Reformar la Ley Orgánica de la UAS es más fácil de lo que parece

No es necesaria la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa para reformar la Ley Orgánica de la UAS.

A falta de voluntad del Consejo Universitario, el marco normativo de la Casa Rosalina puede ser modificado por el Congreso del Estado a iniciativa de cualquier grupo de universitarios.

Basta con demostrar el interés legítimo, justificarlo con base a la Ley General de Educación Superior de 2021, y a la urgencia de actualizar el reglamento de la institución conforme a los Derechos humanos.

La UAS tiene un retraso de 20 años de obsolescencia institucional. Algunas disposiciones contempladas en la Ley Orgánica están desfasadas o son contrarias a los avances en materia de transparencia, democracia, estado de derecho e igualdad de género.

La autonomía no es obstáculo para adecuar la vida orgánica de la Universidad conforme a las conquistas sociales más importantes que han ocurrido en el País durante los últimos tiempos.

Lo ideal fuera que una propuesta de reforma viniera de los órganos de gobierno de la UAS, pero ante la indiferencia, la comunidad universitaria puede tomar la iniciativa y el Congreso actuar en consecuencia para validar sus derechos.

La reforma universitaria por esa vía es segura. En caso de una disputa legal por impugnación, la comunidad tiene ventaja por sobre las autoridades de la UAS, en razón del principio pro homine.

Lo mismo ha ocurrido en otros ámbitos de la vida pública. Algunos Congresos Estatales, por ejemplo, se han visto obligados a homologar o derogar leyes por contravenir derechos humanos.

Por la necesidad de modernizar el marco institucional de la UAS, profesores integrantes de Civitas trabajamos un paquete de cinco propuestas de reforma que presentaremos al Congreso del Estado.

Las siguientes propuestas recogen las inquietudes más hondas de la comunidad universitaria, y buscan la instauración de reglas que permitan un entendido amplio y participativo de los derechos humanos:

1. Legalidad y Estado de Derecho. Fortalecer el Tribunal Universitario bajo los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, para que funcione como un órgano garante de la legalidad y contrapeso de las decisiones del Consejo Universitario. Ya que actualmente el tribunal está impedido de revisar acuerdos del Consejo, incluso si son violatorios de la propia Ley Orgánica o la Constitución.

2. Democracia participativa y deliberativa: Establecer el voto universal para la elección de Rector y Directores, junto a una ponderación curricular de los candidatos y la reestructuración de la Comisión de Postulación. Eliminar la modalidad de planillas para elección de consejeros técnicos y universitarios, para que cualquier profesor o estudiante pueda postularse libremente. También se propone desvincular al Rector de las sesiones de Consejo Universitario, para suprimir su injerencia e incentivar la libre deliberación.

3. Transparencia: Establecer con claridad en la Ley Orgánica que la Universidad y sus autoridades son sujetos obligados de transparencia ante la comunidad universitaria y ante los órganos de fiscalización del Estado en todos su niveles, con el propósito de eliminar la corrupción, transparentar resultados de convocatorias, procesos de selección y contratación, y dar certeza y eficiencia al uso de recursos. También se propone fijar tiempos máximos de respuesta a solicitudes de información y establecer sanciones al incumplimiento.

4. Igualdad de género: Establecer la paridad y/o alternancia de género en la Rectoría, el Consejo Universitario, los Consejos Técnicos y Direcciones de escuelas, para resarcir la desventaja histórica de las mujeres en los órganos de poder y toma de decisiones.

5. Ciencia. Descentralizar el presupuesto y establecer un porcentaje mínimo y progresivo destinado a la creación y difusión de la ciencia, para que los investigadores y científicos universitarios puedan decidir el destino de los recursos, mediante la creación de colegios por áreas del conocimiento.

No se hace lo suficiente para detener los abusos en los que incurren abogados y autoridades de la UAS durante los juicios que se les siguen por diversos delitos. Ya son 27 audiencias retardadas por razones que configuran una clara estrategia de evasión, lo cual hay que tomarlo como un entorpecimiento y afectación al derecho que tienen las auténticas víctimas en este proceso penal (la Universidad y ciudadanos de Sinaloa) a tener una justicia pronta y expedita.

Estoy seguro que la intención de la defensa es lograr que a los inculpados se les imponga la prisión preventiva para luego ampararse y tener un elemento de anulación de todo el juicio por violaciones al debido proceso, dado las previsiones de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de esta medida cautelar.

Estamos siendo testigos de uno de los más grandes actos de cinismo en la historia judicial de Sinaloa. Para no caer en la trampa, la solución puede ser asignar defensores públicos permanentes para los acusados, pero sin sustituir definitivamente a los abogados que ellos mismos eligieron. De esa forma, si los abogados titulares se enferman, o les tiemblan la piernas al momento de las audiencias, los inculpados no quedarían desprotegidos, y las víctimas de los posibles delitos tendrían salvaguardado el derecho a que se aplique todo el peso de la ley a quien resulte responsable.

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jorge.ibarram@uas.edu.mx