"La puerta giratoria"

@carloselizondom

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

 

 

Cinco criminales de alta peligrosidad, uno de ellos directamente responsable de una emboscada a militares en la que murieron cinco efectivos y 10 quedaron heridos de gravedad, se escaparon tranquilamente por la puerta del Penal de Aguaruto, Culiacán. Los presos estaban ahí gracias a un amparo que impedía trasladarlos a un Penal de alta seguridad. Hacerlo violaba sus derechos, según el Poder Judicial. 

El video de la determinación de un juez federal para otorgar el amparo a uno de ellos se transmitió en el programa de Denise Maerker del 17 de marzo. ( https://goo.gl/Iw4Nof). El video muestra a un tranquilo burócrata para quien la conocida peligrosidad del sujeto así como las nulas condiciones de seguridad del Penal donde se encontraba no estaban debidamente acreditadas, por lo que decide presumir la inocencia del inculpado, brindarle el amparo y mantenerlo en un Penal que se sabe es una puerta giratoria. 

No me puedo imaginar la frustración e indignación de los responsables de haberlos detenido. Estaban frente a un dilema sin solución. Si los militares hubieran acribillado a los delincuentes al momento de capturarlos, hubieran corrido el riesgo de enfrentar cargos por violación de sus derechos humanos. Los entregaron a la justicia. Ésta permitió que salieran caminando, sin despeinarse, del Penal. 

No sé si la PGR cometió graves omisiones en la integración del expediente, pero uno esperaría jueces con sentido común, no escudados en posibles lagunas en el debido proceso y la presunción de inocencia para amparar a sujetos cuya fuga pone en peligro a la sociedad. Si el Poder Judicial no encuentra un balance entre los derechos de los imputados y el derecho a un entorno seguro para la ciudadanía, el hartazgo de las víctimas del crimen y de la sociedad en general contra el actual modelo de justicia podría ser capitalizado por algún político que propusiera mano dura a cualquier costo, como aquel promocional electoral de Arturo Montiel que decía: “Los derechos humanos son para las humanos, no para las ratas”, por más irónico que fuera viniendo de él.

La rigidez y el formalismo tan propio de nuestras leyes, supuestamente para limitar la discrecionalidad de la autoridad, abre la puerta a la corrupción. Para quien paga, el juez siempre puede encontrar el detalle para invalidar el procedimiento judicial. La corrupción también se da en los ministerios públicos. Dinero suficiente puede provocar que se integre mal el expediente y el juez, cumpliendo su trabajo, o sabiendo que está solapando un cohecho, puede proceder a darle la razón al presunto criminal. Me recuerda a una anécdota que contaban del Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Un compadre suyo le había pedido ser Gobernador de su entidad. El Presidente le ofreció todo su apoyo. El día del destape el favorecido fue otro. El compadre llegó furioso a ver al Presidente. Éste lo recibió con una mirada compungida y se acercó para abrazarlo a la par de decirle: “Perdimos, compadre”. ¿Cuántos ministerios públicos o jurídicos de alguna dependencia no se quejan amargamente de “perder”, cuando para eso los habían sobornado?

Sorprende que el Gobierno federal no haya brindado protección especial al Penal de Aguaruto, si ya sabía que era vulnerable. También el silencio del responsable de la seguridad pública, el Secretario de Gobernación,  frente a la fuga de estos cinco reos y el relativo poco impacto en los medios de comunicación de una pifia que casi podría equipararse a la fuga del Chapo Guzmán. 

¿El gobierno descuidó el proceso? No lo sé. Pero su descalabro en este caso contrasta con el celo con el  que llevan los juicios contra la maestra Elba Esther Gordillo. En este caso el Gobierno ha logrado que el Poder Judicial le haya negado el derecho a continuar su proceso en prisión domiciliaria. 

El Estado como tal es una abstracción. Lo que existe es un conjunto de instituciones que a su vez la conforman individuos. En los países donde el Estado funciona en materia de seguridad, todas las instituciones involucradas, desde las policías locales a las federales  o nacionales, los fiscales, los jueces, las cárceles, operan adecuadamente. Puede haber individuos corruptos o incompetentes, pero son la excepción.

En el caso mexicano la excepción son esos celosos funcionarios que contra todo pronóstico apresan a un criminal peligroso y corruptor. Pero al caer éste en la cloaca que son nuestras instituciones en materia de justicia, muy pronto encuentra, si tiene dinero o los amigos adecuados, el resquicio para evitar el peso de la ley. No hay forma de evitar que el crimen organizado siga expandiéndose si no construimos instituciones fuertes y honestas. 

La tarea no es fácil. El gobierno del presidente Zedillo pensó que un Poder Judicial autónomo, con jueces federales bien pagados y con una pensión adecuada, era suficiente para lograr un mejor estado de derecho. No ha resultado. Entre la incompetencia de los ministerios públicos, la  corrupción y el formalismo excesivo acaban protegiendo a los peores criminales en más de una ocasión.