"El Gobierno, los legisladores y las campañas"

Con cierta razón toda nuestra atención está centrada en el proceso electoral. Nos preocupan las listas a gobernadores, legisladores y alcaldes que cada coalición está presentando y que contienen personajes que van desde presuntos delincuentes, hasta candidatos que simplemente no cumplen con los requisitos legales para serlo como Miguel Ángel Mancera, Olga Sánchez Cordero o Napoleón Gómez Urrutia. Nos preocupa también la absurda decisión del Tribunal Electoral que invalidó la propuesta del Consejo General del INE para estar en condiciones de, como en cualquier democracia, dar los resultados preliminares de la elección la misma noche de la jornada electoral y con ello reducir los niveles de incertidumbre.

 

Pero estamos dejando de lado la atención sobre el último tramo de la presente administración. Coincido con las declaraciones del Presidente Peña Nieto en el sentido de que “la administración federal no cerrará la cortina y seguirá trabajando hasta el 30 de noviembre para concluir las obras proyectadas”; “no sólo de aquí al primero de julio, sino de aquí al 30 de noviembre de este año”; “el Gobierno jalará hasta el final”; “no hay que confundir la dinámica de las campañas político-electorales con la dinámica del Gobierno”. Me parece una posición no sólo válida sino también correcta. Ojalá tengamos declaraciones similares y compromisos reales de parte de los legisladores. El Presidente fue electo para seis años y los legisladores seguirán cobrando hasta el 30 de agosto así que se les debe de exigir que sigan trabajando. Los pendientes son muchos. 

 

Para el caso del Ejecutivo, debería haber sólo tres condiciones. Que no se desvíen recursos públicos; que los compromisos cumplidos o el trabajo realizado no lleve aparejado el dispendioso gasto en comunicación que tan sólo de 2013 a 2016 alcanzó los 36 mil millones de pesos y; que no incluya la entrega de obras falsas, esto es, obras que se entregan cuando no están terminadas y verificadas.

 

Si el Gobierno sigue trabajando e incluso acelerando el paso vendrá una avalancha de críticas por parte de la oposición. Lo criticarán de estar haciendo proselitismo en favor de su partido y su candidato. Que vengan. Nada más natural que el Gobierno siga trabajando y cumpliendo con compromisos adquiridos o incluso proponiendo nuevas medidas de política pública. En toda democracia se hace y, además, se aplaude. Insisto, siempre y cuando se haga con probidad. Si el desempeño del Gobierno en turno favorece al candidato de su partido es perfectamente válido. Si lo perjudica, pagará los costos.  

 

Creo que ya es tiempo de superar eso de que el Presidente en turno no pueda apostar por su candidato y su partido porque es el Presidente de todos los mexicanos. Es tiempo de olvidar la desatinada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando en las elecciones de 2006 “amonestó” a Fox por decir algo tan nimio como: “hay que cambiar de jinete, pero no de caballo”. No hay democracia en el mundo en el que esto no ocurra. Obama apoyó a Hillary Clinton y ella perdió; Lula apoyó a Dilma Rousseff y ella ganó.

 

Al Presidente le quedan dos periodos que pueden ser muy productivos. El primero, de ahora a las elecciones. El segundo, del 1 de julio al 30 de noviembre. Calderón logró hacer aprobar en el Congreso dos iniciativas usando por primera vez su facultad de iniciativa preferente. Lo hizo cuando su partido había perdido el poder y con un Congreso en el que el PRI y sus aliados tenían la mayoría. Una fue la reforma laboral y la otra una iniciativa para acotar tanto la capacidad de endeudamiento de los estados como para reducir la opacidad con la que los gobernadores ejercen sus presupuestos. 

 

A diferencia de lo que sostienen algunas teorías en el sentido de que pasadas las elecciones el Presidente pierde todo su capital político y queda paralizado en su capacidad de impulsar políticas públicas y acuerdos legislativos porque el poder se transfiere al Presidente electo (la teoría del “pato cojo”), yo me adscribo al bando contrario. Pasadas las elecciones se abre un compás de tiempo (demasiado largo en México) en el que se pueden hacer cosas importantes porque el Presidente, precisamente, ya no tiene nada qué perder. 

 

Lo mismo ocurre con los legisladores. Las deudas en materia legislativa son muchas. Quedan más de dos meses del periodo ordinario y la posibilidad de llamar a uno extraordinario entre el 30 de abril y el 30 de agosto. Este tiempo debiera aprovecharse entre muchas otras cosas para hacer los nombramientos del Procurador (tenemos un encargado de despacho), el Auditor Superior de la Federación, los 18 magistrados del Tribunal Administrativo y el Fiscal anti-corrupción. Además, están pendientes las reformas al artículo 102 que norma la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica de la misma, la ley que regule el gasto en publicidad oficial, la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones. Cada una de estas piezas legislativas urgen para hacer creíbles lo que cada uno de los partidos y candidatos en la contienda están ofreciendo: un compromiso en contra de la corrupción y la impunidad.