"El silencio de… ¿los inocentes?"

El malovismo está callado. Guarda silencio ante las corruptelas expuestas oficial y públicamente. Sabe que si habla puede hundirse más.

O definitivamente, la información es tan contundente que no tienen manera de justificar su voracidad por el dinero público.

Noroeste ha solicitado entrevista con el ex Gobernador Mario López Valdez, así como con el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y ambos se negaron.

Que por el momento no hablarían con periodistas.

El fin de semana que acaba de pasar también se insistió vía telefónica con Rafael Lizárraga Favela, quien fue Secretario de Turismo en el último tramo del malovismo, cuando esa dependencia pagó 8 millones de pesos por campañas publicitarias que no existieron, de acuerdo con los resultados de las investigaciones de la Secretaría de Transparencia.

Al actual subsecretario de Promoción Turística se le llamó y se le enviaron mensajes para entrevistarlo sobre este marketing fantasma. 

No contestó las llamadas ni respondió los mensajes.

A Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud, también se le buscó por el tema de los negocios que hizo desde Servicios de Salud de Sinaloa. 

Se le buscó en al menos tres distintos números telefónicos. Sin éxito.

Sabemos que piensa y dice que es “mediática” la investigación periodística de esta casa editorial sobre los millonarios contratos que beneficiaron a una empresa de la que él fue socio y a otras de Javier Salido, su socio, lo cual prohíbe la ley. 

Pero aun así no contestó. El que calla otorga.

La muestra más corrupta

¿Por qué estos políticos tienen que dar la cara ante la sociedad? Por lo siguiente.

La Auditoría Superior del Estado ya interpuso 13 denuncias penales ante la Fiscalía General de Sinaloa por lo que consideró hechos constitutivos de delito.

Seis de ellas implican un monto de más de 23 millones de pesos ejercidos en las secretarías de Salud y de Turismo, que estuvieron bajo responsabilidad de Ernesto Echeverría Aispuro y Rafael Lizárraga Favela, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo en 2016, fecha de la revisión de la ASE.

Un segundo paquete de siete denuncias corresponde a hechos cometidos en ejercicios fiscales anteriores, relacionados con la Secretaría de Obras Públicas, el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa y algunos municipios, que equivalen al manejo irregular de 252 millones de pesos.

Luego, la Secretaría de Transparencia dio a conocer la semana pasada datos concretos sobre otros, muy probables, hechos constitutivos de delito, aunque aún no anunció denuncias penales.

Estos hechos implican a ocho ex servidores de Administración y Finanzas, a cargo de Armando Villarreal Ibarra; tres de la Secretaría de Turismo, responsabilidad de Lizárraga Favela, y seis de Obras Públicas, con José Luis Sevilla al frente, aunque quienes conocen el malovismo saben que el operador principal fue Carlo Mario Ortiz, ex subsecretario de Obras Públicas y actual Alcalde de Salvador Alvarado.

Eso, sin hablar del desfalco de 2 mil millones de pesos que reveló anteriormente la Secretaría de Transparencia.

Ya se entiende por qué se esconden Mario López Valdez y su pandilla.

Javier Valdez: el plazo de Estavillo

Hace dos meses, tres semanas y dos días asesinaron a Javier Valdez y todavía se desconoce quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales del homicidio del periodista.

Peor aún, no se sabe porqué mataron al colega sinaloense ese lunes 15 de mayo.

Tanto Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado, como Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, apuestan al olvido.

Los fiscales, como suelen hacer los políticos, no hablan, no informan, para ir apagando el tema.

Sólo que en el caso de Javier no lo lograrán. Nunca.

Por lo pronto, recordamos a Estavillo sus palabras, esas que mencionó a unos metros del cadáver de Javier ese 15 de mayo.

“La Norma jurídica nos marca los plazos en que nosotros tenemos que integrar los expedientes en atención al nuevo sistema de justicia penal, así que precisamente no quedan sujetos a discrecionalidad de una fiscalía el determinar”.

¿Qué plazo es?, se le preguntó.

Por lo menos en un primer momento tener que prorrogar en un término fiscal en un término mínimo de seis meses.

El reloj avanza, señor Fiscal.

Crece tensión en Venezuela

Un fuerte militar fue atacado ayer por ex militares, militares en activo y civiles en una ciudad venezolana.

Los rebeldes tomaron por sorpresa a la guardia y sustrajeron gran cantidad de armamento militar del fuerte, lo que marca una nueva escalada en la crisis del país sudamericano.

El Presidente Nicolás Maduro reconoció el ataque y el robo del armamento, lo que podría agravar el conflicto.