"¿Autoritarismo o legitimidad?"

“La fuerza del Presidente no debe estar en su autoritarismo sino en su legitimidad ganada”, escribe Pedro Ángel Palou en su obra más reciente “Tierra Roja. La novela de Lázaro Cárdenas”. En lugar de Presidente pongamos Gobernador y pensemos en Quirino Ordaz Coppel.

 

Maquiavelo le dice al Príncipe que más vale ser temido (es decir, autoritario) que amado (legítimo) en las artes de gobernar, cosa con que seguramente Donald Trump estaría de acuerdo; pero Maquiavelo hablaba en una época en la que no se conocía la democracia por ningún lado. Defender esta idea en el marco de una sociedad que se pretende liberal y democrática no es nada recomendable. Y menos cuando un Gobierno y su partido padecen el mayor rechazo ciudadano de la historia, tal y como sucede en México.

 

Quirino seguramente no se ve como un Gobernador autoritario. Pues sí, quizá su persona no lo sea, pero el partido y el sistema político en el que está montado lo siguen siendo. Una de las características de un gobierno autoritario es que no escucha a sus ciudadanos y no les reconoce ni concede poder. ¿Pero por qué un sistema político actúa autoritariamente?

 

Puede ser que ni se dé cuenta que lo sea y simplemente proceda por inercia cultural y/o ideológica, pero esto sin duda no es el caso del sistema político mexicano. Lo más probable es que proteja privilegios, normas (muchas no escritas) y pautas que le permiten el control de la sociedad y el goce del poder.

 

Lo que llama poderosamente la atención es que si los políticos del PRI están a la orilla del precipicio y a punto de perder el poder presidencial en 2018, y antes el estatal en Coahuila, Nayarit y el Estado de México, precisamente porque se les califica y ve como autoritarios y corruptos, ¿por qué no hacen un esfuerzo real en proceder de otra manera?

 

El discurso del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, sin duda ordenado desde Los Pinos o habría que decir, más bien, desde cualquier oficina donde esté Luis Videgaray, ha insistido en el combate a la corrupción y lo mismo dicen los secretarios de Estado, legisladores, gobernadores, alcaldes y, por supuesto, también Quirino Ordaz Coppel; pero cuando llega la hora de la verdad, sucumben ante sus viejas prácticas.

 

Si no es así, ¿por qué carambas el Gobernador de Sinaloa va a decidir en última instancia quién será el Fiscal General y no un consejo ciudadano? ¿Por qué no legitimarse a profundidad permitiendo que los ciudadanos sinaloenses elijan autónomamente al Fiscal General? ¿Por qué no dar un paso importante para ir limpiando la corrupción y la impunidad en nuestro estado? ¿Qué se oculta, qué se protege, qué se teme?

 

Apenas un mes y Quirino ya empieza a perder reconocimiento y aceptación ciudadana. La rechifla en el nuevo estadio de Los Tomateros fue el primer gran aviso.

 

La periodista tijuanense Adela Navarro Bello, en su columna del diario digital Sin embargo.com del pasado 15 de febrero describe, sobre todo observando el caso de Veracruz, lo que ella llama “El organigrama criminal del sistema político mexicano”, estructura contra la cual ningún gobernante ha hecho ningún esfuerzo por desmontar. Ni, por lo visto, lo pretende hacer Quirino.

 

“El Gobernador que transa y roba a la cabeza de la estructura criminal. En calidad de copartícipes, el Secretario de Finanzas que autoriza los pagos con recursos del Estado, el Contralor del Estado, quien debiera supervisar que todas las transacciones, licitaciones, convenios, contratos, y demás por parte del Gobierno del Estado, se lleven a cabo de manera legal, y en caso contrario, investigar y sancionar a los funcionarios responsables u omisos. El Oficial Mayor del Gobierno, responsable del inventario de bienes, la adquisición de los mismos, y el buen uso y destino de todos”.

 

“Como responsables directos están los Diputados del Congreso del Estado, los mismos que aprueban los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos, avalan la petición de créditos por parte del Gobierno, autorizan los gastos millonarios, aprueban los egresos y avalan el gasto del Estado. Responsables directos también, quienes laboran en la Auditoría u Órganos de Fiscalización del Estado, quienes en la revisión de las cuentas públicas, deben revisar que los dineros hayan sido utilizados no solo de manera responsable, sino legalmente en beneficio del Estado y los gobernados. Detectar las compras ilícitas, los sobreprecios, las empresas fantasmas y los dineros desviados, para recomendar investigaciones y presentar denuncias”.

 

“En calidad de responsables abstractos están los partidos políticos de la oposición, que representados en el Congreso del Estado, en entidades federales, en los mismos institutos políticos, deben ser el contrapeso de un gobierno, señalar los excesos, los abusos, las omisiones y las transas, y presentar denuncias ante la autoridad responsable. Lo mismo los grupos de la sociedad civil organizada, quienes deben estar vigilantes de los gobiernos para señalarlos en casos de corrupción evidente, y exigir transparencia y rendición de cuentas”.

 

“La estructura de la fiscalización, el manejo de los recursos en los Estados de la República Mexicana, se ha convertido en un organigrama criminal del servicio público”.

 

Posdata

La PGR recurre a argucias para retrasar la pesquisa en Andorra en torno al caso de Óscar Lara Aréchiga, dice la Jornada el 15 de febrero. La juez que lleva el caso hizo una segunda petición a la PGR y esta le respondió que aportara nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número identificativo del diputado titular de la citada cuenta; “es decir la misma información que reclama (la juzgadora) en su petición de auxilio judicial”.