"Condiciones de vida de los desplazados de la sierra"

Los desplazados de la sierra sinaloense, a lo largo de los años han construido una ruta a seguir que llamamos circuito migratorio: de sus localidades de origen se dirigen, primero, a las cabeceras de sus respectivos municipios. Quienes tienen parientes en el lugar, pueden quedarse ahí, pues sus familiares les conseguirán trabajo; pero los que no, lo buscarán por sí mismos en las ciudades de “abajo”, en los valles, en las cuales hay más fuentes de empleo: en el turismo, en la construcción o en la agricultura desarrollada. El circuito migratorio continúa a todo lo largo del noroeste mexicano, cruzando los municipios que ahí se encuentran. En síntesis apretada: se desplazan de la sierra a los valles, de los valles hacia la frontera con Estados Unidos.

 

El municipio de Mazatlán es un municipio de tránsito de desplazados. No solo la ciudad principal, sino la segunda en número de habitantes: Villa Unión. A esta cabecera de sindicatura llegan ellos y ellas -y migrantes de estados del sur de Sinaloa- buscando emplearse, los hombres, en la albañilería o en los campos agrícolas, las mujeres, además de en la cosecha de algún producto del campo, en el servicio doméstico. Los orígenes geográficos de todos ellos son las localidades ubicadas en el cordón serrano de Escuinapa, Rosario, Mazatlán y San Ignacio. Así ha sucedido desde que la violencia existe por allá, pero principalmente a partir de los años 2008 y 2009, cuando las tendencias estadísticas (como en otros estados del país) tuvieron un marcado “pico”.

 

Al llegar a los valles, las personas se asientan en cualquier lugar: levantan chozas donde sea... y que suceda “lo que Dios quiera”. Así es cómo, con personas huyendo de la violencia, nacieron lo que hoy son las colonias mazatlecas San Antonio en la periferia de la cabecera municipal de Mazatlán, y 7 de Abril en la sindicatura de Villa Unión. En ambas colonias los habitantes tienen condiciones desesperantes: las calles tienen un deficiente alumbrado público (el cual se reduce a algunas bombillas mortecinas); desconocen el empedrado y -es ocioso decirlo- carecen de drenaje. Las “casas” son de cartón o de madera, pisos de tierra y de un solo cuarto (que hace las veces de cocina, comedor y dormitorio) en donde se hacinan de tres a siete personas. Esas casas, si bien cuentan con energía eléctrica, carecen de medidores individuales y los usuarios pagan recibos colectivos. Lo mismo sucede con el servicio de agua potable, pues los suministros son en tomas colectivas, las cuales funcionan un día sí y varios no. No es ninguna casualidad que las enfermedades gastrointestinales sean las que predominen. 

 

Las cosas no terminan ahí. En tanto que la mayoría de los colonos tuvo que dejar abruptamente sus lugares de origen, algunos de ellos carecen de documentos de identidad (credencial del INE, por ejemplo) y un tanto de los niños ni siquiera están registrados en las instancias civiles. A los adultos en tales circunstancias, se les dificulta encontrar trabajo, mientras que a los infantes no se les puede inscribir en las escuelas y, si acaso lo logran, la discriminación social y cultural es la permanente: son los “sierreños”, los “cheros”, los “invasores”. Y así viven -sobreviven- en las periferias de Villa Unión y la ciudad de Mazatlán, por lo menos desde hace siete años: dejaron sus paraísos para vivir, forzados, en la miseria. Por cierto, en caso de que un foráneo a tales colonias quiera describir las condiciones de vida, utilizar el concepto “pobreza extrema” será una tibia tautología.

 

Pues bien; líderes de la Colonia 7 de Abril tienen años solicitando la intervención de las diferentes instancias gubernamentales. Es cierto que la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) ha respondido al llamado, pero es necesario que lo haga con más contundencia pues el suministro de agua es aún muy deficiente. También es cierto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho lo suyo, al menos de manera elemental, aunque todos los gastos de cableado hayan corrido a cuenta de ellos mismos, y alguien nos decía que en ocasiones los empleados han recogido el material sin autorización de los dueños, los colonos.

 

Pero existen otros desplazados en las cabeceras municipales de El Rosario, Escuinapa, San Ignacio. También los hay dispersos en otras colonias de la ciudad de Mazatlán como en Urías y en la Francisco Villa. Todos ignorados, todos bocabajeados. Ni siquiera existe un censo de ellos, ni dependencia que los atienda, a pesar de estar obligadas, como la Sedesol y otras del Gobierno federal, y las de los gobiernos del estado y municipales. Los políticos que las dirigen están esperando, quizá, tiempos electorales: para entonces, los nombres que los colonos desconocen, sonarán con insistencia. O quizá sean leídos antes. Así las cosas.