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DEFENSOR DEL LECTOR
Las permutas de los predios urbanos metidas en los zapatos
Adrián García Cortés
01-07-2012
 
Permutas 

Como fin de fiesta en un escenario teatral terminó la semana previa a las elecciones presidenciales. Los actores se lucieron ante los medios de comunicación con una controversia que si bien pudiera terminar en un fallo judicial, también podría concluir en una oportunidad para revisar el entramado legislativo y urbano y ponga en claro la responsabilidad de quienes participaron en la transferencia de suelo municipal a predio particular con valores discordantes sin beneficio demostrado para la comuna.

La trama es muy simple: un ejercicio de autoridad para cambiar de destino predios donados al Ayuntamiento, y una secuela de culpas y disculpas que involucraron a Noroeste como generador de discordia y de mal uso de su capacidad informativa, con lo que se pretende distorsionar las relaciones amistosas entre el Corporativo comunicador y sus lectores.

Todo empezó con tres acuerdos del Cabildo culiacanense del 30 de noviembre del año de 2011, donde el Ayuntamiento aprobó la permuta de cuatro predios de Colinas San Miguel, Isla Musala, Desarrollo Urbano Tres Ríos y El Barrio que eran de su propiedad por terrenos de mayor amplitud pero con menos valor inmobiliario.

De lejos vino el reclamo, de

cerca el final de la fiesta

El periódico Reforma de la ciudad de México, en la tercera semana de junio, fue el primero en traer a flote la denuncia periodística, que Noroeste amplió, como era su deber de servicio a sus lectores, agregando que el traspaso a particulares de predios de alta plusvalía inmobiliaria y destinados a áreas verdes significaba una pérdida cuantiosa del patrimonio inmobiliario del Municipio.

Al calor de la campaña política e inserto en ella como candidato al Senado quien fuera presidente municipal en la fecha de las permutas, no faltaron los reclamos públicos sobre una operación calificada como irregular y hasta fraudulenta; pero el cariz subió de tono cuando uno de los involucrados demandó por vía penal la irregularidad considerada como aviesa y falsa.

Un afectado que tuvo la

osadía de enfrentarse

　

José Santos Madariaga Ceceña y Carolina Aguilar Cota denunciaron y ratificaron su denuncia penal, no contra el Ayuntamiento ni los ediles actores

de las permutas, sino como sujetos involucrados a un señor que se suscribió como su apoderado y al notario público que lo avaló, por sus actos de presunta falsificación, destrucción y uso indebido de documentos de su propiedad en Bachigualato para el intercambio de un predio del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Para ello, apoderado y notario, públicamente desmintieron los términos de la acusación mostrando copia del testimonio otorgado por los esposos Madariaga-Aguilar. Usando el correo electrónico y la dirección alboratados2012@gmail.com, que más parece pseudónimo , como los miles que le llegan a Noroeste, a su vez acusaron a los demandantes de mentirosos , difamatorios y de propalar la "guerra sucia desatada contra Héctor Melesio Cuen", sin que los interesados en ningún momento citaron al candidato. Pero, a la vista de la copia del poder otorgado al supuesto apoderado, no aparece ninguna rúbrica de los quejosos; sólo la suscribe el notario con la salvedad de que su firma es "ilegible".

Los regidores se apresuraron a declarar que la permuta fue legal, y unos contra otros empezaron a culparse, quizás, de cuitas partidarias. El mismo candidato, a su vez, culpó a Noroeste de "atacarlo" con dolo (Noroeste Mazatlán Netzahualcoyotl Cebarllos 26.06.12). Lo que originó comentarios de los lectores, unos para reclamarle omisiones, y otros para felicitarlo por haberse manejado con ética, que " nos permite expresar la realidad en la que vivimos" (Alex). Y resulta (dice Lupita) que ¡ahora el responsable es Noroeste!

Noroeste, lo legal ilegal,

lo urbano en avispero

El problema, si algún valor tiene como registro histórico, hay que analizarlo desde tres perspectivas:

1, la de Noroeste: una vez más es preciso refrendar que el periódico no es juez ni parte en asuntos que son del interés público; su misión es informar, aunque en la misión adoptada de servicio a los lectores se convierta, cuando es necesario, en combatiente de la injusticia y la corrupción. Reconoce el Corporativo que las aplicaciones jurídicas y los juicios finales de las querellas, cuentan con los órganos institucionales a quienes hay que reclamarles, a ellos sí, el cumplimiento de objetivos seguramente asumidos de ley y en testimonios públicos.

2, la de los hechos propalados: los terrenos propiedad del Ayuntamiento, son a menudo objeto de ventas y permutas porque las leyes y los reglamentos así lo permiten. La valoración de tales permutas o ventas quedan sujetas a un mercado inmobiliario cuyos límites son impredecibles. Si hubiera que juzgar tales hechos por la vía legal, podría decirse sin atajo que son legales, y de ahí no prosperará acusación alguna contra el alcalde o los regidores que autorizaron las permutas. En todo caso, si alguna acusación hubiera, es que las leyes o reglamentos que permiten tales hechos son, precisamente, las ilegales, porque no corresponden ni a la realidad ni al objetivo de alcanzar una ciudad digna para todos los habitantes.

3, lo que ha de cuidarse: mucho es lo que han pregonado las doctrinas urbanísticas, las experiencias de los expertos, los planes de desarrollo urbano y la distribución equitativa del suelo y su uso, porque en todos ellos la norma, el principio básico de toda planeación, es la preservación de las reservas territoriales de que Culiacán carece.

En esto último, podríamos hacer una evaluación de todas las leyes, desde la Constitución de la República hasta los reglamentos municipales, y con ella revelar que, pese a todos los esfuerzos por mejorar los ámbitos urbanos y sociales, ninguna ciudad tiene que vender o traspasar sus tierras con el mercado de los bienes raíces, sino, al contrario, lograr el mayor número de predios que le permitan a la traza urbana crecer en armonía con la naturaleza.

Y aquí, tendríamos que establecer un equipo de juristas, urbanistas, arquitectos, ciudadanos, para emprender la revisión de los instrumentos legales con que vivimos, y, en primer lugar, normalizar reglamentariamente los predios municipales para uso exclusivo de los servicios públicos.<> 

adrian.garcia@noroeste.com

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