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La tarde del 2 de enero de 2015 a las 18:50 horas, José Moisés Sánchez Cerezo -periodista y defensor de derechos humanos- fue sustraído de su domicilio ubicado en la Colonia Gutiérrez Rosas del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, por un grupo de seis hombres armados que irrumpieron el domicilio mientras estaban presentes su esposa, María Josefina, sus nietos menores de edad y un amigo de los niños que había acudido a jugar.
María Josefina vio que entraron dos hombres a la casa, con armas cortas. Al ver esta situación tomó a los niños y los cubrió con su cuerpo para que no les hicieran daño. Un hombre pateó la puerta de la recámara que se encuentra en la planta baja y al verla vacía le preguntó a María Josefina: “¿dónde está?”, a lo que ella no contestó. Otros cuatro hombres entraron a la casa, todos armados; rompieron objetos y muebles.
Los hombres que se llevaron a Moisés también sustrajeron su material de trabajo. Los equipos electrónicos contenían toda la información que había documentado durante el año 2014 y años anteriores. Por ejemplo, contenían el desarrollo de grupos de autodefensas de Medellín, así como información sobre las coberturas periodísticas de las protestas sociales contra el Presidente Municipal, Omar Cruz Reyes, y denuncias ciudadanas sobre la inseguridad en el municipio.
Durante la irrupción del domicilio, una vecina que vio llegar a los agresores llamó a los números de emergencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Policía Municipal y de la Policía Estatal; números que obtuvieron los vecinos en una junta con autoridades sostenida en diciembre de 2014. El único contacto que contestó fue el de la Sedena, quien recibió el reporte de los sucesos. A partir de ahí inicio la búsqueda de Moisés por parte de autoridades federales y locales. Fue desaseada y desorganizada, como sucede con miles de víctimas de desaparición en este país.
Ante la presión mediática presentaron a un detenido 22 días después. Visiblemente golpeado, dio supuestos nombres y apodos de otros partícipes e información sobre el paradero de Moisés, a quien mataron y enterraron a kilómetros de su comunidad.
Desde aquel momento, Jorge Sánchez (hijo) y María Josefina han impulsado el caso ante las instancias estatales y federales para que se garantice verdad, justicia y reparación. Sin embargo, tanto la Fiscalía del Estado de Veracruz, como la FGR, la CEAV, el Mecanismo de Protección federal, la Comisión de Protección a Periodistas en el Estado de Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han respondido de forma deficiente. Nada extraño, padecemos “institucionitis” crónica, con organismos que son parche sobre parche en un Estado que funciona en clave de impunidad.
Por ejemplo, la investigación inicialmente integrada por la Fiscalía de Veracruz tiene graves inconsistencias y está plagada de irregularidades. El arraigo “domiciliario” de más de treinta policías municipales, a la par de la tortura presuntamente cometida contra Clemente Noé (único autor material procesado) y una testigo clave; dan cuenta de la manera como se construyen investigaciones viciadas que obstaculizan el acceso a la justicia, verdad y reparación para las víctimas.
Las endebles imputaciones hasta hoy sostenidas se basan en la confesión coaccionada de Clemente. Al Gobierno de Javier Duarte le urgía construir una narrativa de “cero impunidad” en el caso, al costo que fuera y aunque ésta se cayera en tribunales años después.
Por su parte, la entonces Procuraduría General de la República, desde el principio negó a la solicitud de atraer la investigación del caso argumentando que Moisés no era periodista. El entonces Procurador Jesús Murillo Karam nos dijo a la cara la verdadera razón: “la Fiscalía de Veracruz es un desastre y no vamos a atraer este caso”. Ante esto, la familia Sánchez -con apoyo legal de Artículo 19- interpuso un juicio de amparo y en 2016. Por orden judicial la FEADLE se vio obligada a tomar el caso sin que haya tenido una intervención efectiva a la fecha. En 2018, la Visitaduría Ministerial de la PGR (equivalente a un órgano de contraloría interna), analizó la voluminosa investigación y concluyó que era -para acabar pronto- pura paja.
Lo que hizo Jorge Sánchez en las conferencias matutinas de martes y jueves fue plantear una realidad dolorosa. La impunidad persiste, eso es innegable. Aunque el Presidente lo niegue u opte por atacar a las víctimas y organizaciones que lo recordamos día con día. A Jorge como a cientos de víctimas, no les importan los cálculos políticos desde el poder. Lo que quieren son respuestas después de años de tocar puertas. Que alguien les diga qué y por qué pasó, que les digan quién fue. No hay dobles intenciones ni manipulación, lo único que quieren recuperar es un poco de paz después de perder lo más preciado.
Por esa razón, si esas respuestas y esos derechos no se garantizan por parte del sistema de procuración y administración de justicia mexicano, se acude a las instancias internacionales. Por esa misma razón, la familia Sánchez y Artículo 19 han presentado el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Falta un largo camino por recorrer, pero vale la pena hacerlo.
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