La ciudad no puede continuar como rehén de concesionarios del transporte público. La movilidad urbana es un derecho, y para que esta prerrogativa sea efectiva, el estado, el de Sinaloa en este caso, el que administra Rubén Rocha, debe asumir sin vacilación el control de las operaciones.
No se trata solo de mejorar la infraestructura y la atención al usuario. Eso ya se intentó, y fracasó de manera absoluta. Red Plus pasó a la historia como una decepción. Atender el problema de raíz implica retirar concesiones y reorganizar el sistema de transporte en su totalidad.
Los ciudadanos no tenemos que soportar más tiempo un servicio tan deficiente. No es funcional. El compromiso, para quien quiera y pueda asumirlo, implica planificar el desarrollo urbano y rediseñar por completo el sistema de transporte colectivo. No se puede mejorar la movilidad, si al mismo tiempo no se pone freno al crecimiento descontrolado de la ciudad.
El asunto es que ningún gobierno se ha atrevido a confrontar las mafias de transportistas y especuladores del suelo. Son ellos los que deciden dónde se construye y en qué condiciones se mueve la gente. En la mayoría de los casos no es que tengan miedo de enfrentarlos, lo que pasa es que lucran en equipo.
La expansión de Culiacán, por ejemplo, fue un negocio de políticos y empresarios coligados. Compraron terrenos de bajo costo en la periferia, y así planificaron el crecimiento urbano hacia sus dominios.
La dinámica que utilizaron fue aumentar la plusvalía de sus recién adquiridas propiedades mediante inversión pública en infraestructura, para luego revender sus lotes en cifras millonarias. Hubo unos más pícaros, que levantaron edificios y después los rentaron al Gobierno de manera indefinida.
Otra modalidad para enriquecerse a costa del crecimiento de la ciudad fue la construcción de desarrollos inmobiliarios en zonas apartadas. Empresarios como Eustaquio de Nicolás, del Grupo Homex, hoy encarcelado por fraude, se hicieron millonarios inflando la demanda de vivienda y obteniendo contratos con el Gobierno federal para construir unidades habitacionales de mala calidad, que terminaron en el abandono por la sobreoferta de nuevos fraccionamientos.
Los nuevos conjuntos habitacionales obligaron a los gobiernos locales a enfocar la provisión de servicios públicos de pavimentación, drenaje, alumbrado y seguridad hacia esas zonas, provocando la insuficiencia de recursos. Por eso hoy la ciudad no se da abasto para atender todas esas necesidades creadas de forma artificial.
El crecimiento descontrolado de la ciudad estableció distancias más largas. Esto vino a dificultar la movilidad. Ni siquiera a los automovilistas les fue práctico. Las avenidas fueron insuficientes. Los más perjudicados fueron los usuarios del transporte público.
Los concesionarios del transporte, por su parte, se vieron beneficiados con la introducción de nuevas rutas de camiones. Prácticamente triplicaron su mercado a la vuelta de un par de décadas. Crearon todo un monopolio sobre la red de transporte público.
Ahora no hay quien les ponga límite. Los transportistas le tienen tomada la medida a la autoridad. No aceptan mejoras sustanciales. A los choferes no se les otorgan condiciones justas de trabajo, y estos a su vez no brindan un trato digno a los pasajeros. Ya no se sabe quién manda. Hasta se les regalan camiones y se dan el lujo de devolverlos.
El último de los aumentos al pasaje fue un abuso. Se pusieron de acuerdo para lanzarlo al inicio del periodo vacacional. Cuando la gente ya está desconectada. Querían evitar cualquier riesgo de protesta.
Aumentar el precio por encima de los 12 pesos no tenía una justificación apremiante, porque constantemente se ajustan las tarifas en beneficio de los transportistas. El último arreglo había sido apenas en julio del año pasado. Esto les ha permitido mantener cobros por encima del promedio nacional, que actualmente permanece alrededor de los 9 pesos. Mientras, el servicio sigue siendo exactamente el mismo.
Además, los concesionarios han tenido un trato preferencial en medio de toda esta escalada inflacionaria. Gozan de subsidios que les otorgamos los contribuyentes para mantener estable el precio del combustible. De un año para acá el litro de diésel aumentó solamente un peso con 60 centavos. En cambio, el gasto en transporte público, con la nueva tarifa, representa ya el 30 por ciento del salario mínimo diario de un trabajador.
El transporte público es uno de esos servicios que por su determinación estratégica, no debe tomarse como un negocio regido únicamente por las reglas del mercado, lo cual tampoco significa pasar por alto los principios de una administración eficiente.
Un transporte público asequible, seguro y funcional debe estar entre las metas más urgentes. Ninguna ciudad en Sinaloa es tan grande como para pensar que es imposible replantear por completo el sistema de movilidad. El metro de la Ciudad de México se inauguró apenas en 1968. En ese entonces el Distrito Federal ya contaba con 6 millones y medio de habitantes, una ciudad enorme para la época, y aún así tuvieron la visión y el empeño de abrir la tierra para hacer realidad un gran proyecto.
Retomar el control de la movilidad urbana únicamente puede hacerse desde la rectoría del Estado, con la participación de empresas privadas, utilizando fideicomisos para su financiamiento, y estableciendo un organismo público descentralizado encargado de administrar, planear y controlar el sistema de corredores de transporte. Pero ningún esfuerzo será suficiente si la gente no se apropia de la ciudad. Los gobiernos igual deben atender ese reclamo.
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