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"Opinión"

"¿Deben estar las iglesias en la esfera pública?"

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24/04/2017

    Roberto Blancarte

    roberto.blancarte@milenio.com

    Twitter: @rblancartecolm1

     

     

    Es evidente que la religión, o las iglesias y agrupaciones religiosas en particular, tienden a meterse en la esfera pública, aunque esté penalizado por las leyes, ante la vigilancia, pero en ocasiones desafortunadamente también ante la indiferencia de las autoridades competentes, que en el caso mexicano, por ley, son las federales y para efectos electorales, también las estatales. 

     

     

    Caso positivo: hace unos cuantos días el Instituto Estatal Electoral de Nayarit rechazó la nominación por parte del Partido Encuentro Social, de un ex Pastor de una Iglesia cristiana (evangélica), por no cumplir con los requisitos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual establece la obligación para cualquier ministro de culto de haber renunciado a su cargo cinco años antes del inicio de la campaña electoral. Hay que decir que esta ley federal en realidad favorece a los ministros de culto de algunas Iglesias protestantes o evangélicas, ya que estos ministerios no son necesariamente permanentes (es decir, un pastor puede serlo, dejar de serlo y volver a serlo en varias etapas de su vida), mientras que en el caso de la católica el ministerio sacerdotal es permanente y además el Código de Derecho Canónico establece (canon 285) que a los clérigos les está prohibido “aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil” y señala (canon 287) que “no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común”.

     

     

    Caso negativo: Más allá de las cuestiones estrictamente partidistas, lo cierto es que algunos líderes religiosos tienden a inmiscuirse en cuestiones de política general, bajo la lógica de que ellos están buscando esa promoción del bien común. Y al hacerlo, en muchos casos se convierten en actores políticos que, en el supuesto de esta búsqueda, comienzan a intervenir directamente en las luchas por el poder. Es el caso del Obispo de Cuernavaca, quien aparece como un claro aliado de los sectores contrarios al Gobernador de Morelos.

     

     

    Lo malo es que a éste, para poner al Obispo en su lugar, ante la incapacidad de la Segob para hacerlo, no se le ocurrió más que involucrar al Nuncio Apostólico. No me parece la mejor solución.

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