"El proceso de transformación educativa y sus barreras en 2017"

Es difícil hablar de educación hoy en día sin hacer mención a la tragedia de la semana pasada en la ciudad de Monterrey. Desde este espacio, mi solidaridad total e incondicional a la comunidad educativa del colegio. Hago un llamado para no etiquetar ninguna ciudad, estado o modalidad educativa alguna. Este episodio nos debe conmover y llamar a la acción a todos. Nuestras escuelas son el reflejo de lo que somos y no de lo que queremos ser, muy por encima de las carencias y limitaciones del entorno, especialmente de la violencia que debe quedar fuera de sus puertas. La educación es parte de la solución a los males que nos aquejan, asegurarnos su profunda transformación es exigencia impostergable.

Todo proceso de reforma es inacabado por naturaleza. Reformamos por múltiples y diversas razones; algunas veces por necesidad, otras por ambición, quizás por aspiración y otras de plano, porque no tuvimos otra opción. En el mejor de los casos, reformamos para adaptarnos o adelantarnos a las exigencias de nuestro tiempo. Tal es el caso del proceso de transformación educativa experimentado en México, del cual forma parte la Reforma al Artículo Tercero constitucional de 2013.

La transformación educativa en México responde a un proceso de largo aliento. No inició con la presente administración y sin duda la trascenderá. Dos apuntes a este respecto. Primero, el sistema educativo nacional ha sido reformado en por lo menos seis grandes ocasiones; no me detengo en los distintos procesos históricos, basta destacar que hoy garantizar la calidad educativa es tan importante como la universalidad, laicidad, obligatoriedad y gratuidad. Segundo, los grandes cambios se crean y recrean en la lógica continua de la transformación, pero se articulan en la coyuntura. La presente coyuntura es una gran oportunidad para quienes creemos en la necesidad de transformar el sistema educativo. Entre 2016 y 2017, dieciséis entidades de la República habrán renovado sus gobiernos y con ellos, la posibilidad de refrendar su compromiso con el derecho a aprender de las niñas, los niños y los jóvenes de sus respectivos estados. En conjunto, estos estados conjuntan 41.2 por ciento de la matrícula de educación básica de todo el País; es una oportunidad inigualable.

La de 2013 es una reforma educativa, no laboral ni limitada a dimensiones políticas. Destaca sobre todo por la dimensión normativa de su impulso. Por un lado, coloca la Defensa del Derecho a Aprender de las niñas, los niños y los jóvenes como la máxima prioridad. A partir de cuatro ejes, orienta el sistema educativo nacional hacia el aprendizaje. Los cuatro ejes van mucho más allá que la sola evaluación, instrumento que tanta controversia ha causado. Me refiero al 1) apoyo y promoción de la profesión docente, 2) al nuevo modelo educativo, 3) a un gasto educativo adecuado y 4) una participación social efectiva.

Por otro lado, como todo proceso de reforma constitucional, éste no fue sólo  aprobado por el Pleno de ambas cámaras en el Poder Legislativo, sino que requirió las dos terceras partes de los congresos locales. Posterior a ello, fue incluso necesario armonizar las leyes estatales de educación con la Ley General. Con esto resalto las obligaciones legales de los actores, como su voluntad y compromiso a través de los congresos locales y el respectivo mandato a los titulares de sus ejecutivos, los gobernadores.

¿Cómo vamos al día de hoy desde la perspectiva de la reforma al Artículo Tercero? Quisiera puntualizar algunos avances, no menores para el proceso de transformación educativa.

Primero, al día de hoy existe un concurso para el ingreso y promoción de los maestros; de 2014 a la fecha han participado 563 mil 475 maestros y aspirantes a serlo para obtener una plaza o promoción.

Segundo, hasta el pasado mes de noviembre, se han evaluado 166 mil 464 maestros en servicio desde 2015.

Tercero, como resultado de sus evaluaciones, se tienen registrados 8 mil 172 maestros y directivos de educación básica quienes han recibido un aumento a su salario de entre 35 y 41 por ciento.

Cuarto, la centralización del pago de la nómina ha resultado en un trabajo de depuración cada vez efectivo; para el tercer trimestre de 2016, se redujo el 50 por ciento de los comisionados.

Quinto, programas centrales de la reforma, como son Escuelas al CIEN y programa de la reforma educativa, fomentan la participación de las familias en la toma de decisiones; más de 56 mil consejos escolares participan en su comunidad.

Sexto, se multiplican recursos y acciones a favor del rescate de la infraestructura escolar en 56 mil 147  (28 por ciento) escuelas de educación básica.

Séptimo, la transformación del modelo educativo ha dado inicio; comenzó con la participación de 51 mil personas en foros y en línea, 17 mil consejos escolares y 1,700 niñas, niños y jóvenes.

Hay avances y es importante reconocerlos. Sin embargo, no estamos donde deberíamos de estar. ¿Por qué?

El estancamiento del proceso de transformación educativa se debe a cinco barreras: 1) Los gobernadores, quienes entorpecen –en su amplísima mayoría- la implementación de la reforma ya que no sólo no se concursan todas las plazas docentes, ni se registran avances en la tutoría docente, sino que además, 18 titulares de educación de los estados son pagados, por lo menos parcialmente, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone). 2) El gasto educativo no corresponde con lo que la ley marca y las políticas proponen. 3) No se han fortalecido las capacidades locales para que los cambios lleguen a las escuelas (aún no se ha reformado la formación inicial). 4) Las autoridades ceden ante la más mínima presión y chantaje para no respetar la ley (destaca la ausencia de un órgano constitucionalmente autónomo como el INEE, así como los titubeos de la Segob ante la dirigencia de la CNTE) y 5) La falta de información, transparencia y rendición de cuentas; sobresale la suspensión del principal instrumento de evaluación: PLANEA).

El proyecto de transformación es un proyecto social, así que su evaluación debe ser igualmente social. Es parte de la rectoría democrática de la educación y la gobernanza en el sistema educativo, tal y como lo establece la propuesta del nuevo Modelo Educativo.

Si esperamos a que las autoridades asuman su parte por simple conciencia, hasta por competencia legal, eso nunca va a pasar. No pasará porque sus tiempos y sus intereses por lo general son otros, pero tampoco les compete sólo a ellos. La educación es responsabilidad de todos. ¿Entonces?

Que así sea.

juanalfonsomejia@hotmail.com