"La pobreza no es justificación para apoyar a la delincuencia organizada"

Jesús Héctor Muñoz Escobar

Lo que hoy estamos viviendo con el robo de combustible, nos debe llevar a reflexionar hacia dónde vamos y si realmente como sociedad queremos llegar a ese nivel de impunidad, de corrupción, en donde nada justifica el saqueo a la nación, utilizar a niños y mujeres, que en efecto quieren tener más dinero en sus bolsillos, pero a cambio de empezar a cometer ilícitos que los pueden llevar a entrar en una bola de nieve hasta terminar en graves problemas con la autoridad.

Muchos argumentan que la pobreza es lo que orilla a esas familias a aliarse con los denominados “huachicoleros”; sin embargo, como bien explicó el secretario de Hacienda y ex secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, quien sí sabe de qué habla, en el triángulo rojo, como se conoce a los municipios del estado de Puebla donde una y otra vez suceden accidentes por el robo de combustible, la presencia de los programas sociales es permanente y la población recibe un apoyo constante.

No pueden argumentar que, por carecer de dinero para alimentar a sus hijos o adultos mayores, deciden convertirse en “halcones” de mafias que están perfectamente organizadas para saquear y enriquecerse a costa de lo que sea.

Porque es de ingenuos pensar que los cien o dos cientos pesos, por decir algo, que al día reciben los pobladores de esas peligrosas zonas en estados como Puebla con Antonio Gali, Veracruz con Miguel Ángel Yunes, Tamaulipas con Francisco Cabeza de Vaca, Hidalgo con Omar Fayad, sobre todo, es lo mismo que obtienen quienes los contratan y se llevan a sus bolsillos. ¡Por supuesto que no!

Los cálculos oficiales dicen que podrían ser más de 20 mil millones de pesos al año. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas bandas se lleva millones de pesos a sus bolsillos, dinero que no es de ellos y no es válida la justificación de que los gobernantes roban mucho más.

Porque reflexionemos, si los niños que hoy vigilan y avisan a los delincuentes de la presencia de la policía y del Ejército, que saben se está cometiendo un delito, qué van a hacer mañana. Tienen una justificación para hacer y deshacer. ¿Y luego?

Se dice que este fenómeno es multifactorial y que hay que atender los problemas de rezago social y marginación, pero acaso no hemos visto algunas viviendas de los habitantes del Palmarito, en Puebla. Por supuesto, no son paupérrimas casas de cartón.

Lo que llama la atención es que a unos meses de la salida de Rafael Moreno Valle del Gobierno de Puebla, este grave problema se haya recrudecido. A poco es el nuevo gobernador Antonio Gali el factor que lo detonó. Seguramente ya estaba pasando algo por allá, pero ahora ya no se escondió.

Aquí, sin duda Moreno Valle tiene una responsabilidad. Dejó pasar, dejó hacer, no se comprometió a capacitar a su policía estatal y volverla competente para enfrentar este ilícito y como dijo el senador Pablo Escudero, presidente del Senado, no se vale como gobernador levantar el teléfono rojo y pedir a la Federación que envíe al Ejército, que encabeza el general Francisco Cienfuegos, mientras ellos se cruzan de brazos y se desentienden de lo que sucede en su entidad.

Y todas las fuerzas políticas en el Senado de la República coinciden en la necesidad de procesar ya la Ley de Seguridad Interior, sobre la que hay importantes propuestas como la de César Camacho y Martha Tamayo en Cámara de Diputados y la de Roberto Gil en el Senado.

Ojalá el Congreso de la Unión atienda el llamado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien urgió a trabajar en el Poder Legislativo para eliminar las lagunas jurídicas y atender la miscelánea penal, para incluir la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencias graves, como el robo de hidrocarburos o la portación y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.

En efecto, no se puede bajar la guardia y sí acelerar el paso para que la transformación y consolidación del Sistema de Justicia Penal en México se refleje en la vida cotidiana de los mexicanos. Ahora hay que esperar que los partidos políticos no quieran usar este tema como moneda de cambio, situación que lamentablemente hemos visto con gran frecuencia en el Congreso de la Unión.

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