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"Editorial"

"Decisiones que importan"

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19/07/2017

    Editorial

     
    Acostumbrarse a cometer irregularidades es fácil, sobre todo cuando se tiene un sistema de fiscalización flexible. Tal vez, por eso es que algunos diputados del Congreso de Sinaloa pretenden renunciar a la obligación que le da la Ley, de fiscalizar y sancionar.
     
    Como argumentación a esta pretensión, es que quieren evitar que la discusión y en su caso aprobación, o rechazo, de las cuentas públicas de los municipios y el Estado, se haga sin ningún sesgo político –como si lo que estuvieran haciendo en el Congreso fuera otra cosa.
     
    Y para demostrar que la razón les asiste, parecieran empeñados a actuar, no con un sesgo político, sino de revanchismo o medición de fuerzas, para dejar asentado que los intereses políticos, de los que promueven cambiar la tarea del Legislativo, prevalecen en la revisión de las cuentas públicas.
     
    Por ello, en la sesión del martes, la Comisión de Fiscalización, donde los diputados del PRI son mayoría, votó por la suspensión de las cuentas públicas de los municipios de Guasave y Mazatlán, que habían sido gobernados por Armando “Kory” Leyson y Carlos Felton, respectivamente.
     
    Aunque el manejo de los recursos públicos en municipios que fueron gobernados por el PRI también han sido señalados y cuenta con observaciones de parte de la Auditoría Superior del Estado, los legisladores priistas dejaron en claro hacia dónde camina su intención: “es un toque”.
    Evidentemente, una coyuntura como esta, la de la revisión de las cuentas públicas, es lo que el PRI espera para volver a insistir en la reforma a la que por ahora, tuvieron que dar reversa.
     
    Pero, ¿es esto lo que Sinaloa necesita? Sin lugar a dudas, la respuesta es no. El estado requiere de legisladores profesionales, en el que la información y los datos comprobables se impongan a las pasiones y a las filias partidistas.
     
    Sinaloa requiere de legisladores dispuestos a velar porque se cumpla la Ley en beneficio de los ciudadanos, no en imponerla para que tenga un impacto en un partido político.
     
    Ese es, por ahora, el papel al que apuestan algunos legisladores, aunque represente una regresión en la vida pública de Sinaloa.

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