"Derechos humanos ‘selectivos’"

@iliana_pr

Imagine usted que en la madrugada irrumpe en su domicilio un grupo de hombres armados. Los sujetos llevan los rostros cubiertos con pasamontañas y comienzan a registrar su casa, y de paso destruir sus pertenencias. Lo sujetan y golpean sin más explicaciones, y sujetan también a sus hijos menores de edad porque comienzan a llorar. Uno de los agresores lastima además a uno de los niños dándole una cachetada, y otro más golpea con el arma en la costilla al de 7 años para que pare de gritar.

En tal escenario, sin saber en qué condiciones deja a su familia, lo obligan a subir a uno de sus vehículos, atado de piernas y manos, y lo conducen por distintos lugares de la ciudad para que proporcione información entre amenazas que dicen “te va a cargar la verga”. Lo golpean con un tubo, le colocan bolsas en la cara, le queman y arrancan la piel de los pies, y le dan “toques” en el pecho. 

Esta no es la narración de una serie de Netflix, tampoco es una historia de levantones por sicarios, son datos de una de las tantas recomendaciones de las Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia la actuación de la Semar sobre Cateo ilegal, detención arbitraria, retención ilegal y tortura; este sucedió en Culiacán, Sinaloa. 

En la recomendación No.1/2017 que documenta el caso de V1, a quien se llama así por protección a la identidad, se narran los hechos de tortura demostrados mediante las declaraciones de los testigos y las pruebas periciales siguiendo el protocolo de Estambul. Además, se aclara que no se logró acreditar que el detenido haya cometido los delitos. En resumen, al final V1 es liberado porque no se le probó culpabilidad (responsable o no), pero también por la terrible actuación de la Marina que victimizó a él y a su familia.

Las reiteradas violaciones a los derechos humanos por elementos del orden, ya sea por el Ejército como por fuerzas policiacas, ha derivado en diversas recomendaciones desde organismos internacionales. En el último informe de la ONU sobre la tortura en México (2017), el Relator Especial expresa que el problema generalizado en el País ocurre “desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”. Recientemente, además, el organismo manifestó su preocupación porque la Ley de Seguridad Interior no contempla mecanismos de control y revisión a la actuación militar; casos como el que se relata al inicio de esta columna, y otros con consecuencias de mayor gravedad, pueden ser aún más frecuentes. 

Respecto a las violaciones a los derechos humanos por parte de las policías, esta semana Noroeste publicó las declaraciones del Fiscal de Sinaloa Ríos Estavillo y de Almaza Avilés, director de la Policía de Investigación, en las que reconocen que se investigan más de 700 casos de tortura perpetrados por policías ministeriales en administraciones pasadas. Ante las preguntas de la prensa, el Fiscal respondió con la misma herramienta que se ha utilizado para demostrar cierto interés en temas de mucha relevancia: se creará un fiscalía especial para dar seguimiento a las investigaciones.

A pesar de la gravedad de estos hechos, la noticia no tuvo suficiente eco entre la población. Y es que en México una parte importante de la población sigue justificando la tortura como un medio aceptable ante la inseguridad, aunque quizás no estén tan dispuestos a asumir los costos. Según los datos del diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura (2016) el 36 por ciento de los entrevistados considera la tortura como una práctica necesaria, el 45 por ciento piensa que los derechos humanos llegan a ser un obstáculo para la seguridad, pero el 92 por ciento no está de acuerdo con que las autoridades registren sus domicilios o los detengan sin una orden judicial. 

Respecto a la manera como concebimos la importancia del respeto a los derechos humanos, hace no mucho tiempo tuve una charla singular con un señor desconocido mientras esperábamos juntos entrar al médico. “Deberían de levantar a todos esos malandros y torturarlos”, aseguró el hombre con indignación. Cuando le pregunté qué pasaría si uno de esos malandros fuera su hijo, me contestó: “Ah, no, hasta eso, si es mi hijo y ha cometido un crimen: que lo juzgue la autoridad. Como debe ser”.

Quizás el nuestro es un problema de empatía.

La autora es doctora en Estudios Regionales con Énfasis en América del Norte. Profesora e investigadora en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.