Durante las últimas cuatro décadas la función Gubernamental en el estado ha registrado obras que permanecen como impronta de algunas gestiones administrativas y de las cuales hay constancia en la ciudad de Culiacán, como es el caso del edificio sede del Poder Ejecutivo Estatal, llamado Unidad Administrativa, así como el complejo cultural que es el área infraestructural del actual Instituto Sinaloense de Cultura, y que son obras creadas por el Gobierno de Alfonso G. Calderón Velarde.
En el siguiente sexenio, Antonio Toledo Corro no logró su propósito de eliminar a la enseñanza preparatoria en la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero dispuso la creación de la red estatal de Colegios de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES).
Cualquiera que haya sido el motivo, el resultado de esa acción fue la institución que hoy constituye la alternativa para la población estudiantil sinaloense en materia de educación pública media superior, que sigue resolviendo en determinante proporción la demanda cuya sobre saturación hubiera sido imposible de atender en las preparatorias de la UAS. En ese sentido el hecho se acredita como una acción visionaria del Gobierno toledista.
A propósito de acciones visionarias, el Gobierno de Francisco Labastida Ochoa dejó en Culiacán un legado en materia de desarrollo urbanístico que se mantiene en plena vigencia, pues fue entonces cuando se registró el arranque del denominado Proyecto Tres Ríos, considerado hoy como una de las zonas de crecimiento que consolidan a la capital sinaloense en la categoría de urbe del Noroeste de México.
En ubicación cronológica más actual el sexenio de Mario López Valdez, que no se recuerda precisamente en relación con aspectos positivos, dejó un motivo de reconocimiento por parte de un sector de la población que añora la dotación gratuita de uniformes y útiles escolares, aunque ahora surgen señalamientos en el sentido de que en el padrón de beneficiarios de ese programa no son todos los que están ni están todos los que son.
Esto último ha sido el argumento de la administración actual para señalar la pertinencia de una depuración que atienda necesidades auténticas, además de que por lo pronto redujo la dotación de uniformes aduciendo esta medida a la insuficiencia presupuestaria que le impide mantener el programa en los términos originales de cobertura.
La insuficiencia de recursos del Gobierno Estatal actual es un tema convincente si se toma en cuenta el endeudamiento heredado de su predecesor, y la reducción de aportaciones federales, que tiende a acentuarse con cargo a la etapa de reconstrucción motivada por los devastadores eventos de septiembre anterior. Si a eso se añade que el periodo actual no será sexenal, sino también reducido, no es tiempo de esperar que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel dejará una impronta en razón de la obra pública o de algún programa de asistencia social.
Sin embargo, hay una causa que el actual mandatario estatal puede suscribir y que lo identificaría como el gobernador sinaloense que sentó acción contra la impunidad. De hecho aún está a tiempo de asumir esa decisión, que a veces parece realizable y en otras se percibe como una posibilidad muy remota.
La labor de los organismos estatales encargados de la revisión de cuentas gubernamentales ha aportado y sigue aportando elementos testimoniales de cargo en contra del manejo de las finanzas públicas en varias áreas del sexenio anterior. Sin embargo, hasta ahora el Gobernador Ordaz Coppel ha mantenido evidente reserva.
Esa actitud se interpreta contradictoria ante la enérgica posición que Ordaz Coppel manifestó en su mensaje de toma de posesión, en el que se pronunció por una lucha contra la impunidad y los malos manejos en perjuicio del erario sinaloense. Pero aún es tiempo de hacer historia por encima de todas las carencias y limitaciones, tan sólo con realizar ese esperado ejercicio de congruencia.
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