Es de conocimiento general que las cárceles en México, en su mayoría, atraviesan por un problema de inseguridad que pone en riesgo a quienes ahí conviven.
Los centros penitenciarios, según han evaluado diversos organismos, se han convertido en centros donde se extienden las actividades ilícitas por las cuales los internos fueron apresados.
Sinaloa no es la excepción y el de Aguaruto sigue siendo un penal en el que la vida interna se rige por lo que dictan sus presos, más que por las reglas que impone el marco legal.
Y por eso, es que de manera regular, al interior de esos penales se llegan a cometer delitos algunos de los cuales han terminado con homicidio.
Como ha ocurrido con el caso de un hombre acusado de feminicidio de una menor de edad en un campo agrícola de Navolato, que fue asesinado apenas este martes. Según las autoridades, todo ocurrió por una riña dentro del penal.
Si bien, la sociedad lo que reclama es que haya más seguridad en los espacios que habita, también lo que se requiere es que los centros penitenciarios cumplan con la función que tienen asignada: la de trabajar en la reinserción de quienes han cometido un delito.
Pero hasta ahora, la política pública en relación a la seguridad de los penales ha avanzado muy poco y algunos de esos centros atraviesan por una crisis en la que la gobernabilidad está en manos de los grupos delictivos.
El reto para el Estado mexicano es retomar el control de esos penales, transformarlos y garantizar que se cumpla con las condenas impuestas por el Poder Judicial y asegurar, al mismo tiempo, que quien deje la prisión, lo haga transformado.
Si el Estado no toma esa decisión, las crisis de seguridad en las cárceles mexicanas seguirá prevaleciendo y deberá duplicar el esfuerzo para atender una demanda permanente de la sociedad: la de tener la certeza que habita espacios seguros, certeza que por ahora no tiene.
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