Reflexiones sobre las redes de estigmatización y desinformación contra periodistas y activistas en AL

La violencia en contra de la prensa y activistas se encuentra en un momento crítico. Recientemente, las personas que pertenecen a estos gremios se han encontrado en mayor riesgo de ser atacadas públicamente tanto por actores gubernamentales como por redes anónimas que multiplican los discursos estigmatizantes del gobierno. Estos ataques, acompañados de narrativas que apuntan a desprestigiarles y a su trabajo, impactan gravemente en sus esferas física, psicosocial, jurídica y digital.

Por ello, el 16 de febrero de 2024 se llevó a cabo el Seminario Internacional “Voces bajo acecho: desafíos latinoamericanos frente a la estigmatización y desinformación” como una invitación a nombrar, identificar y pensar en detalle el contexto actual en el que se ejerce la libertad de expresión y el derecho a defender derechos en la región.

El evento organizado por Signa_Lab del ITESO y la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19 reunió a doce panelistas provenientes de México, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Brasil y Colombia, para discutir el despliegue de las estrategias y redes de estigmatización y desinformación que actualmente son impulsadas por grupos de poder político, mismas que se hacen evidentes en el acoso contra voces críticas en el espacio digital.

El seminario se centró en abordar la tendencia, tanto en México como en el resto de América Latina, dirigida a atacar de manera selectiva y coordinada a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que son y han sido críticas a los gobiernos en turno. Estos ataques se han realizado a través de canales gubernamentales, como es el caso de las conferencias o declaraciones que realizan servidores públicos, o por medio de plataformas de redes sociales, utilizadas para ampliar las narrativas e incrementar el impacto de los ataques.

Estas redes, desplegadas -en su mayor parte- utilizando recursos públicos, tienen por objetivo manipular a la opinión pública hacia una narrativa estigmatizante, señalando a las personas críticas como enemigas públicas y del Estado. Al repasar las experiencias de los países de la región, se observa que los habituales ataques en el espacio físico, y la desprotección institucional, se combinan con estrategias de ataques coordinados o semicoordinados en redes sociales con la intención concreta de “acabar con la reputación” de la persona que asume una postura crítica. Se pretende desprestigiarla para desacreditarla y “desactivarla”, impidiéndole participar en discusiones públicas posteriores.

Dicha situación se agrava gracias al papel de plataformas digitales, quienes se benefician de contenidos y discursos polarizantes para captar la atención de las personas usuarias de las tecnologías, exponiéndolas de sobremanera a contenidos que caen en la propaganda política como táctica de disuasión y persuasión.

A pesar de que este tipo de ataques están comúnmente dirigidos a la prensa y activistas, también es cierto que se han desplegado, cada vez con mayor frecuencia, en contra de personas del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil. Estas estrategias de ataque impactan gravemente en la democracia al silenciar y excluir del debate a personas defensoras, periodistas e investigadoras. Situación que se refleja claramente con la separación de Rossana Reguillo, fundadora de Signa_Lab, de la selección de preguntas para el primer debate entre aspirantes a la Presidencia. Su salida del proceso se llevó a cabo debido a constantes presiones por parte de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, mismas que fueron acompañadas de mensajes intimidantes, violentos y estigmatizantes a través de redes sociales.

Cada ataque tiene un impacto diferenciado en quien lo recibe, considerando los sistemas de opresión que operan en contra de mujeres, personas que pertenecen a la diversidad sexogenérica y, en general, en contra personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad que carecen de condiciones para actuar frente a las agresiones que reciben.

A pesar de este panorama, existe la posibilidad de contrarrestar y hacer frente a la estigmatización y desinformación pública, a través de diversas estrategias:

-La construcción de redes efectivas para el trabajo conjunto y el cuidado colectivo entre periodistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y colectivas.

-Apostar por el periodismo innovador, crítico y de investigación que fiscalice y exija cuentas a los grupos de poder y se base en criterios de calidad orientados al bien común y con perspectiva de derechos humanos.

-Sumar al diálogo a las plataformas digitales para encontrar, junto con ellas y otros actores que forman parte de la gobernanza de Internet, mejores alternativas para abordar las estrategias públicas de descrédito a quienes informan y defienden derechos humanos, que tanto tráfico e interacciones generan. Esta colaboración se vuelve patente ya que las plataformas digitales han explotado los beneficios de mantener viva la lógica de posverdad, en su papel de monopolios que imponen reglas a las redes sociales y monetizan su actividad.

Igualmente, con la sofisticación de la desinformación a través de las tecnologías emergentes, se vuelve sumamente relevante promover y fortalecer las capacidades y habilidades digitales y comunicacionales que permitan a las personas valorar los discursos en disputa en la arena pública. Todo ello con el fin de que la sociedad pueda hacer frente a las narrativas impulsadas desde las esferas de poder y así participar en el debate público de manera libre, informada, crítica y propositiva.

De allí, subrayamos la urgencia de denunciar la perversión del discurso estigmatizador y desinformador, sobre todo cuando proviene de los gobiernos, que desacreditan el escrutinio público, tanto nacional como internacional y los mecanismos de observación de derechos humanos, como otra forma de socavar los contrapesos al ejercicio del poder. Es por eso que Article 19 y Signa_Lab seguiremos monitoreando y denunciando la violencia en contra de la libertad de expresión.

—

Los autores son Iván González Vega, académico en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, periodista y artista de teatro, y María José De Icaza Benet, defensora de derechos humanos e investigadora del programa de Derechos Digitales de ARTICLE 19.