Editorial
Los gobiernos estatales y municipales en Sinaloa cuentan con áreas jurídicas para auxiliar en los procedimientos legales que deban emprender, entre ellos, el de iniciativas de Ley y reglamentos.
Esas áreas no son gratuitas. Las administraciones gastan miles de pesos para sostenerlas y ponerlas en operación en las diferentes tareas que les tienen encomendadas, entre ellas, las de elaboración de propuestas legislativas o reglamentarias.
Por eso, resulta extraño que el Gobierno de Sinaloa decida gastar 435 mil pesos en despachos externos para que le elaboraran tres iniciativas que fueron presentadas ante el Congreso del Estado.
La administración de Quirino Ordaz Coppel presumió, al inicio de su gestión, de que sería un Gobierno austero, que cuidaría del gasto y que serían eficientes.
Sin embargo, hay gastos como este, que no se explican, sobre todo cuando las propuestas de iniciativas no resultan temas extraños, pues han estado en la discusión pública desde hace tiempo.
Las iniciativas por las que pagó, son las que están relacionadas con la reforma a la Ley Estatal Electoral, otra sobre la venta de bebidas alcohólicas y una más, sobre la tenencia vehicular.
Por el primer proyecto, pagó 127 mil 600 pesos; la elaboración del segundo implicó un gasto de 191 mil 400 pesos; y por el tercero, debió desembolsar 116 mil pesos.
Que se necesitan instrumentos jurídicos precisos, para que las leyes que los enmarcan no sean objeto de controversias, no está puesto en duda.
Sin embargo, lo que se pone en duda es la capacidad jurídica del Gobierno de Sinaloa para responder ante las necesidades de actualización del marco legal del Estado.
Pues es claro que cuenta con un departamento jurídico, con especialistas, que se supone deben tener la capacidad de elaborar las disposiciones que más se ajusten a las necesidades del Estado.
Pero si el Gobierno debe recurrir a agentes externos para elaborarlo, pone en duda su capacidad y sobre todo, la calidad del gasto que se está haciendo.
Es el primer año del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Habrá que ver cuál es la capacidad de su capital humano para elaborar leyes y hasta dónde, su capacidad financiera, para derrocharla por fuera.
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