La peor muerte es el olvido, dice una sabia sentencia popular. Y para no olvidar habría que elaborar en Sinaloa un calendario repleto de las fechas en muchos ciudadanos han caído, entre balas criminales, sin que se asome el sol y con éste la luz de la justicia.
El 28 de julio se cumplió un año del crimen del abogado y ex servidor público, Francisco Eduardo Urrea Ortega, conocido por sus amigos como "Fuco". En vida, Urrea Ortega se caracterizó por ser un personaje controversial, polémico, que en no pocas ocasiones abanderó casos y causas justas. Defendió, como ningún funcionario público anclado a la nómina oficial, el derecho de los sinaloenses a recibir información pública fidedigna y de calidad. Como coordinador de Enlace del Municipio de Culiacán, incluso, criticó la opacidad oficial, teniendo detrás el cuadro del Gobernador en turno. Era experto en datos personales. Y contrario a la actitud medrosa de muchos funcionarios, que "off the record" confiesan la realidad y las resistencias del poder político por la transparencia, pero no se atreven a expresarla ante medios, Urrea Ortega solía emitir declaraciones puntillosas, inquisitorias.
Esas posturas le originaron el veto oficial para ser considerado comisionado de acceso a la información pública en el régimen de Jesús Aguilar Padilla, uno de los más opacos, junto con el de Juan Sigfrido MIllán en la historia de Sinaloa.
Nos llamó la atención que a un año de distancia, marcado por la estela de la impunidad, no se haya asomado una sola voz, entre las muchas amistades, compañeros de trabajo u organizaciones gremiales, de abogados o notarios, para recordarle al Gobierno de Mario López Valdez que al expediente le sigue cayendo polvo, sin que exista ningún avance en el caso.
Higuera, a prueba
La polémica por la construcción de una gasolinera en la esquina de Cruz Lizárraga y Rafael Domínguez, en la Palos Prietos, se ha convertido en una prueba para el Alcalde Alejandro Higuera Osuna.
Acostumbrado a "dar carpetazos" cuando se siente acorralado o aplicar la ley a discreción (acostumbrado él, porque el ciudadano, no) el agua le ha llegado hasta el cuello y ahora tiene que demostrar que es hombre de leyes porque las cata y no solamente por haberse sentado en una curul en más de una ocasión.
De sus hombres incómodos, hoy Carlos Venegas está muy expuesto y comienza a acrecentar aún más la certeza de que éste será el último de los trienios de la era del Diablo. A menos que promueva una sanción contra el ahora gerente de la Jumapam por haber otorgado un permiso a una obra que va en contra del reglamento municipal de gasolineras cuando fue director de Planeación.
Para Óscar Carvajal Tirado, presidente del Colegio de Abogados Marco Antonio Arroyo Cambero, Venegas Arreola puede ser sancionado al menos administrativamente por haber autorizado dicha estación de servicio, cuyo caso ahora se encuentra en litigio.
De acuerdo al litigante, violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
"Si el titular que otorga el permiso no observó la normatividad respectiva entonces sí merece una sanción mínimamente administrativa y no estoy de acuerdo con la manifestación que hizo el Alcalde en el sentido de que ellos tenían la facultad de otorgar o no un permiso", dijo a Noroeste.
Ya es público el comentario de que este tercer periodo Higuera está "de lo peor". Quizá este caso le sea útil para cambiar la percepción negativa y se retire de la Alcaldía con dignidad o tal vez se cierre más y se ponga peor. El Alcalde debe recordar que la conveniencia con sus actuales amistades es pasajera.
Condicionan vales
Otro que debe estar atento a la rendición de cuentas es Toribio Colado. jefe de Servicios Regionales de la SEPyC. Noroeste exhibe hoy que hay escuelas en las que se condiciona la entrega de vales para uniformes gratuitos a cambio del pago de cuotas "voluntarias". Incluso hay casos en los que los padres de familia tienen que mostrar una ficha de depósito bancario.
El representante de la SEPyC en el sur lo minimizó diciendo que de las más de 600 escuelas son algunas las que ha presentado el problema.
La corrupción es o no es. No tiene punto de medición como para decir se corrompe poquito o mucho. Si sabe que hay casos de condicionamientos para la entrega de vales, conoce entonces que violan el artículo tercero del Decreto del Programa para el Otorgamiento de Uniformes Escolares a los Alumnos Inscritos en Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Sinaloa que a la letra dice "Los uniformes escolares serán otorgados gratuitamente a los alumnos y alumnas de educación básica".
Si sabe que hay tres, cuatro (más los que saldrán estos días), ¿qué hará al respecto? ¿Dejará impunes a los responsables?
El artículo 16 del decreto del Decreto del Programa de Uniformes Escolares dice que quienes transgredan las disposiciones del acuerdo y de sus reglas de operación, serán sancionados con amonestación, suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación.
¿Ya abrió el procedimiento contra quienes están condicionando los vales?
Espere un momento...
