"Escándalo político y fiscal anticorrupcion"

Cuando el Poder Legislativo se propuso promulgar las leyes que crearían el Sistema Nacional Anticorrupción, tenía claro que había qué integrar en uno solo todas las piezas destinadas al combate de este flagelo de nuestras instituciones públicas. Así, se reformaron y adecuaron siete leyes con el fin de que hubiera coordinación y colaboración entre las instituciones que conforman el SNA. Se trataba, desde el punto de vista sistémico, crear una fortaleza institucional capaz de “diseñar y evaluar las políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a prácticas deshonestas”.

Responder entonces a la pregunta planteada por Iniciativa Sinaloa y Coparmex sobre qué debemos esperar del vicefiscal anticorrupción, obliga a un pequeño rodeo teórico y empírico sobre la naturaleza de esta nueva figura de nuestro entramado institucional. Llama incluso volver la vista, en clave de sistema político, lo que provocó su surgimiento, su diseño y puesta en operación del SNA.

Los sistemas políticos recordemos son entes vivos que permanentemente están expuestos a perturbaciones del ambiente social, de manera que se deben estar generando respuestas institucionales para garantizar la conservación y la estabilidad del sistema en su conjunto.

La corrupción es un mal endémico del sistema político mexicano, incluso como escribiría el sociólogo Pablo González Casanova en una de sus obras, es una de las herencias coloniales con la que hemos convivido a lo largo de siglos. Nuestras grandes revoluciones no fueron precisamente contra la corrupción que permeaba las relaciones políticas y sociales, sino fueron luchas de las élites por el control político de la nación. Claro, el relato de la justicia social siempre estuvo presente como hoy lo empezamos a escuchar en el proceso electoral en curso.

Sin embargo, durante todo este tiempo la corrupción sistémica no significó grandes perturbaciones en el sistema político, sino hasta que una franja del periodismo evolucionó hacia la investigación de casos potencialmente escandalosos. Así mismo, la activación de segmentos sociales, como serían Iniciativa Sinaloa y Coparmex, asumieron que la corrupción en general y en particular en la función pública, es un lastre para un País con grandes desigualdades sociales y que tiene la necesidad de combatirla desde las instituciones.

Sin el trabajo de este periodismo y la sociedad organizada, sería difícil que existiera el acuerdo político que dio forma a este robusto sistema que va de la federación a los estados; de los estados a los municipios; de los funcionarios a los empresarios que prestan servicios a los gobiernos de los tres niveles de gobierno. Quienes diseñaron el sistema parecieran que estaban interesados en que no quedara nada fuera de su alcance para abatir los escándalos  de corrupción que han afectado la credibilidad y legitimidad en la política institucional.

La corrupción en la esfera pública tiene un alto costo para nuestro País. El IMCO calcula que esta corrupción representa el 5 por ciento del PIB, mientras otros informes señalan que llega al 9 por ciento, lo que significa dinero que no llega a donde más se necesita en forma de escuelas, hospitales, etc.

Y es que los escándalos políticos, según la literatura especializada son anomias del sistema político: 1) Es decir, son conductas contrarias al interés público cometidas por individuos que tienen responsabilidades institucionales; 2) Esas conductas afectan las normas vigentes, los sistemas de valores y códigos morales colectivos; 3) Están asociados al tema de la representación política y por ende a la rendición de cuentas; incluso 4) Representan en algunos casos crisis institucionales ante la incapacidad de procesar los conflictos de interés.

Efectivamente, los escándalos políticos son recursos que tienen las sociedades con medios de comunicación independientes para reaccionar ante esas conductas anómalas y tener control sobre los actores que infringen la legalidad.

Sin embargo, per se son insuficientes, se necesita que la sociedad que recibe este tipo de agravios tenga mecanismos institucionales que sean capaces de inhibir este tipo de conductas contra el interés público.

En nuestro estado, por ejemplo, el proceso se encuentra estancado pues el Congreso no ha podido integrar la Comisión de Selección, y por tanto tampoco el Comité de Participación Social, y menos todavía el vicefiscal anticorrupción. Los actores políticos e institucionales contribuyen poco para distender el ambiente. Esto ha provocado cuestionamientos por los perfiles y trayectorias de los candidatos a formar parte de la Comisión.

El diseño mismo de la Fiscalía Anticorrupción, que depende del Fiscal General, aun con la mayoría legislativa, provoca dudas sobre su autonomía.

El Fiscal General, así como lo designa, puede removerlo del cargo. La falta de autonomía pone en riesgo constantemente su permanencia en caso de que su trabajo caiga en algunos de los causales con los que igualmente puede ser destituido el propio Fiscal General.

Bajo esas circunstancias cobra sentido la pregunta. Están las facultades que le otorga la Ley que no pueden estar por debajo de las del Fiscal General Anticorrupción, que grosso modo son las siguientes:

Primero, tenemos que partir de la inexistencia de un vicefiscal anticorrupción, y eso hace que la respuesta se haga en abstracto, conforme las facultades que otorga la propia Ley, y ése no es el mejor escenario para plantearnos preguntas sobre un perfil inexistente.

Segundo, importa mucho quién es el personaje que habrá de cubrir la vacante, su trayectoria académica, profesional, social y compromiso en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas.

Tercero, que el Fiscal General esté convencido de socializar el perfil, de manera que su decisión sea no sólo legal, sino también legítima.

Cuarto, no estaría de más señalar la necesidad de que la lucha contra la corrupción sea un valor, antes que una obligación institucional, tanto de la Fiscalía General como de la Vicefiscalía.  

Finalmente, Sinaloa en estos momentos atraviesa por un alud de escándalos de corrupción vinculados a la administración pública pasada. Se dice frecuentemente que las leyes anticorrupción no son retroactivas, por lo que estos asuntos siguen su curso en las instancias de justicia correspondientes.

Sin embargo, el nuevo SEA, y particularmente la Fiscalía y la Vicefiscalía Anticorrupción, tienen en este pasaje oscuro de la historia del estado un laboratorio para sus ejercicios, ver las limitaciones de las propias leyes e iniciar reformas en materia de corrupción, como también lo marca la propia ley en su reglamentación en varios de los artículos correspondientes a las facultades de esta fiscalía.

Son muchas las tareas que tiene el vicefiscal anticorrupción, y en la Ley están en grandes bloques que corresponden al corto, mediano plazo y plazo.

Primero, armar la estructura de la Fiscalía Anticorrupción que pasa por dotarla de recursos humanos y materiales, desde los ministerios públicos hasta la llamada Policía Investigadora, pasando por el diseño de manuales de operación y reglamentos.

Segundo, socializarla de manera que la gente sienta que esta institución está cerca de ella y tiene sentido en una atmósfera plagada de escándalos de corrupción en la política.

Tercero, definir estrategias de operación de manera de establecer rutas que permitan identificar los modus operandi de este tipo de delitos, para llevar al presunto infractor ante la ley.

Cuarto, la puesta en operación de mecanismos de atracción de este tipo de delitos como también los que permitan la reparación del daño mediante aseguramientos y la extinción de dominio.

Versión abreviada de la ponencia presentada en el panel ¿Qué debemos esperar del Fiscal Anticorrupción?, organizado por Iniciativa Sinaloa y Coparmex Sinaloa en Culiacán, 14 de diciembre de 2017.