"El silencio cómplice"

A veces ya no se sabe qué es peor si la comisión de esos muchos delitos que caen en la esfera de la corrupción o la indiferencia que pueden mostrar los gobiernos frente a las investigaciones que la academia, los think tanks o el periodismo de investigación exhiben casi a diario en los diferentes medios de comunicación. 

 

Hay sin duda denuncias sin sustento y filtraciones cuyo único propósito es alimentar agendas políticas para favorecer o perjudicar a partidos, gobiernos o personajes públicos. Pero hay también cada vez más investigaciones serias que se ocupan de documentar actos y redes de corrupción con contexto, evidencias y pruebas sólidas. Investigaciones que equivalen a verdaderas averiguaciones previas y que tienen la misma o mejor calidad que esas que en ocasiones presentan los ministerios públicos ante los jueces con el fin de lograr la consignación del asunto en cuestión.

 

Pero no. Las investigaciones oficiales casi nunca llegan y las consignaciones menos. La indiferencia es de todos los días y no sería aventurado pensar que responde a una estrategia: la del silencio. Un silencio que bien podría ser calificado como silencio cómplice.

 

Hace unos días Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) –de la que formo parte- presentó una investigación sobre el caso IUSA. Aunque conseguir la información no fue tarea de niños, cualquiera es capaz de entender lo que ella revela. IUSA ha sido el gran ganador de las licitaciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, para comprar miles de watthorímetros, o sea, medidores de luz. En los últimos cinco años ésta y otra compañía (CONYMED) ligada al Presidente Ejecutivo y Director General del Grupo IUSA obtuvieron contratos públicos por más de 11 mil 800 millones de pesos. Como documenta la investigación, la fórmula es relativamente sencilla: participar en las licitaciones con dos empresas que simulan ser competidoras pero que, en realidad, no lo son.  

 

Los contratos con la CFE fueron resultado de una licitación pública internacional y en ella participaron las dos empresas mencionadas como si fueran dos compañías diferentes y sin vínculos, cuando en realidad no es así. Sus lazos son múltiples, pero como botón de muestra bastan los siguientes: ambas compañías comparten el mismo domicilio, los mismos números telefónicos y los mismos apoderados legales. La investigación completa y el modus operandi de este tipo de licitaciones puede consultarse en contralacorrupcion.mx

 

Investigadores, periodistas y testigos sociales han hecho esfuerzos por denunciar este tipo de maniobras que denotan no solo actos de corrupción, sino que muy probablemente atentan contra la competencia y constituyen prácticas monopólicas. Por ejemplo, ya desde 2015, Transparencia Mexicana (TM) recomendó a la CFE, entre otras cosas, analizar las razones por las cuales no había más licitantes en cada partida y señaló la necesidad de implementar diferentes estrategias de contratación para fomentar la participación de más licitantes. Posteriormente, TM señaló que llamaba la atención “que los precios ofertados por los licitantes corresponden al precio aceptable obtenido por la CFE, el cual fue conocido por las mismas empresas que participaron en esta licitación en el fallo de la primera convocatoria de la licitación, en la que se declararon desiertas las partidas”.

 

Por su parte, DILE (brazo jurídico de MCCI) presentó una denuncia ante la COFECE por considerar que en este caso se puede presumir que las empresas de Grupo IUSA y CONYMED celebraron acuerdos colusorios al momento de participar en las licitaciones públicas convocadas por la CFE. La COFECE decidirá si admite la denuncia y abre un procedimiento de investigación o si la desecha por no considerarla un caso prácticas monopólicas, cosa que ocurrirá en los próximos días. 

 

Lo que sorprende es que las autoridades competentes en materia de actos de corrupción –entre los cuales se encuentran las licitaciones a modo- hayan guardado absoluto silencio.  

 

De la investigación periodística y de las propias quejas de otros competidores se desprende que las licitaciones son más bien compras directas disfrazadas. 

 

El mismo silencio se guardó con la investigación sobre Capufe publicada también por MCCI. En ese caso lo que se denunció fueron las ventajas obtenidas en licitaciones para el mantenimiento de autopistas y carreteras por medio de filtraciones ilegales por parte del mismo organismo público. Estas filtraciones redundaron en contratos por más de 770 millones de pesos. Ambos presuntos actos de corrupción se pueden perseguir de oficio, esto es, sin que medie denuncia alguna.

 

Ignorar los casos que en principio están bien documentados y que exhiben pruebas de la probable comisión de delitos de corrupción ha resultado rentable. Al final, es más fácil y más cómodo ignorar que explicar; ya no se diga investigar. Las explicaciones, como ocurrió en el caso del espionaje del malware Pegasus mediante el cual se espió a periodistas, activistas y analistas suelen salir mal. Más vale entonces callar. Son tantas las denuncias, tan pocas las respuestas y tan pobres los resultados que la indiferencia y el silencio resultan ser mejores estrategias.