"El Peje, los militares y el poder de la delincuencia"

Se equivocan rotundamente el Presidente Peña Nieto y el Secretario de la Defensa, el General Salvador Cienfuegos, al meter al Ejército Mexicano a la disputa política que se definirá en 2018.

Ambos, al igual que Osorio Chong y Aurelio Nuño, entre otros, están utilizando al Estado para enfrentar a López Obrador. Disfrazan una lucha partidaria del gobierno y del PRI contra Morena con una aparente defensa de las instituciones del Estado. Pero lo hacen mal, distorsionando la verdad.

En efecto, el Peje responsabiliza a Peña Nieto y a las Fuerzas Armadas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y les pide que no repriman al pueblo. El atlacomulquense, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó, a través del vocero del Ejército Mexicano y de varios secretarios de Estado, que se rechazaran acusaciones “sin fundamento” del tabasqueño quien ha “difamado y ofendido” al instituto armado.

Pues resulta que en diversos diarios de numerosos estados de la República Mexicana, incluyendo a Noroeste, con frecuencia y desde hace varios años se han publicado notas en las cuales los ciudadanos acusan a las fuerzas armadas de violación de los derechos humanos, y el Ejército y la Marina han ignorado o no le dan mayor importancia a tales acusaciones. Pero Peña Nieto ordena que le respondan al Peje por razones partidarias, porque es el rival a vencer en las elecciones de 2018, y antes, en las del Estado de México, este año.

Y no tan sólo el Peje y ciudadanos llanos lo han declarado sino también Amnistía Internacional (“Los autores de ejecuciones extrajudiciales gozan de impunidad. Las Fuerzas Armadas no investigan esos delitos”), Human Rights Watch (“Las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen han cometido numerosas violaciones a los Derechos Humanos”) y el miércoles pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( “las Fuerzas Armadas sí han violado derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos dirigido, entre ellas, por casos de tortura y de desaparición forzada de personas”), lo han dicho más de una sola vez. 

El tema no es, entonces, el rechazo y la indignación por la crítica a las acciones indebidas de las Fuerzas Armadas sino bajar a López Obrador de las preferencias electorales. El tabasqueño puede ser, en efecto, un populista, estatista, nacionalista anacrónico y mesiánico pero un alto porcentaje de mexicanos lo acepta así. Lo pueden criticar todo lo que quieran por sus planteamientos políticos e ideológicos pero es antiético, ilegal y políticamente peligroso que desde Los Pinos se dé la orden de utilizar toda la fuerza del Estado para intentar detener el estrepitoso derrumbe del PRI y, a la vez, golpear al líder de Morena. Y lo peor es que se utilice a los jefes de las Fuerzas Armadas o que éstos se presten al juego partidario.

En realidad los más peligrosos enemigos de las instituciones públicas están dentro de ellas. El peor enemigo del Estado mexicano respira dentro de él. Y este es el crimen organizado que se ha apoderado de numerosos policías y políticos municipales, estatales y federales. De incontables ministerios públicos y jueces. De casi todos los penales del País. La delincuencia organizada ha preñado al Estado y éste no lo ha podido abortar.

Un lamentable ejemplo de ello recientemente lo vimos en Culiacán. En la capital del estado, a pesar de una masiva presencia de las Fuerzas Armadas, poderosos narcos frente a las narices de todos y a carcajadas se fugaron del Penal de Aguaruto. Es de lo más obvio, porque, además, no es una novedad que los directores de los reclusorios están al servicio de capos.

¿Cómo puede explicarse que habiéndose militarizado tan fuertemente la seguridad pública en Sinaloa los narcos sigan haciendo de las suyas de manera tan abierta? Esta sí que es una burla, pero eso no es lo más grave sino que el control de los penales y la fuga de Aguaruto  demuestran el enorme poderío del crimen organizado.

¿De dónde proviene tal poder? Del dinero y de la hegemonía de su violencia. No tienen el monopolio de ella en Sinaloa pero sí la hegemonía (como también en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, etc.); es decir, su capacidad de ejercer el control y castigo sobre amplios sectores de la sociedad, regiones del País y numerosos funcionarios públicos es mayor que la fuerza del Estado. De otra manera no se explica tanto lo que acabamos de ver en Culiacán  como, sobre todo, el creciente poder global del crimen organizado sinaloense.

El combate al crimen no debe ser tan sólo hacia fuera, sino centralmente, hacia dentro de las instituciones públicas, e incluso, al seno de los partidos políticos gobernantes. Mientras no se purgue a la delincuencia de las estructuras del Estado y de la clase política, nada sustancial pasará en la lucha contra la inseguridad.

 

Posdata

Un comercial: pronto entrará a la imprenta un libro que intitulé “Juan S. Millán. El maximato en Sinaloa. Memorias y crítica”, donde entrevisto ampliamente al ex Gobernador y reflexiono sobre su trayectoria e influencia política en Sinaloa.

santamar24@hotmail.com