"Inseguridad interior"

Si vive en una zona insegura del País y tiene la suerte de que no lo extorsionen a la puerta de su casa, es probablemente gracias a presencia de las Fuerzas Armadas. Es fácil prometer regresarlas al cuartel, pero imposible hacerlo sin tener policías eficientes y honestas. Sin guerra contra el crimen organizado tendríamos Gobierno del crimen organizado.

 

El uso del Ejército para fines de seguridad interna no empezó en el sexenio de Calderón. Desde mucho antes una de sus tareas era destruir plantíos de mariguana, cuando ese cultivo nada tiene que ver con la seguridad nacional. Muchas veces el Ejército jugó el papel de policía. Recuerdo cuando patrulló a finales de 1997 las calles de Iztapalapa. 

 

Ante las ineficaces policías que siempre hemos tenido, se ha utilizado al Ejército en toda situación crítica. Los Zetas provienen de un grupo de élite del Ejército entrenados para combatir al narcotráfico. Uno de esos grupos criminales, el Cartel del Golfo, les ofreció más dinero y los reclutó.

 

La diferencia ahora es de grado. Las Fuerzas Armadas son responsables de cada vez más territorio y lo ocupan por más tiempo. Por supuesto no son inmunes a la corrupción, y hay ejemplos recientes de sus abusos, pero es el recurso menos malo que hoy tiene el Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado. Es irresponsable que las Fuerzas Armadas lleven décadas sin una ley que regule su actuar en materia de seguridad interior, como ahora han decidido llamarle a esta tarea. 

 

Si el Congreso está legislando en este momento una Ley de Seguridad Interior es porque las fuerzas militares fijaron un ultimátum: sin ley no será posible seguir haciendo las tareas de policía que hoy ejecutan. No hay Gobernador que quiera enemistarse con el Ejército. Por eso han presionado a sus legisladores para que la voten a favor. 

 

Se trata de una ley elaborada por los militares para protegerlos de la indefinición regulatoria en que se encuentran. La versión aprobada por los diputados debiera ser modificada por la Cámara de Senadores para atender algunos de los problemas centrales que han señalado sus críticos. Sin embargo, pensar que no tener esta regulación va a hacer que los estados sí construyan policías confiables es una suerte de pensamiento mágico.

 

Las Fuerzas Armadas no pueden seguir en el vacío legal en el que se encuentran. Están combatiendo a grupos criminales sofisticados, con muchos recursos financieros, logísticos y operativos, y con una gran capacidad de ejercer una violencia terrorífica. 

 

Se requiere construir un complejo entramado institucional que le permita al Estado enfrentar a estos criminales, pero que a su vez no se utilicen esas capacidades de forma autoritaria y contra la población civil. No hemos solventado ese problema central de la construcción del Estado. En palabras de los redactores de la Constitución de Estados Unidos: “al organizar un Gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al Gobierno para mandar sobre los gobernados; y luego obligarlo a que se regule a sí mismo”. En nuestro País, el Estado no tiene ese poder y al mismo tiempo no falta el policía que usa la “charola” para extorsionar. No es un problema de fácil solución. 

 

La ley de Seguridad Interior por sí misma no lo va a resolver. Tiene que venir junto con leyes que obliguen al fortalecimiento de las policías de los tres niveles de Gobierno. Esto se resuelve trabajando y gastando recursos con objetivos claros de mediano plazo. No sólo se debe tener una policía fuerte y honesta, sino también ministerios públicos, cárceles, y jueces robustos. Se requiere incluir socialmente mejor a los jóvenes para minimizar la atracción de seguir una vida criminal. 

 

Las policías deben ser fuerzas al servicio de la ciudadanía, no del Gobierno en turno. Esto nunca les ha gustado a nuestros gobernantes. La Fuerza Civil en Nuevo León fue descarrilada con la llegada del Bronco a la gubernatura. El Gobierno de Peña Nieto abandonó las instituciones creadas por la administración anterior, y por eso estamos en la mayor crisis en materia de seguridad de nuestra historia.

 

López Obrador ha entrado al debate con una de sus clásicas ocurrencias: otorgar amnistía a los criminales. Es una tontería. No estaba en su plan de Gobierno presentado hace apenas un par de semanas. Una ocurrencia, pero para fines prácticos con los niveles de impunidad actual es casi como si hubiera una amnistía de facto. 

 

Es momento de iniciar un debate público en la materia que vaya más allá de la Ley de Seguridad Interior o el Mando Único. ¿Qué dicen los otros contendientes a la Presidencia? Ya es hora de sentarlos a debatir sus propuestas y salir de las puras vaguedades a las que estamos acostumbrados. No podemos seguir con el supuesto dominante en este Gobierno, de que basta no hablar del tema para que se resuelva. 

 

@carloselizondom

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey