Encuentro al menos tres elementos persistentes y perturbadores en el actuar de los sucesivos gobiernos ante problemas de vieja data y graves consecuencias. Los califico de persistentes aunque estoy tentada a juzgarlos de sistémicos porque se dan a nivel de las estructuras políticas y administrativas tanto federales como locales.
Regreso a ellos a raíz del condenable asesinato del periodista Javier Valdez a manos, suponemos, de algún grupo de narcotraficantes. Pero los mismos tres elementos aparecen cuando analizamos el homicidio de algún defensor de derechos humanos, algún delito como el de los huachicoleros, la fuga de un reo, una contingencia ambiental, la explosión de los fabricantes de fuegos artificiales o la toma de una carretera que deja sin abasto a poblaciones enteras.
Ante estos y muchos otros problemas que podemos agregar, el comportamiento suele ser el mismo: se produce un hecho que es reflejo o ejemplo de un problema sistémico (la indefensión de los periodistas, las tomas clandestinas de gasoductos, la fuga del Chapo, la contaminación etc.); la sociedad se indigna y protesta; el Gobierno federal se reúne con su gabinete o con los gobernadores; se elabora un discurso condenando el hecho y se anuncian un conjunto de medidas que no satisfacen, a las que no se le da seguimiento, que suelen ser más de lo mismo, que no han mostrado eficacia o que se quedan en promesas.
Los elementos perturbadores de estos discursos, promesas, medidas o polí- ticas son, como dije, tres. Primero, no se practica la prevención sino la reacción. Se deja crecer un problema en lugar de combatirlo desde la primera vez que aparece.
No hacía falta que mataran a Javier Valdés para que los gobiernos federal y estatales anunciaran una política que debió haber estado en práctica dada la situación del País desde hace más de dos décadas. Los informes internacionales ya habían establecido que México era uno de los países más peligrosos para que los periodistas ejercieran su profesión. Ya habían asesinado a 107 periodistas contando a partir de 2000.
Ya se tenía la estadística de las plazas más peligrosas para el periodismo. Lo mismo con los huachicoleros: la ordeña de ductos no comenzó con la explosión de la toma clandestina en Tierra Blanca que dejó cuatro muertos sino desde que esos mismos ductos fueron tendidos. El problema del ambulantaje comienza con un puesto callejero que sería fácil retirar.
Viene el segundo, el tercero y así hasta que se llega literalmente a 105 mil tan solo en la CDMX. Reaccionar es mucho más ineficaz y más costoso que prevenir. Al reaccionar, el problema es de tales dimensiones que es difícil abatirlo. Los intereses creados son tantos y tan grandes que la solución se vuelve muy compleja.
Segundo, no se practica la disuasión. Al apegarse al “dejar hacer, dejar pasar” como en el principio económico de los filósofos del liberalismo económico, se incentiva la conducta que al estallar o hacerse presente en condiciones de gran espectacularidad se pretende combatir. Cuando asesinaron a Valdéz ya se sabía que el 99% de estos crímenes permanecían en la impunidad. Si soy narcotraficante y sé que asesinar tiene muchas ganancias y ningún costo, no voy a dejar de cometerlo. Si vendo gasolina robada en la vía pública sin que ninguna autoridad me detenga, no me voy a privar de una jugosa ganancia que no podría obtener de otra forma.
Tercero, todo problema se busca resolver a través de un cambio normativo, la derrama de recursos o la coordinación. Otra vez, cualquier ejemplo sirve. Matan a periodistas y se crean normas que tipifican el delito, se le aparejan grandes penas y se crea una burocracia dizque especializada. ¿Y qué pasa? Se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que desde 2011 ha tenido el récord de haber dictado tres sentencias en total.
Cuando se descubre este pobre desempeño, se descubre también no sólo que nunca tuvo suficientes recursos, sino que fueron disminuyendo de 39 millones de pesos en 2014 a 18 millones de pesos en 2017. El remedio entonces es darle más presupuesto. Esta solución es casi siempre infructuosa. Cada vez se gasta más en el combate a la corrupción, en programas sociales, en educación, en seguridad o en partidos y elecciones. Y, cada año que pasa hay más corrupción, más pobreza, más violencia, más alumnos mal preparados, más violencia y más inconformidad con la democracia. Un negocio redondo.
Lo mismo ocurre con la coordinación. En un sistema federal la coordinación es obligada no potestativa pero en México no es así. La coordinación se anuncia como la gran solución cuando lo que esconde es la irresponsabilidad de los estados y la incapacidad del Gobierno federal de sustituir las facultades que los gobernadores pelearon para sí con el propósito de allegarse recursos y gastarlos a discreción. Así como nos vendieron que la solución a la violencia vendría de la coordinación entre policías, así ahora nos dicen que se establecerá un esquema de coordinación y la homologación de protocolos en la defensa de periodistas
Así pues, lo que tenemos es reacción a toro pasado en lugar de prevención, incentivos en lugar de disuasión y normas, burocracia y gasto en lugar de políticas de Estado.
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