Escribo al inicio del año pensando en los retos que tendrá por delante el nuevo Gobierno de Sinaloa, tal y como en los días previos a la definición del Tribunal Electoral de la Federación me los imaginé: un ejercicio serio y sano, me parece, que todo ciudadano debiéramos hacer: independientemente del cristal con que miráramos si el PRI, el PAN, el PRD o cualquier otro partido encabezara el Gobierno del Estado, qué problemas son aquellos, de un carácter estructural y urgente a la vez, que puedan considerarse como los torales para todo gobernante local.
Parto considerando que, vistos los márgenes enormes de atraso en que Sinaloa se encuentra, todas en todos los campos son esfuerzos de Sísifo (no en el sentido de la leyenda griega de esfuerzos fallidos, sí en el sentido de esfuerzos enormemente fuertes, por no decir sobrehumanos, que la misma leyenda helénica considera).
Pienso en los siguientes. Y usted, ilustrado lector, lectora amiga, desde luego pueden corregirme e imaginar aquellos que, según su leal saber y entender, son más o menos que éstos.
Economía. En términos de que, primero que cualquier cosa, se debe cambiar el modelo económico pro oligárquico imperante y buscar soluciones verdaderamente prioritarias de: crecimiento, ocupación, salarios dignos, distribución de la riqueza, sobre la base de una equilibrada y explícita planeación regional.
División geográfico-política. Afrontar y responder con visión reclamos locales y municipales. Es verdaderamente lamentable ver cómo los políticos y gobernantes le han sacado la vuelta al reclamo de los eldoradenses, Culiacán; a la gente de Juan José Ríos, Guasave; y demás casos conocidos en el Estado.
No es una aberración que Sinaloa tenga más o menos municipios (Oaxaca tiene alrededor de 500 y Veracruz, de dimensiones parecidas a Sinaloa, tiene 30 y tantos). Todo parte de la incapacidad de políticos y gobernantes para pensar en grande: el problema no son más municipios, que se resuelve diseñando una nueva y visionaria reorganización política y geográfica de la entidad.
Soberanía. El estado de Sinaloa, dice la Constitución local vigente, es "un Estado libre y soberano". Pero eso no se traduce en la práctica, a no ser caricaturescamente: por una parte, los gobiernos estatales han permitido que la Federación haga y deshaga sobre Sinaloa tanto como el Gobierno estatal atropella a los municipios y pasándose por alto soberanías y autonomías; por otra, se permiten prácticas chovinistas contra gente, grupos, productores, comerciantes de otras entidades.
Un gobierno decente, digno, soberanista debe fijar las condiciones para un trato digno con la Federación; debe respetar la autonomía municipal; y debe propiciar la tolerancia y el encuentro de todos los sinaloenses con todos los mexicanos, en todos los campos de su quehacer.
Política social. Incluyendo aquí la educación, las ciencias y las artes, el nuevo Gobierno de Sinaloa debe proponerse plantar en todo el territorio la bandera de Estado libre de analfabetismo, libre de escuelas de cartón y ni una comunidad o grupo de comunidades sin escuelas de educación básica; enlazar y cualificar al máximo los distintos sistemas de bachillerato (Prepas UAS, COBAES, CBtis, etc.).
Resolver por ley puntualmente cumplida el añejo problema del financiamiento de todas las instituciones educativas. Dar el lugar de guía y dirigentes, comenzando por resarcir dignamente sus salarios, que debe tener el magisterio.
Fortalecer al máximo dependencias como El Colegio de Sinaloa y las de ciencia y artes, llámense como se llamen. Abrir una red de radios comunitarias y por regiones. Dar vida a una política editorial estatal de amplia cobertura, calidad, selección y buena factura.
En materia de salud pública, cuestionar prácticamente la demagogia del Seguro Popular y, a cambio, invertir por sí y pelear a la Federación recursos que robustezcan y dignifiquen IMSS, ISSSTE y hospitales generales.
Implantar y dar seguimiento a planos reguladores de las ciudades y todo centro de población. Enfrentar a los pulpos camioneros, adecentar y reorganizar a fondo el transporte público.
Indígenas. A propósito que deje de ser demagogia y caricatura la llamada Universidad Autónoma Indígena de México, que el ex Gobernador Millán fundó con tamaña irresponsabilidad en Mochicahui.
Reconocer como nación auténtica a los indígenas mayos (yoremes), pero darse cuenta que en Sinaloa también coexisten ramificaciones de las otras naciones tarahumaras, tepehuanes, huicholes, coras y las naciones indígenas del sur y sureste del país que estacionalmente se concentran en los valles agrícolas.
Reconocerlas como nación significa comenzar no entrometiéndose en sus usos y costumbres, por respetar su autonomía, lengua, economía, tierras, trabajo y formas de gobierno; y erradicar todo trato paternalista hacia ellas.
Que sea prohibitivo (porque cada comunidad y nación indígena tiene sus propias condiciones de trabajo y autogestión material) la presencia de indígenas en los cruceros citadinos.
Migrantes. Por mientras siga habiendo sinaloenses en Estados Unidos y otras partes del mundo, iniciar la reforma inmediata de la Constitución local para reconocer en ella la plena doble ciudadanía de manera que cualquier sinaloense en cualquier lugar pueda votar y ser votado en las cosas de su Estado, a la vez que recibir respeto por su papel de productor de bienes y servicios y generador de divisas.
Electoral. A propósito de reforma constitucional y legal hay muchas cosas: la reforma de la Ley Estatal Electoral que economice, ordene, equilibre los procesos electorales, y establezca desde ya la segunda vuelta, es una de las urgencias.
Seguridad. Por todas las razones obvias y reiteradamente dichas y consensuadas como inaplazable.
Si tan sólo de eso se ocupara el gobierno entrante de Sinaloa, en serio y sin demagogia, otro Sinaloa habría, más justo, productivo, civilizado, democrático, de aquí a 6 años.