"Cuentos chinos"

 

La respuesta de los nuevos gobernadores ha sido pedirle dinero a la Federación. Ésta no se los ha dado. Tiene razón, siempre y cuando sea parejo con todos y no favorezca a las entidades donde habrá elecciones el año entrante. Rescatar a los estados quebrados sería premiar el descontrol y el despilfarro.

 

La Federación está conformada por estados libres y soberanos. Esto lo tienen claro los gobernadores cuando la Federación los presiona para actuar en cierto sentido. Se les olvida cuando extienden la manita para pedir dinero o, en las recurrentes crisis de seguridad, la protección de las fuerzas federales.

 

Sin embargo, el Gobierno federal es cómplice, en el mejor de los casos por omisión, de ese desorden. La Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por miles de millones de pesos en varios estados y presentó ante la PGR decenas de denuncias. 

Ésta no hizo nada. Tampoco fueron efectivos todos los instrumentos en manos del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar las increíbles redes de corrupción y lavado de dinero, tanto por su monto como por su descaro. Abrir una empresa y registrarla ante el fisco está plagado de controles para un ciudadano común y corriente. No para las empresas fantasmas utilizadas por gobernadores. Los empresarios se quejan de todas las dificultades para poder cobrar un contrato celebrado con el Gobierno. No cuando se es el prestanombres del Gobernador. Los controles en el SAT obligan a los causantes a tener que renovar recurrentemente la firma electrónica con datos biométricos. No debe haber sido así para la mamá del Gobernador. Estas redes de corrupción organizada caen bajo la ley de crimen organizado, también de responsabilidad federal. Más claro aún si estuvieran vinculadas con el narcotráfico, como el caso del ex Gobernador priista de Tamaulipas Tomás Yarrington. 

 

También es responsable del desastre el propio Congreso. Tras el escándalo de las deudas y desvíos en el anterior Gobierno de Coahuila, se aprobó una ley para evitar que los gobiernos estatales o municipales pudieran guardar deudas en los cajones. Sin embargo, no ha entrado en vigor, en parte por una diferencia entre ambas cámaras legislativas de cuál debería ser responsable de su vigilancia. Las entidades hoy deben más de 500 mil millones de pesos, cinco veces más que hace 15 años.

 

Celebro que el Gobierno federal no se ponga a rescatar estados quebrados, pero encuentro frustrante su pasividad frente al desfalco. Debe ayudar a meter a los ex Gobernadores transas a la cárcel y recuperar el dinero robado. Ya hay un primer éxito de esto último en Veracruz. Lo revelador es que fue gracias a la información proporcionada del recién llegado Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, desde que era candidato. ¿No tiene la autoridad capacidad de encontrar esa información? ¿O más bien no le interesa hacerlo? 

 

Sin una actitud ejemplar contra los gobernadores delincuentes estas sorpresas seguirán sucediendo en cada cambio de Gobierno. Se suponía que Humberto Moreira sería el último en poder hacer estas canalladas. Como nada hizo el Gobierno frente a todas las evidencias de desvíos de los recursos públicos (el mexicano me refiero, el de Texas ha recuperado dinero desviado del erario de Coahuila), nada cambió.

 

Para el año entrante, además de todos los problemas de inseguridad, presión de grupos clientelares, necesidad de ajuste de las finanzas públicas, implicaciones de la presidencia de Trump, el país tendrá que enfrentar las presiones de los grupos afectados por el impago de muchos gobiernos estatales. Estas entidades quebradas son un problema, pero el riesgo mayor es que se estén acumulando sorpresas similares en las finanzas federales. Supuestamente la contabilidad de las finanzas públicas federales es de mayor solidez. ¿Cómo podemos saber que no se están cocinando problemas que simplemente no podemos anticipar ahora? ¿Qué garantías tenemos de que el futuro Presidente de México no encuentre cuentos chinos como los encontrados en varios gobiernos estatales?

 

Ya lo hemos vivido. Se llama crisis de fin de sexenio. Son de un alto costo social. Era algo que supuestamente habíamos dejado en el pasado. Por ello el Gobierno debe cumplir el ajuste prometido en las finanzas públicas para el año 2017 y revelar cualquier pasivo no explícito para asegurar una transición de Gobierno con estabilidad. No hacerlo es vulnerar la soberanía nacional y lesionar por varios años el patrimonio, ingreso y bienestar de los mexicanos. 

 

De no hacerlo, ya conocemos cuál es el cuento de terror que viene. El encargado de ayudar a limpiar el desorden es el odiado FMI. Quien paga las cuentas somos siempre los ciudadanos.

@carloselizondom

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey