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Empresa
Minería en picada
Alberto Barranco Chavarría
18-03-2009
 
Colocado como el alfil del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, en la lucha por la sucesión en la Bolsa Mexicana de Valores, la candidatura del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, se le podría caer del plato a la boca.

El ex funcionario enfrenta la posibilidad de un juicio por desacato al soslayar un amparo planteado por la empresa Radiomóvil Dipsa, que en la práctica opera como Telcel.

De hecho, la inminencia de una resolución judicial que lo colocara en el banquillo precipitó su salida de la dependencia, en un escenario que rompió la tradición oficial de no destituir funcionarios bajo presión mediática.

Más aún, gran parte de las conversaciones telefónicas del ex funcionario que se hicieron públicas los días previos, reflejan la tensión que vivía ante el embrollo, refiriéndose en muchas de ellas a los actores involucrados.

Para no ir lejos, cuando alude al presidente de la Comisión Federal de Competencia, Héctor Osuna, al que envía a meterse un documento por ahí, habla justo de la prueba que lo hunde.

La historia se inicia con el largo pleito entre las firmas Axtel y Telcel en relación a las tarifas El que llama paga a nivel local y de larga distancia.

Como usted sabe, la empresa de telefonía fija con sede en Monterrey se había inconformado con el esquema, al considerarse que subsidiaba indebidamente a las firmas de telefonía móvil.

En el largo estira y floja, para no entrar en detalles como acusaciones de espionaje contra funcionarios de la Cofetel, o cambios abruptos de señales que cobijaban ahora a la firma reclamante, ésta colocó sus cartas hacia lo que se conoce como negativa ficta, es decir si en un plazo fijado por la ley no había respuesta de la autoridad a su petición, se corría el trámite hacia el superior jerárquica.

El jaque, colocado en la mesa en mayo del 2008, era contra la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El caso es que ésta, de acuerdo a la percepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cayó en la ratonera, lo que obligaba a dar el paso siguiente, por más que la instancia regulatoria nunca aceptó haber llegado al límite.

Lo cierto es que el 13 de junio del mismo año Radiomóvil Dipsa tramitó un amparo por el que se reclamaba que en tal caso la Cofetel cubriera el procedimiento, es decir llenara el expediente para entregárselo a la SCT, alcanzándose una resolución dual.

De entrada, aunque se rechazaba la revisión del escenario de negativa ficta, dado el reconocimiento de la SCT, se le otorgaba en cambio una suspensión definitiva para obsequiar su planteamiento, es decir que la Cofetel completara el procedimiento.

La sentencia llegó en los primeros días de agosto.

El caso es que contra viento y marea el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, emitió una resolución que le daba la razón a Axtel, con la novedad de que ésta la firmó el ex subsecretario de Comunicaciones, Rafael Del Villar, el último día en que ejerció el cargo.

La paradoja del asunto es que cuando la contraparte reclamó el evidente desacato, la dependencia alegó que no tenía conocimiento del amparo, lo cual era falso.

Más aún, se aducía que en tal caso el amparo no era contra ella.

Hete aquí que en el oficio (FT/D04/USV/DGDJ/0832/08) de fecha cuatro de agosto de 2008, el director general de Defensa Jurídica de la Cofetel, Luis Gerardo Canchola Rocha, le comunicó del asunto al director general Adjunto de Normatividad de Sanciones de la SCT, Edgar Olvera Jiménez.

El documento –al que Téllez pretendía que Osuna se lo metiera por ahí-, está sellado el siete de agosto de 2008 por la Dirección General de Política de Telecomunicaciones.

A la letra, éste señala que la suspensión definitiva se concedió respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistentes en la continuación de la tramitación del recurso administrativo interpuesto por Axtel en contra de la supuesta negativa ficta

Más aún, el 12 de septiembre el representante legal de Telcel o Radiomóvil Dipsa, Alejandro Cantú Jiménez, le envió un oficio al titular de la dependencia, Luis Téllez, en el que le daba cuenta de la suspensión a su favor en el asunto, y lo conminaba a dejar sin efecto cualquier acto relativo al dictado, notificación y ejecución de la resolución del recurso de administración derivado del procedimiento administrativo para resolver el desacuerdo.

El hecho es que el seis de octubre, a petición de la nueva subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro Calderón, el abogado Julio Esponda Ugartechea, socio entonces del hoy secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un despacho jurídico de larga trayectoria, le envía un texto en el que se alude al caso, señalándose que la dependencia sí cayó en desacato.

La conclusión del documento de 5 cuartillas señala a la letra que en mi opinión la SCT sí violó la suspensión definitiva concedida a Telcel, debido a que sí resolvió el recurso de revisión en su calidad de superior jerárquico de la Cofetel, cuando se encontraba obligada a cumplir al acto de suspensión sin importar que no tuviera el carácter de autoridad responsable en el Juicio de Amparo.

Más claro, pues, ni el agua.

El caso es que la presión de la funcionaria sobre la ilegalidad del asunto precipitaría su salida de la dependencia y la acusación de haber facilitado a los medios las grabaciones de conversaciones picosas de Téllez.

Como lee usted, pues, el escándalo está vivo, tan vivo que el ex secretario podría ir a la cárcel.

Balance General

Convertida la escasez mundial de créditos en el talón de Aquiles para las empresas constructoras, hete aquí que las firmas internacionales Obrascón, Huarte y Lain; Global Vía Infraestructura, y HSH Investments Limited, emprendieron la graciosa huida al momento de presentar su postura para la licitación convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de libramientos carreteros en Culiacán, Mazatlán, Tepic y Guadalajara.

Las obras se realizarían como parte de las autopistas de cuota Guadalajara-Tepic, Mazatlán-Culiacán y San José del Cabo-Aeropuerto de los Cabos.

Lo grave del caso es que libre el paso para las firmas mexicanas, ni el Grupo ICA ni la Promotora de Desarrollo de América Latina (Ideal) lograron igualar el costo presupuestado por la dependencia.

El concurso se declaró desierto.

Capa caída

De acuerdo a la Cámara Minera de México, de los 20 mil empleos que ha perdido la industria en América Latina, el 16 por ciento corresponde a México, en un escenario en que el panorama tiende a oscurecerse más por la reducción en los precios internacionales… y el escenario laboral del país.

Dos meses después, por ejemplo, continúa en huelga la refinería de la firma Met-Mex del Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, en cuya presión está dejando de pagar a proveedores… para no hablar del año y medio que llevan los paros en la Minera de Cananea y las plantas de Taxco y Fresnillo del Grupo Minera México.

albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx

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