El ciudadano, ¿un nuevo actor en la escena política sinaloense?
A la democracia mexicana le hacen falta ciudadanos. La relación entre el individuo y el Estado exige más que un vínculo electoral. La relación, lejos de terminar con el voto, empieza en la corresponsabilidad instituida a partir del mandato de las urnas.
La Ley de Participación Ciudadana aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa es un esfuerzo loable, pero insuficiente. Se aprobaron dos de 12 instrumentos propuestos entre grupos de la sociedad civil organizada y el poder legislativo.
Se trata de figuras como "el plebiscito, referéndum, la iniciativa popular, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, las contralorías ciudadanas, la audiencia pública, recorridos del Gobernador y los presidentes municipales, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, los cabildos abiertos, el derecho de petición y la revocación de mandato".
En palabras del Dip. Alfredo Díaz Vizcarra, integrante de la fracción del PRI, con este dictamen se "resuelve la omisión legislativa en la que nos encontrábamos desde el 2001". Si bien vamos en la dirección correcta, acudimos a la cita con 9 años de retraso.
El también presidente de la Comisión de Participación Ciudadana se refiere a lo estipulado el día 31 de octubre del 2001, mediante el decreto No. 714, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 122, del 10 de octubre de 2003, que a la letra señala: "[...] entraron en vigor las reformas al artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en el que se establecen las figuras de referéndum, plebiscito y la revocación de mandato como formas de consulta y participación ciudadana, indicándose en dicho artículo que en la legislación reglamentaria se establecerá el procedimiento de dichos mecanismos".
Al final, la revocación de mandato se quedó en el tintero por considerarla carente de "una base jurídicamente correcta y en consecuencia se valora la inconveniencia de su reglamentación, en los términos que actualmente se establece". En su lugar se instituye la iniciativa ciudadana, poniendo a la par al estado con la recién aprobada reforma política a nivel nacional.
El dictamen cuenta con demasiadas limitaciones y astucias que dificultan su cumplimiento. Por ejemplo, el Congreso reglamentó la figura del referéndum y decidió que la sociedad civil tiene sólo 30 días para organizarse, en caso de su negativa ante una decisión del propio legislativo; en el caso del plebiscito, poseen 45 días después de la decisión del Ejecutivo. El tiempo otorgado para la convocatoria es exageradamente reducido.
El dictamen aprobado exige un porcentaje de participación de hasta 15 por ciento del listado nominal de electores para que proceda una solicitud. De acuerdo con Integrantes del Movimiento Sinaloense de Participación Social, para el caso de Culiacán, Mazatlán y Ahome los grupos organizados tendrían que contar con una apoyo de 5 por ciento de los ciudadanos enlistados. Para el caso de los partidos políticos que desean obtener su registro, el porcentaje es de 2 por ciento. Se trata de una ley que genera pocos o nulos incentivos a la organización.
Al evitar profundizar sobre los mecanismos de participación disponibles a la ciudadanía sinaloense, se pierde una gran oportunidad para el estado en el restablecimiento de un pacto entre gobernantes y gobernados. Después de todo, hacer una Ley es cristalizar los anhelos de ciudadanos y ciudadanas que reunidos en sociedad pretenden crear estructuras jurídico-políticas que normen por muchos años el acuerdo político-social que fundamente el ejercicio de sus gobiernos.
Para el caso de Sinaloa, la oportunidad perdida se resiente con mayor ahínco. En el 2010, este estado fue testigo de una alternancia. Por primera vez, el PRI perdió la gubernatura del estado. Con su derrota, la agenda de la transformación está pendiente. La posibilidad de definir la naturaleza de este Gobierno, de dibujar sus límites y justificaciones del poder político está en el interés de la presente administración y el partido que dice acompañarlo.
Los cambios de régimen, como suponemos es la intención de la administración de Mario López Valdéz, proponen no sólo alteraciones en la correlación de fuerzas entre los diversos actores políticos. También convocan hacia nuevas formas de entender y justificar el origen y la razón de ser del poder político. Aquí yacen las bases para otra legitimidad en el ejercicio del actuar público, el mismo que fue el sustento para dar origen a la alternancia.
Queda mucho por hacer. Es de aplaudirse la convocatoria ciudadana que ha dado seguimiento a esta iniciativa en los últimos meses. La sociedad organizada tiene mucho que aportar en esta etapa de definiciones. Su involucramiento activo puede coadyuvar en el reforzamiento de una nueva legitimidad, de otra legitimidad, ya sea combatiendo para que se amplíen y respeten los derechos de todos los sinaloenses, ya sea denunciando abusos de autoridad, ya sea involucrándose en las decisiones públicas.
Me gustaría decirles que no están solos, pero el panorama luce desolador.
Que así sea.
PD: Dejo para otra ocasión el tercer artículo sobre la renovación del PAN en Sinaloa. El partido del mañana o el mañana del partido.
Espere un momento...
