y garantizando impunidad a los máximos responsables.

En los muy pocos casos en los que se detiene a superiores jerárquicos -García Luna, Javier Duarte, El Chapo Guzmán, ex gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, Édgar Veytia, Ovidio Guzmán y tantos otros-, las acusaciones son por crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Las violencias nunca se investigan y menos desde una óptica sistémica.

Esto no es casual y tampoco se debe a falta de capacidad de las fiscalías. Investigar por fenómeno llevaría a esclarecer los vínculos entre autoridades y criminales, el encubrimiento político que garantiza la operación de estas empresas criminales, lo generalizado y sistemático de las violencias. Este tipo de investigaciones llevaría a condenas sobre los superiores jerárquicos -del Estado y del crimen organizado- por crímenes de lesa humanidad.

No es imposible llegar a ello, se requiere de voluntad política. Evidentemente en México no la ha habido por ningún partido político. Hay experiencias internacionales en los que mecanismos extraordinarios de justicia logran romper ese círculo vicioso. En Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz ha emitido sentencias por crímenes de guerra y de lesa humanidad sobre miles de casos agrupados en macro casos.

No hay más que dos alternativas. Una que incluye a fiscalías verdaderamente independientes, un mecanismo internacional contra la impunidad y una gran comisión de la verdad independiente y otro camino que es el de seguir leyendo ad nauseam casos como el de Ovidio Guzmán y no hacer nada. Hoy fue este caso, mañana seguro será otro.