"Espiar y no trabajar"

Carlos Elizondo Mayer-Serra

@carloselizondom

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

El crimen organizado no hace más que expandirse. Un ejemplo extremo es el robo de combustibles en un ecosistema que participan desde miembros de las comunidades por las que pasan ductos, hasta dueños de gasolineras. ¿Dónde estaba la inteligencia del Estado mientras se desarrollaba este ecosistema? 

Varios hoy ex gobernadores estuvieron durante años concentrados en el saqueo de sus estados. Muchos de éstos documentados por la Auditoría Superior de la Federación. ¿A qué se dedicaban las agencias del Estado con el mandato de combatir estos crímenes?

Estaban espiando a sus adversarios políticos. Según reportaje del New York Times publicado el lunes, el gobierno mexicano adquirió un poderoso programa, que sólo se vende a gobiernos, para poder intervenir los teléfonos celulares de terroristas y criminales. El contrato expresamente prohibía usarlo con otros fines. Pareciera que nuestro gobierno lo utilizó para tratar de intervenir los teléfonos de por lo menos 88 críticos del gobierno. Éste ha negado haberlo hecho. Hasta ayer decidió iniciar una investigación para ver quién lo hizo. 

Este presunto espionaje es la punta del iceberg de un patrón de grabaciones a los adversarios políticos que viene de muchos lados. En los procesos electorales con frecuencia salen a la luz grabaciones comprometedoras. No ha habido una investigación exitosa respecto al origen de ninguno de esos espionajes ilegales. 

No es nada nuevo. Las historias de cómo en los años de esplendor del PRI el Secretario de Gobernación citaba en su oficina a un crítico del gobierno para prestarle una copia de su expediente, el cual podía contener prueba de sus amoríos, de sus actos de corrupción, de sus preferencias sexuales no reveladas, o cualquier otro dato comprometedor, son parte de las leyendas de Bucareli. Se decía que el espionaje ayudaba a la gobernabilidad. Quizás. Aunque sobran ejemplos de omisiones que pusieron en entredicho la seguridad nacional, como el secuestro del agente de la DEA Enrique González Camarena, que llevó a una crisis con Estados Unidos, o el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994.

Hoy las prioridades del gobierno están claras. Lo que importa es no perder el poder. Ahí se están utilizando  todos los instrumentos disponibles del Estado. No en combatir la inseguridad ni en evitar la corrupción. De hecho las redes de corrupción son parte integral del funcionamiento del sistema. No sólo por la creación de todo tipo de complicidades, sino porque una parte de ese dinero termina en las campañas electorales.

Para Trump y sus seguidores de derecha radical, las investigaciones del FBI en torno a la intervención rusa en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos son la maquiavélica estrategia de los enemigos del cambio que encabeza Trump. Le llaman el Estado profundo. Para ellos, hay que desmantelarlo para poder imponer su agenda radical. En ese caso, sin embargo, ese Estado profundo son las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y eso están tratando de hacer.

Nuestro Estado profundo poco tiene que ver con hacer cumplir la ley, salvo cuando se trata de castigar a un enemigo político, como en el caso de Elba Ester Gordillo. Es una red de funcionarios en puestos clave de la procuración y administración de justicia, abogados poderosos, actores con suficientes recursos, ciertos medios de comunicación y las agencias de seguridad. Sirven para tratar de aplastar a un adversario o apoyar a un amigo en problemas,  facilitando su huida, tramitando un amparo a tiempo...

Cuando el PAN llegó a la Presidencia no enfrentó a ese Estado profundo.  Luego, más de un panista aprendió cómo aprovecharse de él y usarlo para su beneficio personal o político. El PRD creó el propio en la Ciudad de México. No es casual que el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, venga de ser procurador capitalino, muchos favores seguramente se tejieron desde ese puesto. 

Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de la mafia en el poder, no está hablando de algo muy distinto que esto, aunque en su simpleza está su error. En el Gobierno federal actual hay muchos funcionarios que tratan de contener a ese Estado profundo, por eso hay áreas del gobierno que funcionan. Por el otro lado, dentro de Morena se acepta a cualquiera, mientras sea leal al movimiento, como el caso reciente de un ex operador de César Duarte en Chihuahua. 

AMLO cree que basta su pureza para limpiar a México. Está equivocado.  Se requiere construir instituciones fuertes con autonomía del poder y sujetas a rendición de cuentas. Una infraestructura institucional que en automático inicie una averiguación poderosa e implacable contra, por ejemplo, este artículo periodístico que señala la existencia de una red de espionaje en las agencias de seguridad del gobierno mexicano, no para combatir el crimen o la corrupción, sino a sus adversarios políticos.