"Guanajuato, la flexible procuración de justicia"

Parece imposible de explicar, incluso con manzanas, cuál es la lógica "científica" con la que se lleva a cabo la investigación policial en México y, por supuesto, en los estados. Tan sólo habría que ver dos casos recientemente acaecidos en Guanajuato.
1. El pasado 24 de octubre, un jueves, Marcos Cruz Martínez, de 29 años de edad y vecino de San Francisco del Rincón, asfixió hasta matar a su esposa Judith Araceli Beach Valdez, de 28 años de edad, después de una discusión iniciada al llegar a su casa después de una fiesta familiar.
Marcos subió el cadáver de su esposa a su automóvil y lo dejó tirado en San Antonio. Autoridades ministeriales y forenses de Jalisco levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue de Lagos de Moreno.
Cuando acudieron a identificar el cadáver, tanto los padres de Judith como el propio esposo, éste decidió confesar lo sucedido y allí mismo fue detenido.
Gracias a esa fortuita situación, un crimen ocurrido en Guanajuato y con todos los tintes de un feminicidio, empezó a ser investigado por el Ministerio Público del estado vecino, no obstante estar confeso el presunto responsable y de que el crimen ocurrió en Guanajuato.
Para efectos estadísticos, es un feminicidio menos ocurrido en Guanajuato, justo cuando el Gobernador Miguel Márquez y su procurador Carlos Zamarripa, tratan de minimizar este problema con todos los argumentos a su alcance.
Con criterio científico, como le gusta presumir a los actuales responsables de la procuración de justicia en Guanajuato, el delito se cometió en esta entidad, mientras que en Jalisco lo único que ocurrió fue el transporte ilegal de un cadáver.
2. Otra vez en jueves, pero ahora el 7 de noviembre, fue localizado en territorio de Guanajuato, a unos cientos de metros de los límites con Michoacán, el cuerpo sin vida del Alcalde de Santa Ana Maya, Ygnacio López Mendoza.
El levantamiento del cuerpo y el peritaje correspondió a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, la cual dio a conocer 24 horas después que la causa de a muerte fue un golpe en la garganta, que provocó una asfixia mecánica. Sin embargo, el subprocurador de Justicia de la Región C, Armando Amaro Vallejo, nunca externó si se trataba de un accidente o un homicidio.
Fue necesario que el acta de defunción de la Secretaría de Salud de Michoacán precisara que se trató de un homicidio, algo que nunca hizo la autoridad ministerial de Guanajuato. El hecho fue confirmado el sábado por la Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, en ningún caso se supo dónde ocurrió el presunto homicidio, si en Guanajuato o en Michoacán.
No obstante la incertidumbre y los continuos discursos sobre la necesidad de cooperar entre gobiernos para el combate al crimen organizado, el Mandatario guanajuatense, Miguel Márquez Márquez, aclaró en entrevistas periodísticas el viernes 8 de noviembre: "este es un asunto más bien de Michoacán".
Hasta aquí la recopilación periodística.
Lo que no resiste ningún análisis es que en dos muertes, presumibles homicidios, se opte por distintas lógicas: en el feminicidio de San Francisco del Rincón se entrega la investigación a Jalisco, porque allá se encontrón el cuerpo, aunque el crimen se hubiese cometido en Guanajuato. En el asesinato del Edil michoacano, encontrado en territorio guanajuatense, y sin certeza alguna de dónde haya ocurrido el hecho de violencia, se opta por entregar la investigación a Michoacán, evitando comprometerse.
Es decir, la ley del embudo, con la boca más ancha para las conveniencias de la procuración de justicia local, aunque se incurra en contradicciones que, de todas maneras, a nadie parecen importar.
Todos los días la Procuraduría de Justicia de Guanajuato envía boletines de prensa con una pomposa redacción donde se alaba, en boca propia, la cientificidad de los métodos policiales y de investigación que se emplean en Guanajuato. Algo que parece un resabio de los meses que pasó en Quántico, Virginia, en un curso policial en el FBI, el procurador Zamarripa.
Sin embargo, los dos casos descritos nos muestran que el bagaje teórico adquirido a orillas del Potomac, con cargo al erario público de Guanajuato, es tan flexible como los métodos de los tradicionales gendarmes mosqueados del caricaturista Abel Quezada.
El viejo espíritu de la ciencia, basado en aplicar siempre los mismos criterios a los mismos fenómenos, aquí ha sido enmendado hasta volverlo irreconocible: el método se adapta, no a las circunstancias, sino a los objetivos.
Con criterios tan a modo, resulta difícil creerle a la PGJE, que de las más de 60 muertes de mujeres ocurridas este año, sólo 12 son feminicidios, como se asegura en la polémica sostenida con acreditadas organizaciones de defensa de los derechos humanos. Tales antecedentes hacen exclamar: a otro perro con ese hueso.