"Cómo ganar credibilidad"

Como tantas veces, el escándalo de corrupción fue develado en el extranjero y fue la presión de fuera la que obligó al Estado mexicano a prestar atención al asunto. Se trata del caso Odebrecht uno de los mayores fraudes (800 millones de dólares) que afecta a 10 países de América Latina y, al menos, a los presidentes o ex presidentes de Perú, Brasil, Panamá y Colombia. Tuvieron que rodar 70 cabezas de funcionarios públicos en Brasil, Estados Unidos tuvo que dar a conocer en diciembre de 2016 que Odebrecht había pagado millonarios sobornos a funcionarios mexicanos y Perú tuvo que haber cobrado la garantía por 262 millones de dólares a esa empresa por incumplimiento de contrato del proyecto del gasoducto sur, para que México comenzara a hacer algo.

 

Todo esto tuvo que pasar, aunque según la investigación de Mexicanos contra la Corrupción conducida por Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, ya desde 2010 la Auditoría Superior de la Federación había detectado múltiples irregularidades que no llevaron ni a que la PGR investigara ni tampoco a que Pemex dejara de hacer adjudicaciones directas, le cediera el negocio del etileno a Odebrecht o se pusieran medidas preventivas para detener a los cinco funcionarios de Pemex -aún no identificados públicamente- que recibieron sobornos por la cantidad de 10.5 millones de dólares a cambio de contratos entre 2010 y 2014. 

 

La trama es muy compleja pues incluye paraísos fiscales, contratos encubiertos, obras por dedazo, pagos ilegales, cobros en exceso e incumplimientos, pero puede consultarse en ( https://contralacorrupcion.mx/web/lanegrarelacion/index.html)

Al parecer el Gobierno de México ya está manos a la obra. Hace dos meses, luego de que ejecutivos de Odebrecht admitieran ante una corte federal en Nueva York, haber sobornado a funcionarios mexicanos se abrieron investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública y de Pemex. El pasado 17 de febrero, el Procurador Cervantes asistió a una reunión convocada por la Procuraduría de Brasil en la que se pactó con otros nueve países la conformación de equipos conjuntos y multilaterales para investigar los presuntos delitos de corrupción de los directivos y empleados de Odebrecht. Ahí se firmó la Declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción para seguir con la indagatoria sobre los ilícitos haciendo uso de todas las normas legales e instrumentos internacionales a la mano. Ya veremos en qué acaba esta cooperación internacional. 

 

Son pocas las medidas que en este sexenio se han tomado contra la corrupción. El compromiso más serio ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el que participaron el Presidente, los legisladores y la sociedad civil que empujó con buenos resultados un buen diseño institucional y siete leyes que lo respaldan. El SNA tardará en dar resultados. Súmele que, por tercera ocasión, los senadores dejaron vencer el plazo establecido para enviar el dictamen de idoneidad de los candidatos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Como si no estuvieran conscientes de que, sin el Fiscal, el SNA no podrá quedar instalado.

 

Otros países están poniendo el ejemplo. Sin esperar a largas discusiones legislativas y a negociaciones que siempre acaban por descafeinar las leyes el Presidente de Perú anunció medidas que sin lugar a duda muestran un compromiso creíble por parte del Ejecutivo para abatir algunas de las causas de la corrupción además del caso Odebrecht. 

 

Uno, decreto legislativo para que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado.

 

Dos, muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado.

 

Tres, Incorporación obligatoria de una cláusula contra la corrupción en los contratos de concesión con el Estado. 

 

Cuatro, triplicar el presupuesto de la Fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos. 

 

Cinco, creación de un sistema para recompensar a ciudadanos honestos que denuncien actos de corrupción, esto es, quienes ayuden a sentenciar y acorralar a los corruptos serán premiados y protegidos. 

 

Seis, utilizar la garantía por 262 millones de dólares cobrada ante el incumplimiento financiero del consorcio liderado por Odebrecht para mantener el proyecto del Gasoducto del Sur y licitar un nuevo contrato. 

 

Siete, la decisión de publicar toda la información personal del Presidente y la de sus ministros a raíz de la recomendación de la Comisión de Integridad instaurada al inicio del gobierno.

 

Ocho, impedimento para que las empresas que aceptaron culpabilidad o sentenciadas por corrupción puedan transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con sus obligaciones de pagos a los trabajadores, proveedores y la reparación que tendrán que pagarle al Estado. Incluso estas empresas tendrán que pedir autorización para vender sus activos y se paguen las multas correspondientes. Todo esto, además de hacer lo legalmente posible para que el ex Presidente Toledo regrese al país a aclarar su situación frente a la justicia. 

 

Estas medidas le serían útiles a nuestro país, evidenciarían el compromiso anticorrupción y elevarían la confianza en este gobierno.