"¿El INE o los partidos?"

Una de las instituciones que mayores retos enfrentará en el 2018 es sin duda el Instituto Nacional Electoral. Está obligado a operar en un contexto de descreimiento generalizado en todo lo que huele a “público”: autoridades, funcionarios, gobierno, Estado y candidatos. La credibilidad en el organismo electoral ha descendido y hoy 56 por ciento dice tener poca o nada de confianza en el Instituto. Para agravar las cosas, la gente no suele distinguir entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, en la mayoría de los asuntos, tiene la última palabra y que ha revocado muchas de las decisiones del INE que le hubiesen ayudado a ganar credibilidad como fue el caso de las elecciones de Coahuila en las que el TEPJF se negó a reconocer las cuentas de topes de campaña y que hubieran llevado a la anulación de las mismas. Quien cargó con la responsabilidad y pagó los costos fue el INE. 

 

No se trata solo de que los ciudadanos creamos en el INE. Se trata de que los partidos y candidatos también le den crédito y aceptación a sus decisiones y dejen de descalificarlo. Algunos candidatos han tildado a los consejeros de ser parte de la mafia del poder. Pero el problema no es sólo AMLO. Cada vez que algún partido recibe una resolución desfavorable a sus intereses ataca al INE y pone su granito de arena a la descalificación. Por cierto, sería interesante hacer una encuesta entre los partidos sobre la credibilidad en las autoridades electorales.

 

Los problemas del INE no se agotan en la falta de credibilidad. Las reformas de 2007 y 2014 lo atiborró de competencias que nada tienen que ver con la organización de las elecciones y que pone a los consejeros como el blanco favorito de las críticas de los partidos: funciones de supervisión, control y sanción. Competencias que, además, no estuvieron acompañadas de las herramientas necesarias para asumirlas con eficiencia. Las más gravosas por su complejidad y su cariz contencioso son sin duda el monitoreo de medios y la fiscalización de los gastos de partidos y candidatos además de su papel como “censores” de los promocionales.

 

A ello se añade un marco normativo incompleto frente al cual los consejeros han tenido que emitir reglamentos. Podemos no estar de acuerdo con todas sus disposiciones pero si los legisladores no les dieron reglas, los consejeros se ven obligados a suplirlas. El principal rol del árbitro electoral es aplicar las normas, pero si no las hay, si no son precisas o si el Tribunal se empeña en enmendarle la plana pues no puede hacer su trabajo y la consecuencia es un mayor desprestigio.

 

El ejemplo más lamentable de laguna jurídica es el de la omisión de la ley para regular el gasto en publicidad gubernamental. Una omisión que ya dura 10 años y de la que han medrado los dos últimos gobiernos con un gasto que tan sólo en la presente administración llega a la friolera de 37.7 mil millones de pesos (Fundar, junio 2017). 

 

Finalmente está el traslape de funciones. Dos en particular. El que existe entre el INE y el Tribunal y el recién creado entre el INE y los organismos locales electorales (OPLEs). La falta de claridad es tal que se abre otra avenida más para judicializar cada proceso electoral. 

 

El comportamiento de los partidos y candidatos en el curso de las elecciones y la estabilidad post-electoral no son responsabilidad exclusiva del INE sino en primerísimo lugar de los partidos y candidatos que gustan de operar fuera de la ley: rebasar topes de campaña, comprar votos, desviar recursos, recibir dinero ilegal o prometer privilegios a quienes los apoyen en caso de llegar al cargo. Son ellos los que deslegitiman el proceso a lo largo de las campañas y son ellos los que deslegitiman al árbitro cuando una decisión no les acomoda. Son ellos, también, los que descalifican el resultado cuando pierden a sabiendas de que incurrieron en las mismas prácticas fraudulentas que el ganador. 

 

La responsabilidad recae también en los medios por vender la cobertura o divulgar fake news. El problema no es la imparcialidad de los medios. En cualquier lugar del mundo hay prensa escrita y radiodifusoras con claras preferencias ideológicas y partidarias. Se vale. El problema es la dependencia de los medios respecto a los políticos, el dinero ilegal que corre por debajo de la mesa y por encima de la ley e incluso la extorsión para aquellos candidatos que no estén dispuestos a llegar a un arreglo. 

 

Tenemos seis meses para que las elecciones 2018 adquieran la legitimidad necesaria. El INE tiene un papel importantísimo que jugar, pero ¿es él el responsable o son los competidores? Si los competidores se empeñan en hacer trampas, si una vez hechas y descubiertas las trampas se empeñan en descalificar al árbitro y si una vez descalificado el árbitro cuestionan el resultado final como si fuera este último y no los electores los que hubiesen tenido en sus manos la decisión del candidato ganador, la legitimidad estará perdida. La credibilidad en las elecciones es un valor intangible pero lo tenemos que procurar porque es el inicio de la legitimidad de un gobierno.