"5 años del PAS"

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, integrada por los consejeros María Magdalena Lozoya Avendaño, Luis Alfonso Armenta Pico y Enrique Vega Ayala, del desaparecido Consejo Estatal Electoral, presentó el 14 agosto de 2012 ante el pleno un proyecto de dictamen riguroso de los documentos básicos para obtener el registro legal de un partido estatal, que de pasar la aduana institucional se denominaría Partido Sinaloense.

Este documento es una joya de más de 70 cuartillas. Los miembros de la citada Comisión se aplicaron con espíritu democrático y señalaron puntualmente todo lo que consideraron que concentraba el poder y limitaba los derechos políticos de los militantes, por lo que llamaron a corregir conforme a derecho el poder que se le otorgaba a los miembros de los órganos de dirección (Para quien desee consultar este documento remitimos a la siguiente dirección del IEES: http://admin.ceesinaloa.org.mx/Sistema/include/Archivos /2/2/ Adjuntos/ 02DICTAMENREGISTROPAS.pdf).

Los comisionados electorales mencionados requirieron a Joel Salomón Avitia y a Noé Quevedo Salazar, presidente y secretario general, respectivamente, de una “asociación de ciudadanos sinaloenses” que se acreditaba como promotora del nuevo partido y se les solicitaba para que en un plazo no mayor a 60 días, la todavía asociación atendiera las observaciones y quedaran explícitas en los documentos básicos.

Esto fue corregido en tiempo y forma y hoy se puede constatar en beneficio de los miembros del partido. Sin embargo, cabe la pregunta, si las correcciones en tales documentos cambiarían automáticamente las rutinas de una organización de suyo altamente personalizada, y por ende con escaso juego democrático.

Se dice frecuentemente que la cultura es lo último que cambia en una persona, y si a esto le agregamos que hay incentivos para no cambiar, por qué habría de cambiar y no acatar lo que podríamos calificar de “legalidad de facto”.

El PAS formalmente es un partido como cualquier otro de militantes, sin embargo, en muchos sentidos es un partido de una sola persona. Ésa es al menos la percepción que existe en franjas dentro y fuera del partido, no hay decisión importante que no pase por las manos y los humores de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Y es comprensible que así sea, el partido es una creación suya, fue largamente madurada y es lógico que ese derecho se lo reserve como propio. Además, por qué no hacerlo, sí está hecho a imagen y semejanza y le ha dedicado al menos la última década de su vida. A lo sumo delega algunas cosas, especialmente aquéllas que tienen que ver con la UAS, pero como se dice coloquialmente, lo hace con un “ojo al gato y otro al garabato”.

Entonces lo que tenemos es que en torno al PAS existe un legalidad de jure y otra de facto, legítima en cuanto existe una aceptación tácita de los militantes. Igual que otros partidos, con la diferencia de que la mayor parte de los incentivos están vinculados a la relación que cada uno tiene con la UAS. No es casual que la mayoría de su militancia, sus candidaturas y quienes hoy detentan cargos de representación política, sean o fueron miembros de la Universidad, incluso es probable que algunos de ellos sigan apareciendo en su nómina.

Es ahí donde radica el carácter de Universidad-Partido, es decir, una institución educativa que combina la prestación de servicios profesionalizantes y tolera el control que sobre ella tienen los miembros de este instituto político.

Esto que Cuén Ojeda ha llamado “mito” y que la ex militante pasista Malú Reyes, ha revelado que la estructura del PAS está montada sobre la UAS.

Y eso no debería ser así, las universidades de acuerdo a nuestra Constitución política en su artículo tercero, fracción VII señala: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.

Mejor todavía, el artículo tercero de la ley orgánica uaseña establece que: “La Universidad es democrática por sus formas de organización, gestión, liderazgo y solución de diferencias. Es promotora de la transparencia institucional y la rendición de cuentas, es creativa, eficiente y consecuente de la regulación democrática. Promueve un modelo de educación donde profesores y alumnos, en un clima de respeto y tolerancia, participan responsablemente y de modo diverso en la orientación, planeación, desarrollo y evaluación de los procesos educativos”.

O sea, en estos textos, no hay nada que justifique esta influencia patrimonialista en la conducción de los asuntos enteramente universitarios, donde no se mueve nada importante sin la autorización de quien maneja los resortes del PAS.

Lamentablemente no es el único caso que tenemos en el País con sus propias especificidades en otras instituciones de educación superior. Está la Universidad de Guadalajara, donde Raúl Padilla ejerce un patronazgo a través del Grupo Universidad que lleva tres décadas; están la Universidad de Colima, donde el priista Fernando Moreno Peña tiene control de esa universidad desde finales de los ochenta, incluso su omnipresencia en el estado que llegó a gobernar estuvo a punto de costarle su vida luego de un atentado; otro más es Alejandro Mungaray en la Universidad Autónoma de Baja California, quien desde 2002 ejerce el poder y tiene control sobre la Junta de Gobierno.

Sin duda, el caso más emblemático es el del clan que dirige Héctor Israel Ortiz Ortiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (1983-1987) y ex Gobernador del estado (2005-2011), quien tiene control absoluto sobre esta universidad y reformó la ley orgánica para que el Gobernador, o sea él, designara a su sucesor que curiosamente resultó su hermano Serafín, y en 2006 formó, al igual que Cuén Ojeda que lo haría en 2012, el Partido Alianza Ciudadana del que por supuesto es presidente de su consejo mayor.

En definitiva, hoy existe una regresión en varias universidades públicas porque sus rectores tienen aspiraciones políticas y utilizan a las instituciones y los recursos públicos para sus propios fines, por eso quizá cuándo la comisión ad hoc del CEE observó con lupa los documentos básicos no quiso pasar de omiso y señaló todo aquello que alimentaba la concentración del poder en el partido y por extensión a la UAS.

Ahora es tarea de los militantes pasistas hacerlos valer, como también de los universitarios que quieren una institución sin control partidario.

Finalmente, me preguntaba Gabriel Mercado en una entrevista para el noticiario web de Noroeste, ¿cuál era el balance de la existencia del PAS?, mi respuesta fue sencilla. Los partidos generalmente tienen clientelas, las del PAS son principalmente las de la UAS, y los beneficios que esta institución ha recibido podrían medirse en forma directamente proporcional en el retroceso que han manifestado sus libertades.