Roberto Blancarte
El encuentro del Obispo de Chilapa-Chilpancingo con uno o varios de los capos del crimen organizado en esa región es sumamente inquietante, por varias razones. El hecho hace evidente que, por lo menos en esa zona del país el Estado mexicano no impera, ni mucho menos impone la ley e imparte justicia. Allí los jefes son otros y todo mundo lo sabe. Al grado que el obispo “tuvo” que conferenciar con ellos. Lo normal hubiera sido que, si el Obispo estaba preocupado por la situación de los pobladores de una comunidad, acudiera a las autoridades competentes para que lo resolvieran. Cuando en lugar de eso, decide ir con el jefe del crimen organizado, quiere decir que le está otorgando una legitimidad en la gestión de la fuerza y la violencia en la zona. El problema con esto es que, después, el propio Obispo no puede denunciar al capo, porque de hecho se puso de acuerdo con él, acordó cosas y luego transmitió sus condiciones “democráticas” al gobierno, partidos y ciudadanos mexicanos: o respetan el voto o los mato. Para mí, eso se llama complicidad. Si alguien más lo hubiera hecho, supongamos por ejemplo un Presidente Municipal, y luego se hubiese filtrado a la prensa el encuentro, todos estaríamos denunciándolo, como fue el caso de la Tuta y algunos parientes del entonces Gobernador de Michoacán. ¿Se vale entonces pactar cosas con los líderes del crimen organizado si se es dirigente religioso? ¿Tienen ellos una especie de derecho especial del cual no gozamos el resto de los mexicanos? La declaración del Secretario de Gobernación (la ley debe acatarse) es un chiste.
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