"El engaño del PRI"

Mientras que el caso de Javier Duarte se le derrumba a la PGR, acá en Sinaloa el prometido combate contra la corrupción se convierte en cenizas.

 

Y todo con el estilo de Quirino Ordaz Coppel: dosificar la expectativa pública con pequeñas dosis mediáticas sobre indicios de corrupción, arreglar luego en lo corto para que todo siga igual.

 

Tenemos tres indicios: el reporte especial desinflado de la Auditoría Superior del Estado; la pantomima de la suspensión de la cuenta pública del Gobierno de Mario López Valdez, correspondiente al primer semestre de 2016, y el incumplimiento o cumplimiento a medias de la creación del Sistema Local Anticorrupción antes del plazo, que venció el pasado martes 18 de julio.

 

La ASE recibió la encomienda de auditar a fondo el Gobierno de Malova, pues detectaron que el anterior auditor, Antonio Vega Gaxiola, pasó por alto varias dependencias importantes como Salud y Educación.

 

La Auditoría por fin terminó el reporte especial tan esperado y concluyó que los ex funcionarios malovistas deben regresar al Erario la cantidad de ¡28.7 millones de pesos!

 

El ambiente estaba lleno de reclamos durante los primeros meses del año, las señales de corrupción estaban en el ambiente, en cada sitio periodístico, en cada café, en la conversación colectiva.

 

Y la ASE solamente encuentra, para decirlo resumidamente, pagos con cheques sin documentos que los avalen y ejercicio del gasto fuera de la norma.

 

Nada fuera de lo común, nada extraordinario. Ninguna denuncia penal contra alguien en concreto.

 

Hay que decir que, aparte de ese informe, la Auditoría ya interpuso 13 denuncias penales.

 

Luego tenemos la pantomima de la suspensión de la cuenta pública de Malova, correspondiente al primer semestre de 2016. Fue algo histórico, ante la peste de corrupción los diputados no aprobaron el manejo de los recursos de los malovistas.

 

Pasó el tiempo, y ayer ya supimos que será aprobada. Que la Comisión de Fiscalización dice que Malova, Gerardo Vargas y pandilla restante ya solventaron, ya “corrigieron”. Así será avalada por el pleno, y así será plasmado en la historia, como una pantomima mediática de Quirino y legisladores.

 

Y, finalmente, la pereza legislativa. El martes se terminó el plazo para que las legislaturas locales crearan el Sistema Local Anticorrupción.

 

Al cierre de caja, Sinaloa quedó con una reforma constitucional considerada regular por el Semáforo Anticorrupción y una serie de leyes secundarias satisfactorias.

 

Aunque en el fondo incumplieron porque dejaron el trabajo a “medias”, es decir, ni siquiera siguieron el calendario anunciado al inicio de los trabajos para legislar en materia anticorrupción, que incluía reformas a las leyes de la Auditoría Superior del Estado y la nueva Ley de la Fiscalía General del Estado.

 

Esta segunda de vital importancia, pues implica aprobar la figura del vicefiscal anticorrupción.