"Indolencia parlamentaria"

Para Ripley el conjunto de eventos que han rodeado el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que es una de las piezas claves para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pueda algún día funcionar. Difícil de explicar desde la postergación de su designación por ¡más de dos años! hasta la desvergüenza de dos de los aspirantes pertenecientes a la propia PGR de haber “plagiado” sus ensayos de presentación.

En marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el que se creaba la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con actos de Corrupción. Entre las razones para crearla figuraban una de carácter interno y otra externa. La primera era la necesidad de “combatir a la corrupción mediante políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por servidores públicos y particulares en afectación del interés público, ya que constituye un fenómeno que desincentiva la inversión del sector privado, afecta el presupuesto de las familias mexicanas, distorsiona la adecuada distribución del ingreso, disminuye la legitimidad de Estado y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos”. La segunda, que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado entre otras “la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la que se establece la obligación de garantizar la existencia de un órgano especializado en la lucha contra la corrupción, con la independencia necesaria para que pueda desempeñar su función con eficacia y sin presiones indebidas; la Convención Interamericana contra la Corrupción, que promueve y fortalece el desarrollo de los estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones”; y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”.

La Fiscalía entraría en vigor en la fecha en que la Cámara de Senadores realizara el nombramiento de su titular y duraría en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018. Contra todo pronóstico, más de dos años después de su decreto de creación y a casi un año de la reforma que creó el SNA sigue sin darse el nombramiento. En tres ocasiones dejaron vencer el plazo.

Esta dilación en el nombramiento muestra el tamaño del compromiso en la lucha contra la corrupción de los gobernantes, particularmente de los senadores y los partidos que con su omisión demuestran que a pesar de sus grandilocuentes discursos para ellos los problemas de la corrupción y la impunidad no son prioridad. Como si fueran asuntos menores, han permitido que se desperdicien dos años para sentar las bases y la operación de la Fiscalía Anticorrupción y debido a su irresponsabilidad su próximo titular durará en el encargo a lo sumo un año y medio. Esto significa que difícilmente podrá llevar a cabo dos de las labores a su cargo: el diseño institucional y la atención al rezago en delitos de corrupción.

Hasta el momento el proceso sigue en curso. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron de manera activa, permanente y con buenos resultados en la concepción y diseño del SNA no lograron las condiciones deseables para conformar un Comité Técnico de Acompañamiento del cual derivara una lista de candidatos a partir de la cual se hiciera el nombramiento. Además, los senadores dejaron pasar la oportunidad de adoptar un mecanismo equivalente al ideado por la Comisión de Selección del Comité Ciudadano Anticorrupción en el que privó no solo un procedimiento transparente y expedito sino también uno que evitó la tradicional negociación centrada en lo político. El profesionalismo con el que actuaron los integrantes de la Comisión sentó un precedente inédito y dio como resultado la elección sin ningún viso de partidización y por unanimidad de cinco ciudadanos cuya legitimidad ha sido reconocida por todos los sectores.

Al final, los senadores invitaron a un grupo de siete personas a título personal para que revisaran la trayectoria, presenciaran las comparecencias de los aspirantes y proporcionaran “un perfil de idoneidad” para el puesto. La opinión de estas personas no es vinculante aunque se espera que los integrantes de la Junta de Coordinación Política atiendan su opinión al momento del nombramiento. No existe fecha para que la Jucopo envíe al Pleno su propuesta y sea votada pero sería una muestra más de la indolencia parlamentaria si para el 4 de abril, fecha en la que deberá sesionar por primera vez el Comité Coordinador del SNA, no hubiese sido nombrado el Fiscal Anticorrupción que, como bien lo llama Jacqueline Peschard (presidenta del Comité Ciudadano del SNA), es el brazo ejecutor del combate a la corrupción.

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