Libertades en riesgo

En un sistema democrático que no termina por consolidarse, quizá por la ambigüedad del marco regulatorio, quizá por la debilidad de las instituciones, quizá por las contradicciones de sus actores políticos, siempre será necesaria la operación de organismos independientes que garanticen el acceso a la información y a la transparencia en la toma de decisiones.

Por naturaleza, en un sistema democrático como el mexicano, quienes están al frente de instituciones públicas desconfían de la transparencia como parte del proceso de rendición de cuentas.

Existe la suspicacia de que dar a conocer a través de procedimientos sencillos y al acceso de todos cómo se maneja y cómo se gasta el recurso público tendrá como consecuencia un juicio y una condena pública. Y sí, quienes son servidores públicos, lo hacen no solo para cumplir con sus responsabilidades, sino también, para ser observados, calificados y juzgados.

Pero la cultura política mexicana aún se resiste a esos cambios y se asume que convertirse en un servidor público debe estar acompañado de una canasta de aplausos, de agradecimientos y de veneración.

Pero no debe ser así y por eso están ahí los diferentes órganos autónomos en México y en las entidades federativas, para hacer valer unos derechos constitucionales básicos: el del derecho a la información y el del acceso a la información.

Y aunque desde el espacio público se ha tratado de denostar a partir de un elemento que tiene un impacto en la población, el de su costo de operación, son entidades fundamentales para la democracia que se pretende fomentar.

Por eso, desde esa perspectiva, resulta incongruente que la democracia y sus adjetivos se conviertan en el eje central del discurso público y en la práctica, se atente contra ella al intentar minar esos organismos de interés para todos los ciudadanos.

Desaparecerlos, como se pretende, no abona al México que se ha buscado construir a través de diferentes generaciones, y por el contrario, se convierte en un ejemplo de cómo minando derechos constitucionales se impacta de manera negativa a la democracia y las garantías individuales.