Jesús Héctor Muñoz Escobar
La estrategia que aplica el gobernador de Chihuahua Javier Corral es digna de todo un análisis político y sociológico. Todo aquel que haya coincidido con él a lo largo de su trayectoria política podrá recordar que el mandatario es un histrión, hábil con el discurso tanto en contenido como en dicción.
Tiene la inteligencia y habilidad necesaria para construir el discurso que lo victimice o lo enarbole; engola la voz y mide la respuesta de sus interlocutores.
Así, estamos ahora en esta etapa electoral de 2018, en donde la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión se han convertido en un asunto de alta prioridad para el PAN con Ricardo Anaya, el PRI con José Antonio Meade y Morena con Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, Corral Jurado ha tomado como suya esta cruzada, con el argumento de ir contra la corrupción y el ex gobernador César Duarte por, supuestamente, desviar recursos hacia el PRI y que como represalia, el Gobierno federal priista, a través de la Secretaría de Hacienda lo quiere castigar al no entregarle más de 700 millones de pesos que ya tenían apalabrados, a través de un convenio.
Y sí, el primer día Javier Corral recibió el respaldo de amplios sectores sociales, entre ellos de la responsable del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard y de algunos intelectuales, además de militantes destacados del PRD, PAN y MC, que no estaban dispuestos a tolerar que la Federación castigue a los chihuahuenses (más que al propio gobernador), todo con tal de solapar al PRI y al ex gobernador César Duarte.
Sin embargo, el deslinde no tardó en llegar. Pasaron 24 horas para que Peschard se zafara del evento de Javier Corral y marcara su raya. Y así fue pasando con los gobernadores del PAN. El primero fue Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, después Francisco Domínguez Servién, como Coordinador de la Comisión de Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) afirmaron que no tienen ninguna señal de que la Secretaría de Hacienda haya condicionado la entrega de participaciones y menos a cambio de impunidad para los ex mandatarios priistas.
Corral asegura que el encarcelar a César Duarte está el centro de su lucha y que no permitirá que el tinte político-electoral se imponga al combate contra la corrupción; sin embargo, fue él mismo el que le dio esa tesitura a su movilización, al convocar a los partidos integrantes del Frente por México, del cual el panista Ricardo Anaya es el precandidato Presidencial.
Dice que lo de Hacienda es sólo represión por su lucha, porque el “prófugo de la justicia”, como denomina a Duarte Jaques, tiene amenazados a los integrantes del Gobierno de Enrique Peña.
Pero hay un tema que no se puede soslayar: en 2017 a Javier Corral Jurado, como gobernador de Chihuahua, la Federación le entregó 43 mil millones de pesos, dos mil más de los que estaban presupuestados por Participaciones y Aportaciones federales, porque hubo excedentes en las finanzas públicas de la nación.
Y todo ese recurso ¿Qué destino tuvo? Porqué exigir los 700 millones que habían convenido a fin de año y que como dijo la Secretaría de Hacienda, regularmente se utiliza para bonos de fin de año, pago a proveedores que se quedaron hasta el final. En pocas palabras, es dinero no etiquetado y su manejo puede ser al criterio del gobernador.
Por eso, la Secretaría de Hacienda, a través de la subsecretaria Vanessa Rubio fue tajante al decir que no se puede extorsionar a la dependencia por recursos que no corresponden.
Por ello, esta estrategia merece un análisis político porque, con argucias, involucró a todos los que no coinciden con el PRI y el Gobierno, así como personajes que han luchado por una democracia completa en México; y el sociológico porque manejo muy bien la inconformidad hacia un régimen que no alcanza a cumplir al cien por ciento sus promesas de campaña.
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