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"OBSERVATORIO"

"Al alza los delitos comunes Despojos que calan hondo"

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OBSERVATORIO

    El robo domiciliario  y de automóviles les está pegando muy duro a los sinaloenses con el doble impacto de afectar el patrimonio familiar y alimentar la emoción de ira en la gente que siente que las autoridades son parte del problema, debido a policías corruptos que protegen a los delincuentes y cohabitan con ellos.

    Es la cifra negra que se agazapa tras los ilícitos de alto impacto que a diario cimbran a Sinaloa. El despojo impune, alevoso e impensado que pone a llorar a los hogares, pues es la escoria que cae sobre vidas de por sí diezmadas por la miseria.

    Aunque las estadísticas oficiales maquillen con mentiras la autenticidad del fenómeno delictivo que golpea abajo, las familias con un modo de vida honesto y de esfuerzo, en cualquier sector de las ciudades lamentan la embestida de malandrines de poca monta que las están dejando en la desesperación.

    Quién le va a creer a la Fiscalía General del Estado que de enero de 2017 a la fecha se han registrado solo 129 robos en casas habitación si tal incidencia es rebasada en una sola colonia de Culiacán, Mazatlán o Los Mochis. Lo que pasa es que los afectados se quedan con el agravio guardado en el silencio y van nutriendo así el desconsuelo que abomina el desgobierno.

    Pero aún con las estadísticas  embusteras, la Encuesta Nacional de Victimización  y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) estima que la cifra negra en delitos que afectan el patrimonio familiar fue del 93.7 por ciento en 2015. Es decir de cada cien casos ni siquiera diez fueron hechos del conocimiento de las autoridades.

    De ser así, en los primeros cuatro meses del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel se habrían cometido más de 10 mil robos en casas habitación, 30 mil robos a local comercial abierto al público y en el caso de robo de vehículos, que sí se denuncian por tener evidencia ministerial al cobrar el seguro, 2 mil 500 de enero a abril.

    Este es el tamaño de un agravio que mata cualquier fe en las instituciones. Lo aceptamos: ni el Gobernador ni los alcaldes pueden o quieren enfrentar a la alta delincuencia; pero ¿qué les pasa al tratarse de afrontar el delito común?

    Nadie le va a creer al Gobernador Quirino Ordaz Coppel ni a los presidentes municipales la oratoria de la seguridad pública cuando la mayoría de los sinaloenses se halla a expensas del delito común y decide omitir la denuncia porque no sabe si los policías operan para coludirse con las bandas de delincuentes o para cuidar a la población.

    A ese pozo oscuro de la decepción se está yendo el fruto del esfuerzo de muchos años de miles de familias. El patrimonio está pasando con absoluta facilidad a manos de malhechores que se hinchan de insolencia al saberse lejos, inalcanzables la mayor de las veces, de la justicia.

    Esto duele mucho. La derrota de los gobiernos estatal y municipales en las tareas de combate al crimen organizado  podría ser una excusa creíble por la evidente superioridad numérica y táctica de la cual hace alarde el hampa, sin embargo el fracaso también en prevención y castigo del delito consuetudinario no tiene justificación a no ser la ineptitud gubernamental.

    No la frieguen. Ya pónganse las pilas.

     

    Re-verso

    Menos crema a sus tacos,

    Entiendan la desventura,

    De la gente que la ve dura,

    Al ser rehén de los cacos.

     

    Duda tardía

    Los cercanos al Gobernador Quirino Ordaz Coppel afirman que por lo menos ya se está haciendo la pregunta de si Juan José Ríos Estavillo es el Fiscal General que Sinaloa necesita. Algo es algo.

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