"Por una política de estado en torno al desplazamiento de la población serrana (Parte I)"

arturo.lizarraga@hotmail.com

Según dijimos en la colaboración anterior “tal parece que un ciclo en la sierra se está volviendo a consolidar: pobreza, siembra prohibida, violencia, desplazamiento de población, reubicación temporal de las personas en los valles, regreso a la sierra, pobreza….” (Noroeste, 20 de febrero, 2018). Cierto, la gente está regresándose a la montaña de Concordia. Y es que las condiciones de vida, tanto en Villa Unión como en Mazatlán, donde se habían refugiado, son verdaderamente insoportables para ellos. Y para cualquier ser humano. 

En la ciudad, calor insoportable en primavera y verano; hacinamiento, insalubridad y vida cara todo el año. Todo hay qué pagar: renta de alguna casa, agua para el uso doméstico, agua de garrafón, pago de servicio urbano para ir a trabajar y para que los niños vayan a la escuela. Los salarios no alcanzan. Ni los que se obtienen como peones de albañil ni como jornaleros en los campos agrícolas. Peor lo que ganan algunas de las mujeres -pocas- como trabajadoras domésticas. Cualquiera que sea el empleo, entre 200 o 250 pesos para alimentar a la familia: entre cinco y seis miembros. Algunos hasta 10.

En las localidades de origen, a pesar del perenne descuido gubernamental, mal que bien pueden sobrevivir si tienen una casa y un pedazo de tierra. Para alimentarse, en el “peor” de los casos, nopales, frutas del campo, carne de algún animal silvestre. Maicito que se cosecha en la parcela. Para ir a trabajar, una remuda es suficiente. Si ni con ella se cuenta, un par de piernas. ¿Pago como jornaleros? Bueno, depende del cultivo de que se trate. Alguno, mucho más alto que cualquiera que se pueda obtener en la ciudad.

Sí, se están regresando. Los hombres, a trabajar. En aserraderos como el de El Batel, a unos 4 o 5 kilómetros de Potrerillos. O en la agricultura, pues el ciclo de esta actividad recién se inicia: hay que preparar la tierra. Sí, se están regresando. Con miedo y todo, pues la seguridad, a pesar de las declaraciones oficiales, es endeble. Muy endeble: la policía estatal se limita a hacer rondines por las diferentes localidades, según hemos podido observar (por cierto, ¿qué pasó con Los Valvuleños después de que fueron señalados como generadores de la violencia?). El Ejército está ausente. No lo hemos visto en ninguna de las visitas que hemos hecho en lo que va del año. Quizá estén dedicados a “blindar” la ciudad de Mazatlán. Semana Santa está cerca, como cerca también está el Tianguis Turístico.

Sí, los desplazados se están regresando. Lo hacen a pesar de que sólo a medias se prestan los servicios de salud: hay personal en las pequeñas clínicas para atender a las personas, pero para tratar los males no hay medicinas. De ningún tipo. Ni en las clínicas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) ni en las del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ni siquiera tienen paracetamol. Y no estamos ironizando. Eso también nos consta. Inclusive, por nuestra parte hemos entregado, a las enfermeras en turno, algunos paquetes de acopios que hemos realizado en Mazatlán. Medicina para el tratamiento de diabetes, para la hipertensión, para enfermedades de la piel. También hemos entregado paquetes de aspirina y de paracetamol.

Es urgente remediar esta situación. La combinación de la pobreza extrema con la inseguridad es una bomba que en cualquier momento estallará de nueva cuenta. Para desactivarla no bastan medidas pasajeras de creación de empleos como la remodelación de algunas placitas o la construcción de pequeños cobertizos en algunas localidades. Menos basta la entrega de despensas o cobijas.

Pero también dijimos en la colaboración del 20 de febrero en este periódico, que “ese ciclo de ida y vuelta, como una fuerza centrífuga, deja fuera a otros que ya no podrán regresar a sus localidades”. En efecto, en las colonias periféricas de Concordia, Mazatlán y Villa Unión, aún hay grupos de desplazados. Y continuarán, aún hacinados y en condiciones deplorables. 

¿Qué propuestas tienen las autoridades gubernamentales para resolver las causas y consecuencias de desplazamiento -en localidades de origen y en las de llegada- de la población serrana? Al parecer, ninguna. Hasta ahora sólo han buscado administrar, con el menor costo político posible, el mencionado proceso. Es urgente que se elabore una verdadera política de Estado, misma que involucre -¡coordinados, por Dios!- a los tres niveles de gobierno. ¿Hay voluntad para ello? Hoy por hoy, observamos a las instancias actuando solo de manera reactiva y cada una por su lado. Y eso las que actúan.