Rafael Morgan Ríos

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Ante los graves problemas de corrupción que se han estado presentando en México, principalmente en la administración pública, se ha estado discutiendo si la causa está en el ADN de los mexicanos o si es una degeneración cultural que se ha estado generalizando pues participan no sólo funcionarios públicos sino también empresarios, líderes sindicales, universitarios, políticos y hasta maestros, jóvenes y niños. Lo que sí parece necesario es enfocar el problema como una enfermedad social que requiere un proceso curativo y además debe tratarse promoviendo culturas positivas a través de buenos maestros (que las hay), padres de familia, buenos dirigentes empresariales, políticos y funcionarios públicos honestos (que también las hay).

Se requiere entonces promover una Cultura de la Legalidad para que, en primer lugar, los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes respeten la ley y envíen mensajes en ese sentido a la sociedad.

La Cultura de la Legalidad requiere leyes claras e instituciones para su aplicación y supervisión, como la actual Ley General Anticorrupción que, por cierto, muy sospechosamente no se ha logrado implementar. Esta ley, además de que contiene las necesarias sanciones, incluye también la Participación Social tanto en la selección de los actores encargados de su cumplimiento como en su vigilancia. Los mismos ciudadanos deben responsabilizarse del cumplimiento y respeto a las leyes, desde el hogar, la escuela, el trabajo y las diversiones, e insistir ante legisladores y candidatos las reformas y nuevas leyes que impidan y castiguen la violación de las leyes.

La Anticultura de la Ilegalidad en la que no hay disposición de cumplir y respetar la ley o, como comúnmente se dice, “sacarle la vuelta a la ley”, se agrava cuando existe un exceso de normatividad, con leyes además mal elaboradas, repetidas y contradictorias; si a esto se agrega el que las violaciones a la ley no se castigan o se hace en forma leve, con impunidad manifiesta, esta “anticultura de la ilegalidad” se acentúa y se generaliza.

Así como existe una anticultura de la ilegalidad, existe también una “Anticultura de la Opacidad”, pues nuestros gobernantes y políticos ocultan las “cosas públicas”, por motivos políticos, personales, por conveniencia o por inercia, pero también para ocultar actos de corrupción o de ineficiencia; es común también “reservar” asuntos más allá de lo que la ley autoriza, así como desinformar en lugar de informar para desviar la atención. 

La Cultura de la Transparencia en cambio, debe partir de la necesidad que tiene el gobierno de lograr la confianza de la sociedad. La Ley General de Transparencia contiene todos los elementos para promover la transparencia de los actos públicos que, precisamente por ser “públicos” deben darse a conocer; sin embargo, todavía se puede violar o no cumplir esta normatividad con dosis de impunidad, pues las sanciones son leves o de difícil aplicación. La Cultura de la Transparencia es fundamental para combatir la corrupción y para informar e interesar a la ciudadanía en la cosa pública.

Como una degeneración histórica de nuestros gobernantes y dirigentes políticos y sociales de que “los siervos sólo tienen que callar y obedecer”, existe una Anticultura de la No Rendición de Cuentas, pues se considera que el poder y los recursos no requieren se informe sobre cómo se obtienen y cómo se gastan. De esta forma, se oculta no sólo la corrupción sino también la ineficiencia, que muchas veces es más cara y con consecuencias más graves, como quedó de manifiesto con el llamado “socavón” y las deficientes construcciones que no soportaron los sismos de septiembre. Los ciudadanos y la sociedad en general no están conscientes de su derecho de exigir cuentas a los gobernantes, organizaciones y directivos quienes ejercen recursos públicos, ante lo cual los gobernantes aprovechan para no informar sobre los recursos que deben administrar con probidad y eficiencia.

Urge pues una “Cultura de la Rendición de Cuentas” que se inicia desde “arriba”, es decir de dirigentes políticos y sociales conscientes de su responsabilidad de informar y rendir cuentas de su actuación y desde abajo, concientizando a los ciudadanos y sociedad en general, para que exijan se rinda cuenta de los impuestos que se aportan para beneficio común y no de los gobernantes.

En artículo posterior se comentarán otras anticulturas que se están sufriendo y las correspondientes culturas que se requieren.